Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el Gobierno del Partido Popular (PP) está a punto de sacar adelante in extremis con el apoyo de Ciudadanos y rebañando a cambio de sustanciosas contrapartidas económicas los votos de Partido Nacionalista Vasco, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, suponen un nuevo retroceso en todos los frentes en lo que se refiere al medio ambiente.

En conjunto, el recorte ambiental respecto a los del año anterior será de un 8,1%, y, si ninguna enmienda posterior los modifica –y ni en los acuerdos cerrados ya con la mayoría de dichos grupos parlamentarios ni en las negociaciones con los que quedan, ninguno de ellos caracterizado por su sensibilidad ecológica, aparecen estos asuntos sobre la mesa– las partidas destinadas a proteger el entorno natural en el que vivimos sumarán en total unos insuficientes 1.723 millones de euros.

Los recursos para el medio ambiente han caído en un 75% desde el año 2011

Desde 2011, las cuentas medioambientales del Gobierno han caído nada más y nada menos que un 75%. En el ejercicio presupuestario que sigue a la entrada en vigor del histórico Acuerdo de París, la lucha contra el cambio climático retrocede un increíble 45,8% respecto al año anterior y se sitúa, con unos míseros 27,64 millones, en las cifras que se destinaban a esta cuestión en 2007. Con tan magra cantidad se afrontará el año en que el Gobierno debe llevar a cabo la redacción de la Ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que debe presentar de acuerdo con el tratado internacional.

Ningún sector ambiental se escapa de los drásticos recortes. Los 15 parques nacionales, algunos de ellos considerados ecosistemas clave a nivel continental, tendrán un 22,9% menos de recursos económicos que en 2016. Se tendrán que repartir entre todos tan solo 33 millones de euros, –el sueldo anual de algunos futbolistas–. Y el presupuesto para la gestión del agua en las confederaciones hidrográficas también caerá un 20,1%, hasta los 718 millones.

Gestión del agua

Las partidas destinadas a la gestión y mejora de los recursos hídricos son la parte más importante del presupuesto para cuestiones ambientales del ministerio que este ámbito comparte con agricultura y pesca y con alimentación (cuyas siglas son Mapama). Pero incluso éstas experimentan recortes de entre el 9 y 12%, según los distintos apartados. En conjunto, ascenderán a 1.251 millones de euros, de los que 704 se podrán destinar a inversiones en materias como saneamiento y depuración y prevención de avenidas. Las infraestructuras costeras reciben en el proyecto presentado a las Cortes 57 millones, un 6% menos que en el ejercicio anterior.

El presupuesto específico de la secretaría de Estado de Medio Ambiente es de 832,84 millones de euros, a los que hay que añadir las partidas correspondientes a los diversos organismos y sociedades dependientes, como confederaciones hidrográficas, las distintas sociedades estatales del agua, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Agencia Estatal de Meteorología, que elevan la suma final de recursos para el medio ambiente a 1.827,95 millones de euros, detalla el Ejecutivo del PP.

Los grupos ecologistas constatan que proteger el entorno "no es una prioridad del Gobierno"

Tras presentar las cifras, y con la retórica habitual en estos casos, la secretaria de Estado, María García Rodríguez, máxima autoridad en la administración central en la materia desde que este ámbito perdió su ministerio propio, afirmó que estas cuentas “permitirán el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de política medioambiental, garantizando la máxima eficiencia en el empleo de los recursos, gracias a una adecuada planificación de las prioridades y una ejecución efectiva de las actuaciones”. Es posible que sea cierto, porque dichos compromisos son todo menos ambiciosos. 

Por el contrario, las organizaciones ecologistas y conservacionistas, que hablan de "tijeretazo" o "hachazo", coinciden unánimemente en que estas cuentas ponen tristemente una vez más de manifiesto que "el medio ambiente no es una prioridad del Gobierno".

Greenpeace lamentó la "señal política muy negativa de falta de compromiso" respecto al Acuerdo de París "justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump". El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés) critica que, en materia de defensa de la vida salvaje, "ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el ser el país de mayor biodiversidad de Europa". Para Ecologistas en Acción, "no se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado".

Además, la nefasta política medioambiental del Ejecutivo de Mariano Rajoy les costará mucho dinero a los contribuyentes y consumidores. A primeros de este mes, España perdió en una corte dependiente del Banco Mundial el primero de los arbitrajes internacionales por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a las energías renovables, y el Estado tendrá que pagar 128 millones de euros más intereses a la empresa británica Eiser Infrastructure Limited. Y esta es sólo la primera resuelta de una treintena de demandas de inversores internacionales sobre esta cuestión. Los inversores nacionales no pueden acudir a esta instancia.