La empresa Valle de Odieta-HTN, propietaria de la macrogranja de Caparroso y de la proyectada para Noviercas (Soria), ha citado a un total de 15 colectivos y personas pertenecientes a diversas asociaciones navarras a un acto de conciliación, que tendrá lugar el 30 de marzo en un juzgado de Pamplona, por supuestas injurias y calumnias sobre la situación de la macrogranja.

Según han informado las organizaciones en un comunicado conjunto, las entidades citadas son Alnus, Marcilla Viva, Asamblea Soberanía Alimentaria, REAS Nafarroa, Asociación Hacendera, Compañía de las Tres Erres, Asociación Lurra, Ekologistak Martxan - Ecologistas en Acción, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Etxalde Movimiento Social de Campesinas de Euskal Herria por la Soberanía Alimentaria y una Agricultura Duradera, Greenpeace, Landare, Mugarik Gabe Nafarroa Asociación para la Ayuda y Cooperación con los Pueblos del Sur, y Fundación Sustrai Erakuntza.

 

Información "que podría dañar su reputación"

 

Según la citación, Valle de Odieta considera que éstas han difundido información "que podría dañar su reputación", haciendo referencia a un informe que estos colectivos entregaron en el Parlamento de Navarra el pasado 10 de septiembre de 2021. La empresa consideraba que dicho informe le acusaba de "continuas irregularidades y delitos ambientales", por lo que decidió iniciar el proceso para el acto de conciliación.

Según los colectivos, el informe consta de 178 páginas entre las que figuran "documentos oficiales que hacen referencia a expedientes administrativos que la empresa lleva recibiendo desde 2014, a la contaminación del agua por nitratos en Villafranca y Marcilla, a las ayudas de la PAC y europeas recibidas por la empresa, al consumo de agua y las concesiones de las que dispone, a la actividad en la planta de biometanización o al uso inadecuado que hace del término 'bio'".

De este modo, el informe "solo contiene 7 páginas elaboradas por los citados colectivos en las que se resume el resto del contenido". "Todas las demás páginas son documentos de diversas entidades como el propio Gobierno de Navarra, o informes elaborados en base a datos de fuentes oficiales (departamento de Medio ambiente del Gobierno de Navarra) y a infracciones que la macrogranja ha cometido según expedientes administrativos de la propia administración pública", han asegurado las entidades.

 

"Defender el medio ambiente y la calidad del agua de vecinos y vecinas

 

Los colectivos que entregaron el informe a los grupos parlamentarios del Gobierno de Navarra han señalado que su intención era la de "informar a los grupos políticos de la situación que se estaba dando respecto a esta empresa (con el respaldo de documentos y datos oficiales), para que las personas responsables dentro del ámbito político estuvieran informadas y pudieran formular al parlamento las preguntas correspondientes".

La "única intención", en palabras de los propios colectivos, fue la de "defender el medio ambiente y proteger la calidad del agua de los vecinos y vecinas de Marcilla y Villafranca".

"Es difícil pensar que un documento que contiene información técnica y datos oficiales redactado por personas ejerciendo su derecho de libertad de expresión dañe más la reputación de dicha empresa que todos los expedientes administrativos que se recogen en el informe", han manifestado.