El Día Mundial de la Justicia Social 2026 se celebra el 20 de febrero de cada año con el objetivo de promover acciones que aborden las desigualdades y promover un mundo más equitativo y justo para todos.
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaro que el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. La finalidad de esta celebración es reivindicar los valores del contrato social para que mantengan la voluntad de equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, género u orientación o identidad sexual.
Antecedentes del Día Mundial de la justicia Social
Los antecedentes de esta celebración se remontan a 2008 cuando la se publicó la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social reflejando su compromiso con valores como la equidad y el progreso en la era de la globalización. Esta declaración, la tercera de su tipo desde 1919, surge de consultas entre gobiernos, empleadores y trabajadores de 182 países.
Surge en un momento político clave, reflejando un amplio consenso sobre la necesidad de una dimensión social sólida en la globalización para lograr resultados más equitativos. Se presenta como una guía para una globalización justa basada en el “trabajo decente” y una herramienta práctica para impulsar el progreso en la aplicación de políticas a nivel nacional. Reconoce que el desarrollo social y la justicia son fundamentales para la paz y la seguridad, y destaca el papel de la globalización e interdependencia en el crecimiento económico y el desarrollo, aunque también señala los desafíos persistentes como crisis financieras, inseguridad, pobreza y desigualdad.
Qué es la justicia social y sus cuatro dimensiones
La justicia social es una aspiración fundamental que busca garantizar que todos los seres humanos, sin importar su raza, credo o sexo, tengan acceso a un nivel de vida digno y seguro, así como a igualdad de oportunidades. Se basa en el valor intrínseco de la dignidad humana y abarca conceptos como equidad, igualdad y acceso a oportunidades de empleo y desarrollo. Además, es un componente esencial para el funcionamiento cohesivo y efectivo de las sociedades y economías, ya que desbloquea el potencial productivo de los individuos y países, fomenta la reducción de la pobreza y la desigualdad, y promueve la paz y la estabilidad.
La justicia social se puede entender en cuatro dimensiones principales:
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Derechos humanos universales y capacidades: Incluye el acceso a un nivel de vida adecuado, educación, salud y seguridad social, así como la libertad de asociación y sindical. Estos derechos garantizan no solo la materialización de condiciones básicas, sino también la capacidad de ejercerlas efectivamente.
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Igualdad de acceso a oportunidades de empleo: Se refiere a la posibilidad real y equitativa de participar en la actividad económica y recibir una compensación justa por el trabajo realizado, basada en principios de igualdad de oportunidades y trato.
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Distribución equitativa: Considera la equidad en la distribución de los beneficios del crecimiento económico, prestando atención a los más desfavorecidos y reconociendo el valor del trabajo remunerado y no remunerado que sostiene a la sociedad.
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Transiciones justas: Aborda cómo las transformaciones, como la globalización y avances tecnológicos, afectan el bienestar de las personas a lo largo del tiempo, y busca políticas y medidas que potencien oportunidades y mitiguen riesgos durante estas transiciones.
Reducción de las desigualdades estructurales
Bajo el lema Empoderar la inclusión: cerrar brechas para la justicia social.
00, la Organización de las Naciones Unidas dirige este año 2026 la celebración del Día Mundial de la Justicia Social hacia la lucha contra las desigualdades estructurales. El objetivo principal es reducir las disparidades y eliminar las barreras que perpetúan la pobreza, el desempleo y la exclusión, situando la equidad como eje central de la jornada.
El trabajo decente se convierte en uno de los pilares de la iniciativa, promoviendo salarios justos, condiciones laborales seguras y la creación de oportunidades para los colectivos más vulnerables. Esta apuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la dignidad en el empleo sea una realidad para todos.
La solidaridad internacional también adquiere protagonismo en la agenda de 2026, con el compromiso de redistribuir recursos y oportunidades para equilibrar la desigualdad global. La ONU insiste en que la cooperación entre naciones es fundamental para construir una sociedad más justa y cohesionada, en la que la justicia social trascienda fronteras y beneficie a cada persona, sin excepciones.
La transición hacia economías sostenibles será justa o no será. Ese es uno de los mensajes clave que marca la agenda de 2026, donde se recalca la necesidad de garantizar que ningún colectivo quede atrás en el proceso de transformación económica. La inclusión social emerge como pilar fundamental para afrontar los retos ambientales y productivos del futuro inmediato, exigiendo políticas que acompañen y protejan a las comunidades más vulnerables.
La Organización de las Naciones Unidas advierte de una preocupante regresión en el contexto global a lo que se suma una grave crisis de confianza en los gobiernos, que amenaza la cohesión de las sociedades y dificulta la puesta en marcha de políticas inclusivas y efectivas.
Desafíos globales: pobreza y esclavitud moderna
Cada día millones de personas realizan trabajos peligrosos o insalubres para ganarse la vida. Se estima que dos millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de enfermedades y accidentes laborales.
El mundo enfrenta desafíos significativos, tanto antiguos como nuevos. A pesar del desarrollo social y económico que ha mejorado los niveles de vida y creado oportunidades, la desigualdad económica ha aumentado, con una brecha cada vez mayor entre los más ricos y el resto de la población. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas desigualdades y expuesto las deficiencias en las políticas económicas y sociales. Factores como la deuda, los altos precios de los alimentos y la energía, así como los fenómenos meteorológicos extremos, las tensiones geopolíticas y los conflictos, están contribuyendo al sufrimiento de millones de personas y amenazan con aumentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo La situación de la justicia social 2025, el trabajo infantil ha continuado descendiendo en las últimas décadas, pasando del 20,6 % en 1995 al 7,8 % en 2024, una señal de avance sostenido que, sin embargo, convive con fuertes desigualdades estructurales.
En materia de pobreza laboral, la proporción de trabajadores que viven con ingresos insuficientes ha mostrado un progreso significativo, reduciéndose del 27,9 % en el año 2000 al 6,9 % en 2024. Del mismo modo, la pobreza extrema ha descendido a 1 de cada 10 personas en 2023, aunque 800 millones de personas siguen sobreviviendo con menos de 3 dólares diarios, lo que evidencia la persistencia de brechas profundas entre regiones.
El informe también alerta de una crisis global de confianza institucional: a pesar de los avances en marcos normativos, millones de trabajadores siguen experimentando exclusión, falta de protección real o ausencia de mecanismos efectivos que garanticen sus derechos laborales. Esta desconfianza es un síntoma del deterioro del contrato social, especialmente en contextos donde la desigualdad y la precariedad siguen aumentando.
A estas tendencias se suma la información recogida en el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2025, donde la OIT señala que el desempleo mundial se mantiene estable en torno al 5 %, pero el desempleo juvenil continúa siendo una preocupación destacada, con una tasa persistente del 12,6 % sin señales de mejora. Asimismo, la pobreza laboral afecta todavía al 7 % de la población ocupada en los países de ingresos bajos, y la informalidad laboral vuelve a niveles previos a la pandemia, llegando al 52 % en América Latina, lo que limita las posibilidades de empleo decente y de protección social.
Finalmente, el déficit mundial de empleo ascendió a 402,4 millones de personas en 2024, una cifra que combina desempleo, desánimo laboral y barreras estructurales que impiden a muchas personas acceder a un trabajo digno. Este conjunto de indicadores muestra que, aunque se han logrado avances importantes en reducción de pobreza, educación y productividad, la justicia social sigue enfrentándose a retos profundos que requieren políticas inclusivas, protección social universal y transiciones justas que no dejen a nadie atrás.
Coalición mundial para la Justicia Social
La OIT propone la creación de una Coalición Mundial para la Justicia Social como respuesta a la su limitada capacidad y la de otras organizaciones para promover la justicia social debido a diversas crisis y falta de inversión en desarrollo social. Esta coalición, respaldada por los interlocutores tripartitos de la OIT, tendría como objetivo convertir la justicia social en un imperativo de política mundial, aumentando la cooperación multilateral y la coherencia en las políticas.
Se espera que esta coalición proporcione medios adicionales de acción más allá de los de la OIT y permita una mayor implicación de la comunidad internacional en la promoción de esfuerzos nacionales para fortalecer los contratos sociales. Se estima que la implementación de un piso de protección social mundial tendría profundas repercusiones económicas y demográficas positivas, incluida la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos. Los costos de estas medidas no son inalcanzables y podrían financiarse dentro de los presupuestos nacionales y a través de la ayuda oficial para el desarrollo.
Este enfoque se alinea con la Declaración Política de Doha adoptada en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (2025), que marca la hoja de ruta para integrar justicia social en las agendas globales.
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