Cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han recorrido este domingo las calles de Madrid para exigir mejoras en la sanidad pública madrileña y denunciar lo que consideran un proceso de “desmantelamiento planificado” impulsado por los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La movilización, convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, se produce en un contexto marcado por las listas de espera que superan el millón de personas, la falta de profesionales y las crecientes críticas a la gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

 

Críticas a la gestión

 

Bajo el lema Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos, las cuatro columnas de manifestantes partieron desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza de Felipe II para confluir en Cibeles, en una nueva demostración de fuerza del movimiento vecinal y sanitario madrileño. Los convocantes aseguraron que la situación del sistema público es “crítica” y denunciaron la falta de médicos de familia, pediatras y personal de enfermería, así como las dificultades crecientes para acceder a consultas y pruebas diagnósticas.

Durante la marcha, numerosos participantes responsabilizaron directamente al Gobierno regional de haber impulsado durante años políticas que, según sostienen, han debilitado la red pública y favorecido la expansión del sector privado. Entre los lemas más repetidos destacaron consignas contra las privatizaciones y contra el desvío de recursos públicos hacia empresas sanitarias privadas.

Uno de los portavoces vecinales presentes en la protesta alertó de que obtener una cita con el médico de cabecera puede demorarse varias semanas en numerosos centros de salud. Además, recordó que más de un millón de madrileños permanecen actualmente en alguna lista de espera sanitaria, una cifra que se ha convertido en uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la gestión del Ejecutivo autonómico.

 

Atención Primaria saturada

 

La situación de la Atención Primaria volvió a ocupar un lugar central en las reivindicaciones. Sindicatos, asociaciones profesionales y plataformas ciudadanas sostienen que el deterioro de este nivel asistencial está provocando un efecto dominó sobre hospitales, urgencias y consultas especializadas.

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, defendió durante la movilización que la Atención Primaria es la verdadera puerta de entrada al sistema sanitario y advirtió de que la derivación de recursos hacia el ámbito privado está repercutiendo directamente en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

Las denuncias sobre la falta de profesionales se han repetido en distintos ámbitos de la sanidad madrileña durante los últimos meses. Informaciones recientes han puesto el foco en la escasez de matronas, las dificultades para cubrir plazas en centros de salud y los problemas de acceso a la atención en salud mental, donde algunas plataformas denuncian esperas de varios meses para ser atendido por un psicólogo clínico.

A estas críticas se suman las protestas registradas en hospitales como La Paz, donde trabajadores sanitarios denunciaron a comienzos de año situaciones de saturación, falta de recursos y sobrecarga asistencial. Profesionales del centro llegaron a describir las condiciones de trabajo como “infrahumanas” y reclamaron un refuerzo urgente de plantillas e infraestructuras.

Los convocantes de la manifestación consideran que estos problemas no son episodios aislados, sino la consecuencia de una estrategia política prolongada en el tiempo. Según sostienen, la Comunidad de Madrid ha priorizado la colaboración público-privada frente al fortalecimiento de la red sanitaria pública.

 

Un conflicto político creciente

 

La protesta contó con la presencia de representantes de PSOE, Podemos, UGT, CC.OO. y organizaciones vecinales. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, defendió la necesidad de revisar los conciertos sanitarios y acusó al Gobierno regional de priorizar intereses económicos sobre las necesidades asistenciales de la población.

Espinar también señaló que Madrid sigue teniendo dificultades para retener profesionales sanitarios debido a las condiciones laborales y salariales. Diversos colectivos profesionales han denunciado durante los últimos años que muchos médicos y pediatras optan por trasladarse a otras comunidades autónomas en busca de mejores condiciones.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero reclamó medidas para impedir nuevas privatizaciones y acusó tanto al PP como al PSOE de haber favorecido durante años un modelo que ha facilitado la entrada de grandes grupos empresariales en la gestión sanitaria. La dirigente vinculó además el deterioro del sistema con la creciente presencia de compañías privadas en distintos servicios sanitarios madrileños.

Las movilizaciones en defensa de la sanidad pública se han convertido en una constante durante los mandatos de Ayuso. Desde las protestas masivas de 2022 y 2023 por la situación de la Atención Primaria hasta las marchas celebradas en 2024, 2025 y ahora en 2026, la política sanitaria continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno regional y la oposición.

Mientras los manifestantes denuncian una estrategia deliberada de debilitamiento de la sanidad pública, el Ejecutivo madrileño ha defendido reiteradamente que los indicadores muestran mejoras en determinados ámbitos y ha acusado a la oposición de utilizar la sanidad como arma política. Sin embargo, el mantenimiento de cifras superiores al millón de personas en lista de espera, unido a los conflictos laborales y a las sucesivas protestas ciudadanas, mantiene abierta una crisis que sigue situando la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso en el centro del debate político madrileño.

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