Greenpeace y Ecologistas en Acción han reclamado este lunes, 13 de julio, que se impulsen y actualicen los planes municipales de prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, después del fuego registrado en Los Gallardos, en Almería, que ha dejado 13 personas fallecidas y diez desaparecidas.
Las organizaciones han advertido de que estos episodios serán cada vez más frecuentes e intensos por el cambio climático y han exigido más recursos, coordinación institucional y formación para la población.
Planes locales sin aplicar
Greenpeace ha pedido a las comunidades autónomas que supervisen los planes de prevención, emergencia y autoprotección frente a incendios forestales en las zonas consideradas de riesgo. También ha reclamado que las administraciones cartografíen estos territorios y evalúen el grado real de implantación de la planificación mediante información homogénea, accesible y actualizada.
La organización ecologista ha subrayado que los municipios necesitan financiación, asistencia técnica y recursos humanos suficientes para elaborar, revisar y aplicar estos instrumentos. La petición se dirige especialmente a los ayuntamientos pequeños, que disponen de menos medios para afrontar las obligaciones relacionadas con la prevención y la gestión de emergencias.
Greenpeace también ha solicitado la puesta en marcha de programas permanentes de información, formación, participación ciudadana y simulacros. Estas actuaciones deberían dirigirse principalmente a las personas residentes en zonas de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas y otras construcciones se encuentran en contacto directo con terrenos forestales expuestos al fuego.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que algunos ayuntamientos todavía carecen de planes municipales, mientras que muchos de los existentes no están actualizados. La organización ha advertido, además, de que la inmensa mayoría de estos documentos son desconocidos por la población que tendría que aplicarlos en caso de emergencia.
Esta falta de conocimiento provoca que numerosos vecinos ignoren cómo deben actuar cuando un incendio amenaza sus viviendas. Según la entidad, en los municipios forestales no se realizan simulacros para explicar a la población cómo colaborar en la prevención, cuándo debe permanecer confinada y en qué momento debe iniciar una evacuación.
“Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas”, ha lamentado Ecologistas en Acción tras el incendio de Los Gallardos.
Más recursos para prevenir
En el ámbito estatal, Greenpeace ha demandado al Gobierno que proporcione al Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales financiación estable, respaldo científico y capacidad suficiente para transformar el territorio y aumentar su resiliencia frente al fuego.
La organización también ha pedido que el Ejecutivo promueva una estrategia integral de prevención centrada en las causas de ignición. A su juicio, las políticas públicas no deben limitarse a la extinción de los incendios una vez declarados, sino que deben actuar previamente sobre los factores que favorecen su inicio y propagación.
Los ecologistas consideran necesario recuperar campañas públicas ambiciosas de sensibilización y educación ambiental, adaptadas al contexto actual de cambio climático y abandono del medio rural. Estas iniciativas deberían fomentar una cultura forestal y una cultura del riesgo que permitan comprender cómo funcionan los incendios y por qué son necesarias la prevención, la gestión territorial y la autoprotección.
Greenpeace ha instado igualmente a reforzar la gestión forestal y dinamizar las zonas rurales para reducir la vulnerabilidad de los territorios ante fuegos cada vez más intensos. Para conseguirlo, ha considerado urgente destinar 1.000 millones de euros anuales a trabajos de gestión forestal destinados a prevenir el riesgo de propagación.
La organización ha contrapuesto esta inversión preventiva al elevado coste de las labores de extinción. “En 2025, se estima que los costes de extinción rondarán entre 3.548 y 6.741 millones de euros”, ha advertido.
La responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, la ingeniera forestal Mónica Parrilla de Diego, ha incidido en que los incendios forestales están cambiando y que la manera de prepararse frente a ellos también debe modificarse. En este sentido, ha recordado que el 55% del territorio español es forestal.
Parrilla ha alertado de que el cambio climático está aumentando las condiciones favorables para que se produzcan incendios de mayor intensidad y peligrosidad. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en apagar las llamas y avanzar hacia una política permanente de prevención.
“Necesitamos pasar de una cultura centrada casi exclusivamente en apagar el fuego a una verdadera cultura forestal y cultura del riesgo”, ha afirmado. También ha considerado imprescindible que los planes salgan de los despachos, dispongan de medios y lleguen a la sociedad mediante información, formación, participación y simulacros.
“Sin conocimiento no hay autoprotección, y sin recursos no puede exigirse responsabilidad”, ha subrayado la responsable de Greenpeace, que ha insistido en que el cumplimiento formal de los protocolos no resulta suficiente si la población desconoce su contenido y las administraciones no pueden aplicarlos.
Riesgo en urbanizaciones
Ecologistas en Acción ha relacionado la vulnerabilidad frente al fuego con los diseminados urbanísticos construidos en zonas rurales como segunda residencia para ciudadanos del centro y el norte de Europa. Según la entidad, estas construcciones han contado con el amparo de ayuntamientos y de la Junta de Andalucía.
La organización ha recordado que la Administración andaluza aprobó varios decretos y promovió modificaciones legales para evitar la demolición y regularizar miles de viviendas levantadas en suelo no urbanizable. Como ejemplos, ha mencionado la Axarquía malagueña y el Levante almeriense.
Estas construcciones deberían disponer de un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales, conocido como PAIF. Ecologistas en Acción ha asegurado que este instrumento no existía en las zonas incendiadas y ha recordado que es obligatorio para núcleos de población aislados, urbanizaciones y campings situados en áreas de peligro.
El PAIF tiene como finalidad evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas, además de organizar los procedimientos de evacuación y facilitar la intervención de los servicios de emergencia. Su aplicación permite preparar a los residentes y coordinar su actuación con los equipos encargados de combatir el incendio.
Todos los municipios andaluces situados en zonas de peligro también están obligados a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, denominado PLEIF. Este documento debe incorporar estrategias locales de prevención, sistemas de aviso a la población y planes claros de evacuación integrados en el Plan INFOCA.
Ecologistas en Acción ha tachado asimismo de “muy preocupante” la constitución de un Gobierno andaluz que, según la entidad, asume el negacionismo climático y se compromete por escrito con la inacción frente al cambio climático.
La organización ha criticado que responsables políticos que no han actuado ante el avance de la crisis climática se lamenten ahora de sus consecuencias, cuando los países del entorno mediterráneo sufren cada año incendios de mayor extensión y con efectos más catastróficos.
La entidad ha atribuido responsabilidades tanto a la anterior Administración del PSOE como a los posteriores gobiernos del PP. También ha advertido de que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como LISTA, puede agravar la situación al permitir nuevas construcciones en terrenos no urbanizables.
Ecologistas en Acción considera que esta normativa fomentará las segundas residencias sin vinculación con la explotación de fincas rústicas. “El urbanismo en suelos no urbanizables se desbocará”, ha denunciado la organización al reclamar una planificación que reduzca la exposición de viviendas y personas a los incendios forestales.
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