Pese a las constantes advertencias, Madrid superó en 2017 los niveles de contaminación atmosférica del año anterior –especialmente en el caso de los muy nocivos dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión de menos de 10 micrómetros, conocidas como PM10– e incumplió por octavo año consecutivo los niveles máximos que permiten tanto la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Salud y está pendiente de una sanción comunitaria por este motivo.
Los ministros responsables de Medio Ambiente de España, Alemania, Francia, Italia, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido fueron convocados la semana pasada por la Comisión Europea a una cumbre sobre la calidad del aire para ser apercibidos por última vez antes de que el ejecutivo comunitario recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida si sus incumplimientos son sancionables.
La media comunitaria es de 11 casos por país, que el Gobierno de Rajoy triplica
“La gravedad y urgencia de la contaminación atmosférica y la ausencia de progresos satisfactorios observados en relación a estos nueve Estados miembros requiere de respuestas efectivas y oportunas”, afirmó la CE en el comunicado en el que anunciaba la reunión. La CE estima que 400.000 personas han fallecido prematuramente en los 28 países miembros como consecuencia de este problema y que millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas o agudizadas por la deficiente calidad del aire.
Solamente el gobierno municipal de la coalición de izquierdas Ahora Madrid ha adoptado medidas de restricción del tráfico de vehículos, del aparcamiento en el centro y de la velocidad máxima permitida que han sido duramente criticadas por el Gobierno del PP pese a que han conseguido resultados tangibles a finales del año pasado. El último Plan Nacional de Calidad del Aire aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para los próximos dos años no contempla actuaciones concretas en este sentido.
Estar al borde de ser enviado al TJUE por cuestiones ambientales no es en absoluto una situación nueva para el Ejecutivo de Mariano Rajoy: España tiene el triste honor de ser el país que acumula mayor número de infracciones medioambientales de la Unión. Y lidera esta penosa clasificación nada menos que desde 2015. En el último informe sobre la aplicación de la normativa europea, correspondiente a 2016, se señalaba significativamente que España había “empeorado en todos los indicadores”.
Depuración, vertederos y caza de aves
El año pasado, La UE le abrió 30 procedimientos por infracción medioambiental, cuatro más que en 2016 y casi la décima parte (concretamente, el 9,2%) de todos los abiertos al conjunto de los 28 miembros, que fueron 325. Solamente Grecia se acerca en el ranking, con 27 expedientes. Ya muy lejos de los puestos de deshonor, el Reino Unido, Austria y Polonia tienen entre 15 y 18. La media es de 11 casos por país, y Estonia y Luxemburgo solamente dieron motivos para la apertura de dos casos.
Saltarse evaluaciones de impacto de proyectos urbanísticos o de infraestructuras, incumplir las normativas de depuración de aguas (en nada menos que 426 ciudades o comarcas) o de vertederos (con 61 identificados que operan ilegalmente), mantener elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades, descuidar o relajar la protección de espacios naturales (con una especial amonestación por la “degradación” de Doñana) o permitir la caza indiscriminada de aves cantoras son algunos de los incumplimientos por los que Bruselas podría acabar sancionando a España con multas que acabarán saliendo de nuestros impuestos.
Madrid paga 7 de cada 10 euros ingresados por la UE en concepto de sanciones
"Que España sea el país que genere más peticiones por incumplimientos legislativos es muy revelador", considera Florent Marcellesi, diputado y portavoz de Equo en el Parlamento Europeo. "Cuando han fallado todos los mecanismos jurídicos en España, la Unión Europea es para muchos ciudadanos y organizaciones el último refugio para que se cumpla la ley", se felicita.
El Gobierno del Partido Popular, distinguido por su reticencia a actuar de forma eficaz contra el cambio climático, su actuación decidida en contra de las energías renovables, su apoyo a las nucleares y al 'fracking', no solamente no responde a los apercibimientos europeos, sino que cuando lo hace es tarde y mal. La CE señala que el Gobierno de Madrid se demora una media de 81 días en contestar con alguna propuesta de solución al problema planteado antes de que se le abra el expediente sancionador.
Más allá de los temas estrictamente medioambientales, España encabeza también con autoridad el ranking de multas por incumplimientos comunitarios en general. Siete de cada 10 euros que la Comisión Europea (CE) ingresa en concepto de sanciones provienen de los presupuestos públicos españoles. Tan sólo en los últimos cinco años, España ha pagado casi 54 millones de euros por sanciones de todo tipo. Bélgica le sigue con 10, Grecia con 5,45; Irlanda, con 4,15; Suecia con 2 millones, Portugal con 387.800 euros y Chequia con 250.000, según datos de la Secretaría General de la CE. Así se gestiona nuestro dinero.
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