El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles, 29 de abril, declarar de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de arribazones del alga exótica invasora Rugulopterix okamurae, conocida como alga asiática, con el objetivo de permitir la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero y aliviar la carga económica de los municipios costeros afectados.

 

Exención para municipios

 

El acuerdo aprobado por la Junta permite aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, una medida dirigida a reducir la presión económica que soportan los ayuntamientos ante un fenómeno ambiental calificado como excepcional.

Según ha indicado la Administración andaluza, la retirada de estos arribazones genera un volumen de residuos masivo, imprevisible y costoso, que obliga a actuaciones urgentes y repetidas en playas y zonas del litoral afectadas por la acumulación del alga.

La gestión actual de esta biomasa conlleva la aplicación de un impuesto estatal de 30 euros por tonelada, establecido en la Ley 7/2022, lo que supone una carga económica significativa para las entidades locales que deben recoger, transportar y tratar estos residuos.

La propia ley contempla, no obstante, la posibilidad de eximir el pago en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, siempre que la entrega de residuos sea ordenada por las autoridades competentes.

 

Expansión del alga

 

El alga asiática, originaria del Pacífico, fue identificada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar, a partir de arribazones detectados en las costas de Ceuta.

Desde entonces, la especie ha mostrado una capacidad de colonización extraordinaria, con una expansión rápida tanto hacia el este como hacia el oeste en ambos lados del Estrecho de Gibraltar.

Su comportamiento invasivo se caracteriza por productividades y biomasas desmesuradas y sin precedentes, hasta superar ampliamente a especies autóctonas y a otras alóctonas.

En la actualidad, la Rugulopterix okamurae ocupa gran parte de las costas de Andalucía y afecta ya a las cinco provincias costeras de la comunidad: Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería.

La presión es especialmente intensa en Cádiz y en la parte occidental de Málaga, mientras que Huelva, pese a contar con fondos arenosos menos favorables, tampoco queda al margen de su expansión.

Granada se encuentra ampliamente afectada y Almería registra una presencia significativa, especialmente en zonas como Aguadulce, Roquetas de Mar y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

 

Impacto ambiental y económico

 

La expansión descontrolada del alga y la evidencia científica de que, al menos a medio plazo, no es viable su erradicación ni la restauración de los ecosistemas a su estado previo motivaron su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020.

Además, la especie fue considerada preocupante para la Unión Europea en 2022, debido a su comportamiento invasivo y a los impactos que genera en los ecosistemas y en las actividades económicas del litoral.

Las consecuencias de esta invasión son múltiples y especialmente graves en el ámbito de la pesca, donde dificulta de forma notable las artes tradicionales y, en muchos casos, los trabajos de arrastre.

La acumulación de biomasa impide el acceso de los peces a las redes, por lo que los pescadores se ven obligados a izarlas para retirar el alga y después reparar sus aparejos, con el consiguiente aumento de costes y pérdida de rentabilidad.

 

Playas destinadas al baño

 

En las playas destinadas al baño, la acumulación masiva de algas genera problemas de salubridad, malos olores y lixiviados derivados de su fermentación y putrefacción.

Estos efectos tienen consecuencias negativas sobre el medio ambiente, el paisaje y el sector turístico, así como sobre las actividades ligadas a este ámbito en los municipios costeros afectados.

En la zona del Estrecho de Gibraltar se estima, incluso con un cálculo conservador, una biomasa anual de alrededor de 100.000 toneladas de peso fresco, que alcanza distintos municipios costeros en función de los vientos.

Localidades gaditanas como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción y Tarifa, junto a municipios malagueños como Estepona y Marbella, soportan una presión extraordinaria por la necesidad constante de retirar biomasa.

En Rota, el volumen transportado a vertedero se duplicó de 2022 a 2023, se triplicó en 2024 y se multiplicó por ocho en 2025, según los datos expuestos por la Junta.

En Algeciras, en 2024 se retiró tres veces más alga que en 2023 y cinco veces más en 2025, mientras que Tarifa ha llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano.

Por su parte, en Marbella se han retirado centenares de toneladas en un único día, una situación que refleja la magnitud del problema y la presión que soportan los servicios municipales.

Ante este escenario, numerosos ayuntamientos han solicitado ayudas extraordinarias a las administraciones, al reconocer la insuficiencia de los recursos municipales para afrontar los elevados costes de recogida, transporte y tratamiento.

La Junta sostiene que, en la situación actual, la valorización de esta biomasa es muy limitada por su alto contenido en sales y arenas, su inestabilidad y la necesidad de inactivar los ejemplares retirados para evitar que continúe la invasión.

 

Compostaje

 

El compostaje resulta técnicamente complejo y los usos industriales disponibles son todavía incipientes, por lo que la única opción viable en estos momentos es su gestión como residuo y su depósito en vertedero.

Con la declaración aprobada, la Junta pretende evitar una penalización económica considerada injusta para los municipios afectados, dada la naturaleza imprevisible e inevitable del fenómeno.

La medida se justifica también por el carácter sobrevenido de la invasión, la inexistencia de un sujeto responsable y la necesidad de actuar por razones de salud pública y protección ambiental.

La finalización de esta declaración quedará establecida una vez que se superen las circunstancias extraordinarias que han motivado la medida aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz.