Los buitres sufren escasez de comida por el aumento de su población y por el cambio de normativa que se aprobó como consecuencia del brote epidémico de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida como el mal de las vacas locas. En 2000 y 2001, la enfermedad comportó el endurecimiento del reglamento de eliminación de cadáveres de reses para evitar la propagación de la epidemia y la de su variante humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

El hambre está empujando a los buitres a abandonar su dieta tradicionalmente necrófaga y buscar nuevas fuentes de alimento. Día tras día se suceden las crónicas sobre ataques de grandes carroñeros a reses de explotaciones ganaderas.

No se trata de un fenómeno nuevo. Las presuntas depredaciones ya empezaron a ser noticia en Navarra a principios de los años 1990, según demuestra el estudio Peritaciones de daños ocasionados por la fauna silvestre a la ganadería en el País Vasco de la Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Los restos del ganado pasaron a ser considerados Materiales Específicos de Riesgo (MER) y, según las disposiciones legislativas, debían ser eliminados mediante incineración o inhumación, lo que interrumpió la continuidad de la cadena alimenticia que culminaban los buitres. De esta forma, los muladares, comederos para aves necrófagas, están siendo casi la única fuente de alimento disponible para los carroñeros.

La carencia de sustento ha provocado que algunas especies protegidas, como los buitres negros y los leonados, experimenten un menor éxito reproductor y manifiesten conductas depredadoras, tal y como reflejaba Juan Manuel Pérez de Ana en su artículo Los buitres de Sierra Salvada sufren la recogida de ganado muerto publicado en 2007 en la revista Quercus. En una segunda entrega, Pérez de Ana afirmaba que se había observado en el País Vasco cómo estas aves también acuden a los vertederos para alimentarse.

Con motivo del conflicto entre la ganadería y los buitres, las administraciones implicadas del País Vasco pusieron en marcha un servicio de inspecciones de avisos por presuntos ataques, que empezó a funcionar de manera oficial en Álava en 2003. El número de denuncias por ataques de buitre se ha mantenido regular en los últimos tres años: 74 o 75 casos anuales en 2009, 2010 y 2011, aunque cabe destacar que no todas las peritaciones determinaron que las rapaces hubieran sido las culpables de la muerte de la res.

A finales del pasado año, la revista Nature publicaba una carta escrita por Antoni Margalida, investigador asociado del Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad de Berna (Suiza), y un grupo de expertos en aves carroñeras en la que se solicitaba "una solución urgente al conflicto entre buitres y ganaderos surgido en España" y se alertaba del incremento de casos documentados de envenenamientos de buitres leonados por cebos presuntamente colocados por los criadores de ganado: cerca de 250 entre 2006 y 2010 en el norte del país.