La organización repasa las últimas agresiones a algunos de sus miembros y señala que la causa de la escalada de este tipo de violencia pueda encontrarse en el  avance de las ultraderechas xenófobas, misóginas y antiecologistas que van ganando posiciones en la UE.

Remarca la responsabilidad del Estado en la represión que sufre el movimiento ecologista y recuerda que este tiene la obligación de proteger a las personas que defienden el medioambiente y la justicia ecosocial

Asimismo, remarca la responsabilidad del Estado en la represión que sufre el movimiento ecologista y recuerda que este tiene la obligación de proteger a las personas que defienden el medioambiente y la justicia ecosocial.

El pasado 12 de junio, en la localidad andaluza de Arcos de la Frontera, el presidente de la asociación AMA-Natura Ecologistas en Acción sufrió una agresión por parte de un individuo, posteriormente identificado por la Policía local. Además de fuertes golpes, recibió insultos por su discapacidad, lo que agrava aún más este suceso.

En Águilas (Murcia) en la noche del 16 de junio, alguien arrojó gasolina y prendió fuego a la puerta de la vivienda del veterano ecologista Pedro Costa Morata, profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente

En Águilas (Murcia), en la noche del 16 de junio, alguien arrojó gasolina y prendió fuego a la puerta de la vivienda del veterano ecologista Pedro Costa Morata, profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente. Un aviso llegó a la Policía local y dos de sus agentes pudieron sofocar a tiempo el fuego, evitando una tragedia mayor.

En los primeros días de julio, Ecologistas en Acción Sierras- Comunidad de Madrid supo que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que pedía que se ampliaran las investigaciones (realizando triangulación de los teléfonos móviles) acerca del principal sospechoso del incendio del coche del activista Adolfo Rodríguez, en la noche del 24 de abril de 2024.

 

Tres casos recientes

 

Quemar un coche, tratar de quemar una vivienda o agredir con puñetazos e insultos. Para Ecologistas en Acción, estos no son hechos inéditos en la historia del movimiento ecologista, pero sí son muestra de que la violencia va en aumento: “En estos tres casos recientes vemos cómo se dibuja una pauta. El aumento de los discursos de odio en contra del movimiento ecologista y del activismo por la defensa de los derechos ambientales y sociales supone un caldo de cultivo para el incremento de las agresiones”, afirman.

Al mismo tiempo, la organización ecologista cuestiona el papel del Estado y remarca su resposabilidad. En el marco del acto Luchas y avances del movimiento ecologista en España del pasado 10 de julio, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en homenaje a los movimientos ecologistas, Ecologistas en Acción recordó que “el Estado es también un actor represivo contra el activismo ecologista”.

Desde 1987 se han registrado numerosos casos de persecución judicial, policial o de ciertas Administraciones públicas en contra de activistas ecologistas: sanciones administrativas, detenciones y procesos de judicialización son las principales estrategias de represión que han ejercido los actores estatales a lo largo de estas décadas.

El papel del Estado “no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas, sino también a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales, como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones

Aun así, para Ecologistas en Acción, el papel del Estado “no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas, sino también a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales, como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones”.

 

El Relator Especial de la ONU sobre los Defensores del Medio Ambiente

 

En febrero de 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, Michel Forst, alertó de que, en el Estado español, la represión y criminalización del movimiento ecologista es cada vez más visible en la legislación y las políticas públicas. Asimismo, señaló cómo se ha llegado a categorizar al activismo ecologista de “amenaza terrorista” (Extinction Rebellion) y a criminalizar a movimientos ecologistas de desobediencia civil pacífica al considerarlos “organizaciones criminales” (Futuro Vegetal).

Se ha llegado a categorizar al activismo ecologista de “amenaza terrorista” (Extinction Rebellion) y a criminalizar a movimientos ecologistas de desobediencia civil pacífica al considerarlos “organizaciones criminales” (Futuro Vegetal)

Además, Forst denunció el uso de medidas de investigación y vigilancia en contra de activistas ecologistas basadas en la legislación sobre delincuencia organizada, como el seguimiento por parte de la Policía hasta sus hogares, la intervención de teléfonos, el allanamiento de casas, registros o arrestos en los lugares de trabajo, así como la infiltración de policías en movimientos ecologistas.

“El primer paso para reconocer y celebrar la lucha del movimiento ecologista en todas estas décadas es garantizar que esta pueda ser llevada a cabo sin represión estatal, protegiendo a las y los activistas del creciente número de agresiones que fomentan los discursos de odio propagados principalmente por las ultraderechas”, afirman en Ecologistas en Acción.

En este sentido, la organización ecologista recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas que defienden el medioambiente, e insta a que adopte las medidas necesarias para propiciar un entorno seguro para su trabajo, investigar las agresiones sufridas, y sancionar a los responsables de cualquier forma de violencia en contra de activistas.

Ecologistas en Acción rechaza con contundencia todo tipo de represión y criminalización hacia el movimiento ecologista y sus activistas, cuyos derechos a ejercer su labor por la defensa del medioambiente están reconocidos por diversas declaraciones, resoluciones y compromisos en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Además, advierte contra una atmósfera social de crispación y odio que alienta las agresiones contra los y las defensoras del medio ambiente.

“No vamos a permitir ningún tipo de amedrentamiento que trate de impedir y limitar nuestro legítimo trabajo por la defensa del medioambiente y la justicia ecosocial. Vamos a poner en marcha todas las herramientas, acciones y redes de apoyo que sean necesarias para acompañar y proteger a los miembros de la organización que sufran cualquier tipo de criminalización por su activismo”, concluyen.

Referencias