El Día Mundial de la Justicia Social se celebra el 20 de febrero de cada año con el objetivo de promover acciones que aborden las desigualdades y para un mundo más equitativo y justo para todos.

Sumario

 

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social a través de la resolución A/RES/62/10. La finalidad de esta celebración es reivindicar los valores del contrato social para que mantengan la voluntad de equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, género u orientación o identidad sexual.

Este año 2024 la OIT (Organización Mundial del Trabajo) conmemorará la ocasión con una serie de seis actos que se celebrarán en las principales ciudades del mundo. Ponentes de alto nivel del mundo laboral hablarán de cómo situar la justicia social en el centro de las agendas políticas internacionales, nacionales y regionales.

 

Antecedentes del Día Mundial de la justicia Social

 

Los antecedentes de esta celebración se remontan a 2008 cuando la se publicó la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social reflejando su compromiso con valores como la equidad y el progreso en la era de la globalización. Esta declaración, la tercera de su tipo desde 1919, surge de consultas entre gobiernos, empleadores y trabajadores de 182 países. Surge en un momento político clave, reflejando un amplio consenso sobre la necesidad de una dimensión social sólida en la globalización para lograr resultados más equitativos.

Se presenta como una guía para una globalización justa basada en el “trabajo decente” y una herramienta práctica para impulsar el progreso en la aplicación de políticas a nivel nacional.

Reconoce que el desarrollo social y la justicia son fundamentales para la paz y la seguridad, y destaca el papel de la globalización e interdependencia en el crecimiento económico y el desarrollo, aunque también señala los desafíos persistentes como crisis financieras, inseguridad, pobreza y desigualdad.

 

Qué es la justicia social y sus cuatro dimensiones

 

La justicia social es una aspiración fundamental que busca garantizar que todos los seres humanos, sin importar su raza, credo o sexo, tengan acceso a un nivel de vida digno y seguro, así como a igualdad de oportunidades. Se basa en el valor intrínseco de la dignidad humana y abarca conceptos como equidad, igualdad y acceso a oportunidades de empleo y desarrollo. Además, es un componente esencial para el funcionamiento cohesivo y efectivo de las sociedades y economías, ya que desbloquea el potencial productivo de los individuos y países, fomenta la reducción de la pobreza y la desigualdad, y promueve la paz y la estabilidad.

La justicia social se puede entender en cuatro dimensiones principales:

  1. Derechos humanos universales y capacidades: Incluye el acceso a un nivel de vida adecuado, educación, salud y seguridad social, así como la libertad de asociación y sindical. Estos derechos garantizan no solo la materialización de condiciones básicas, sino también la capacidad de ejercerlas efectivamente.
  2. Igualdad de acceso a oportunidades de empleo: Se refiere a la posibilidad real y equitativa de participar en la actividad económica y recibir una compensación justa por el trabajo realizado, basada en principios de igualdad de oportunidades y trato.
  3. Distribución equitativa: Considera la equidad en la distribución de los beneficios del crecimiento económico, prestando atención a los más desfavorecidos y reconociendo el valor del trabajo remunerado y no remunerado que sostiene a la sociedad.
  4. Transiciones justas: Aborda cómo las transformaciones, como la globalización y avances tecnológicos, afectan el bienestar de las personas a lo largo del tiempo, y busca políticas y medidas que potencien oportunidades y mitiguen riesgos durante estas transiciones.

 

685 millones de personas viven en extrema pobreza y casi 50 millones en situación de esclavitud moderna

 

Estas dimensiones están interrelacionadas e interdependientes, y se manifiestan a través de las decisiones políticas y sociales de una sociedad, reflejando su compromiso con un contrato social que asegure la justicia y el bienestar para todos.

A estas injusticias se suma el hecho de que cada día millones de personas realizan trabajos peligrosos o insalubres para ganarse la vida. Se estima que dos millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de enfermedades y accidentes laborales, y cientos de millones de

El mundo enfrenta desafíos significativos, tanto antiguos como nuevos. A pesar del desarrollo social y económico que ha mejorado los niveles de vida y creado oportunidades, la desigualdad económica ha aumentado, con una brecha cada vez mayor entre los más ricos y el resto de la población. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas desigualdades y expuesto las deficiencias en las políticas económicas y sociales. Factores como la deuda, los altos precios de los alimentos y la energía, así como los fenómenos meteorológicos extremos, las tensiones geopolíticas y los conflictos, están contribuyendo al sufrimiento de millones de personas y amenazan con aumentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Según el último informe de la OIT Promoción de la Justicia social de 2023, se estima que alrededor de 685 millones de personas vivían en extrema pobreza a finales de 2022, principalmente en África subsahariana y en economías frágiles afectadas por conflictos.

Estas carencias son una afrenta a la dignidad humana y, por lo general, están interrelacionadas con otras injusticias, como el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Se calcula que, en todo el mundo, había 160 millones de niños afectados por el trabajo infantil en 2020 y cerca de 50 millones de personas viviendo en situación de esclavitud moderna en 2021. Los aumentos registrados desde 2016 en el número absoluto de personas viviendo en situaciones de trabajo infantil y esclavitud moderna (8 millones y 2,7 millones, respectivamente) son la antítesis de la justicia social.

 

“Policrisis” global

 

La convergencia de múltiples crisis, incluida la pandemia de COVID-19, la caída de la demanda agregada, el aumento de los precios, los fenómenos meteorológicos extremos y la inestabilidad geopolítica, ha generado una "policrisis" global cuyos efectos combinados son mucho peores que los de cada crisis por separado.

La pandemia destruyó millones de empleos, exacerbó la pobreza y afectó de manera desproporcionada a las personas vulnerables, especialmente mujeres y jóvenes, así como a las pequeñas empresas. La crisis del coste de vida ha empeorado aún más la situación, erosionando el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos y aumentando la inseguridad alimentaria.

A pesar de que han casi cuatro años desde el inicio de la pandemia, la situación del mercado laboral sigue siendo grave, con un déficit mundial de empleo de 473 millones de personas en 2022 y una reversión de las tendencias positivas en la formalización del empleo.

 

Coalición Mundial para la Justicia Social

 

La OIT propone la creación de una Coalición Mundial para la Justicia Social como respuesta a la su limitada capacidad y la de otras organizaciones para promover la justicia social debido a diversas crisis y falta de inversión en desarrollo social. Esta coalición, respaldada por los interlocutores tripartitos de la OIT, tendría como objetivo convertir la justicia social en un imperativo de política mundial, aumentando la cooperación multilateral y la coherencia en las políticas.

Se espera que esta coalición proporcione medios adicionales de acción más allá de los de la OIT y permita una mayor implicación de la comunidad internacional en la promoción de esfuerzos nacionales para fortalecer los contratos sociales. Se estima que la implementación de un piso de protección social mundial tendría profundas repercusiones económicas y demográficas positivas, incluida la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos.

Los costos de estas medidas no son inalcanzables y podrían financiarse dentro de los presupuestos nacionales y a través de la ayuda oficial para el desarrollo.