El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para ampliar los derechos gratuitos de emisión de CO2 destinados a las industrias con un elevado consumo energético, como las químicas, papeleras y cerámicas. El pacto, anunciado este viernes en Bruselas, contempla unos 121 millones de permisos entre 2026 y 2030 con el objetivo de reducir los costes de producción y evitar que las empresas trasladen su actividad a países con normas medioambientales menos exigentes.
Más derechos gratuitos de emisión
La medida responde a las críticas de distintos sectores industriales y varios Estados miembro después de que una revisión de los criterios europeos de asignación, realizada el pasado junio, redujera el número de permisos gratuitos que determinadas instalaciones podían recibir durante los próximos años.
Estos derechos forman parte del régimen europeo de comercio de emisiones (ETS), que obliga a las empresas a disponer de una autorización por cada tonelada de CO2 emitida. No obstante, algunas instalaciones reciben una parte de estos permisos sin coste para limitar el impacto económico de esta obligación.
La cantidad asignada a cada empresa depende de diferentes valores de referencia, entre ellos el consumo de calor y combustible necesario para desarrollar su actividad. La actualización de estos parámetros provocó una disminución de las asignaciones previstas para determinadas industrias.
Para corregir esta situación, la Comisión Europea presentó en julio una propuesta que contemplaba poner a disposición de las empresas unos 88 millones de permisos gratuitos. Durante las negociaciones, el Consejo y la Eurocámara acordaron incorporar otros 28 millones que habían quedado sin distribuir.
Estas autorizaciones adicionales proceden de instalaciones que no cumplían determinadas condiciones, como la realización de auditorías de eficiencia energética o la disponibilidad de planes de neutralidad climática.
Protección frente a la deslocalización
El acuerdo incorpora también una reserva de cinco millones de derechos destinada a las actividades industriales más expuestas al riesgo de trasladar su producción fuera de la Unión Europea.
Este fenómeno, conocido como fuga de carbono, se produce cuando las empresas desplazan su actividad hacia países con exigencias medioambientales menos estrictas para reducir los costes asociados a las emisiones.
La reforma se dirige principalmente a los sectores que carecen de un valor de referencia específico por producto y cuyos permisos gratuitos se calculan a partir del consumo de calor y combustible.
Entre las actividades afectadas figuran determinadas instalaciones de las industrias química, alimentaria, papelera, del vidrio y la cerámica, que podrán beneficiarse de los nuevos criterios de asignación.
Por otra parte, los derechos que finalmente no se utilicen se destinarán a los fondos europeos de Modernización e Innovación, instrumentos que financian inversiones y proyectos orientados a reducir las emisiones contaminantes.
industria cerámica celebra el acuerdo
El eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha valorado positivamente el resultado de las negociaciones y ha destacado que las instituciones europeas hayan atendido las reclamaciones del sector cerámico.
"Lo que al principio parecía imposible se ha conseguido: Europa ha escuchado al sector cerámico", ha afirmado el eurodiputado, quien ha señalado que el pacto responde a las demandas que la industria lleva un año planteando.
González Pons ha subrayado que la reforma reconoce las particularidades y dificultades de descarbonización de esta actividad, amplía los derechos gratuitos disponibles y contempla una reserva para establecer criterios específicos adaptados a sus características.
El acuerdo todavía deberá recibir la aprobación formal del Consejo y del Parlamento Europeo antes de su adopción definitiva.
Una vez completado este trámite, la Comisión Europea establecerá las normas necesarias para calcular las asignaciones que corresponderán a las instalaciones industriales afectadas por la reforma.
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