Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que participan en la Cumbre del Clima (COP31), que comienza este 9 de noviembre en Antalya (Turquía), que reduzcan la influencia de la industria de los combustibles fósiles en las negociaciones y garanticen la participación de las comunidades más afectadas por el cambio climático.
La organización considera que proteger los derechos humanos resulta fundamental para alcanzar acuerdos climáticos eficaces. Así lo plantean las directoras de Amnistía Internacional en Brasil, Turquía y Australia – Jurema Werneck, Ruhat Sena Akşener y Samantha Klintworth, respectivamente –, que firman una tribuna conjunta con motivo de la cumbre.
Un lobby fósil con acceso privilegiado
Las directoras de Amnistía Internacional advierten de que los grupos de presión del sector fósil mantienen una influencia privilegiada, mientras los pueblos indígenas y otras comunidades vulnerables encuentran dificultades para intervenir en las decisiones.
En la COP30 de Belém (Brasil) los representantes de los intereses de los combustibles fósiles superaron en número a todas las delegaciones nacionales, excepto la brasileña
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Como ejemplo, recuerdan que en la COP30 de Belém (Brasil) los representantes de los intereses de los combustibles fósiles superaron en número a todas las delegaciones nacionales, excepto la brasileña.
El dato ilustra, a juicio de la organización, el desequilibrio de poder que rodea a las negociaciones climáticas: mientras los representantes de los intereses fósiles cuentan con una presencia numerosa en la cumbre, las comunidades afectadas ven limitadas sus opciones de influir en los acuerdos que les conciernen.
Por ello, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que reduzcan el peso de la industria fósil en las negociaciones y que garanticen que los pueblos indígenas y las demás comunidades vulnerables pueden participar en la toma de decisiones. En su planteamiento, la defensa de los derechos humanos y la eficacia de los acuerdos climáticos van de la mano.
Las tres firmantes representan a países con responsabilidades directas en el ciclo de cumbres: Brasil acogió la COP30, Turquía es el país anfitrión de la COP31 y Australia es responsable de presidir las negociaciones.
Libertades en riesgo en Turquía
La organización expresa especial preocupación por las restricciones a las libertades civiles en Turquía, país anfitrión de la conferencia. Denuncia que las autoridades turcas han intensificado las actuaciones contra activistas, organizaciones LGBTI+ y personas defensoras de los derechos humanos.
En septiembre se produjeron registros, detenciones y restricciones de cuentas en redes sociales, incluida la de Amnistía Internacional Turquía. Según la entidad, estas actuaciones forman parte de una política represiva que también limita la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Las directoras sostienen que, para que la COP31 tenga éxito, Turquía debe poner fin a la represión de los derechos humanos. La advertencia se suma a las críticas que la organización dirige al marco en el que se celebra la cumbre.
Amnistía Internacional cuestiona determinadas cláusulas del acuerdo entre Turquía y Naciones Unidas para organizar la COP31, especialmente las que obligan a las personas participantes a abstenerse de intervenir en los asuntos internos del país
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Amnistía Internacional cuestiona determinadas cláusulas del acuerdo entre Turquía y Naciones Unidas para organizar la COP31, especialmente las que obligan a las personas participantes a abstenerse de intervenir en los asuntos internos del país.
La entidad teme que estas disposiciones puedan desalentar las críticas y las protestas pacíficas durante la conferencia. Por ello, reclama garantías públicas para que activistas, periodistas y organizaciones sociales puedan desarrollar su actividad sin intimidaciones ni represalias.
Comunidades, transición y financiación
La entidad considera que la COP31 debe aprovechar los avances de participación registrados durante la anterior cumbre de Brasil, donde hubo una presencia récord de representantes indígenas. No obstante, advierte de que muchas decisiones importantes continuaron negociándose a puerta cerrada.
Amnistía Internacional destaca también el trabajo de las comunidades que defienden sus territorios frente a proyectos extractivos. Cita como ejemplos a los pueblos de las Primeras Naciones de Australia que se oponen a las prospecciones de petróleo y gas en alta mar, a los pescadores artesanales de la bahía brasileña de Guanabara y a quienes protegen el bosque turco de Akbelen frente a la minería del carbón.
Según la organización, estas comunidades sufren acoso, vigilancia, criminalización y restricciones a la protesta, pese a desempeñar un papel relevante en la protección ambiental y la búsqueda de alternativas energéticas.
Por eso reclama que su participación no se limite a la presencia en las conferencias, sino que puedan influir realmente en las decisiones climáticas.
Entre sus principales demandas, Amnistía Internacional reclama detener la expansión de los combustibles fósiles y acelerar su abandono mediante una transición rápida, justa, financiada y respetuosa con los derechos humanos.
También pide a los países con mayor responsabilidad climática que eliminen los subsidios a los combustibles fósiles y destinen esos recursos a energías renovables. Además, propone poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa, con financiación y mecanismos de rendición de cuentas.
La tercera prioridad consiste en aumentar la financiación climática pública mediante subvenciones, destinadas a reducir emisiones, facilitar la adaptación y afrontar las pérdidas y daños provocados por el cambio climático, sin incrementar la deuda de los países de menores ingresos
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La tercera prioridad consiste en aumentar la financiación climática pública mediante subvenciones, destinadas a reducir emisiones, facilitar la adaptación y afrontar las pérdidas y daños provocados por el cambio climático, sin incrementar la deuda de los países de menores ingresos.
Por último, la organización insta a Brasil a defender los avances participativos de la COP30, a Turquía a garantizar las libertades civiles y a Australia, responsable de presidir las negociaciones, a promover acuerdos climáticos centrados en los derechos humanos.
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