Sí la hay: millones de personas en el continente no pueden pagar las facturas del gas, la electricidad o el gasóleo necesarios para calentar sus hogares. Son las víctimas de la llamada pobreza energética. Según algunos cálculos, 54 millones, muchas de ellas habitantes de países realmente gélidos en invierno, como los de la Europa del Este. España es el cuarto país con más afectados, por detrás de Italia, el Reino Unido y Polonia. Uno de cada tres hogares españoles que sufren el paro son además víctimas de la pobreza energética, la imposibilidad de hacer frente a los costes de las facturas energéticas.
La británica Brenda Boardman acuñó la primera definición de pobreza energética a primeros de los años 90. Para ella, era la “incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. Esta definición se ha vinculado posteriormente en el Reino Unido a la posibilidad de mantener una temperatura doméstica de entre 21 grados centígrados en la sala de estar y 18 en el resto de estancias. Si bien las primeras definiciones se centraban en el problema de la calefacción, las más actuales incluyen también el consumo de los electrodomésticos, el agua caliente e incluso la refrigeración de la vivienda en los meses calurosos.
En nuestro país, el importe de las facturas ha aumentado un 80% en la última década
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) hizo en 2012 el primer estudio en España sobre pobreza energética y concluyó que el 12,4% de los hogares españoles, unos cinco millones de personas en total, dedicaban a la energía más del 10% de sus ingresos, y que tres millones declaraban no poder hacer frente a las facturas.
El importe de éstas se ha incrementado enormemente. En España, un 80% en la última década (según datos del ACA), en gran medida a causa de la subida de los impuestos que las gravan, elevados de forma drástica por el actual gobierno del Partido Popular. En paralelo, y según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística (INE), las rentas cayeron un 8,5% desde 2007.
Este año, la ACA ha presentado un segundo informe, titulado Pobreza Energética de España. Análisis de tendencias, en el que la cifra de personas afectadas por dedicar más de la décima parte de sus recursos a calentar su casa se disparaba en 2012 hasta los siete millones, y cuatro millones aseguran lisa y llanamente que no podrán pagar los recibos.
Lo peor es que ya no se trata simplemente de un problema de confort. Lo es de salud. Pasar cotidianamente demasiado frío puede acarrear graves consecuencias para el organismo. La ACA cree que la pobreza energética podría estar costando en España la vida de entre 2.300 y 9.300 personas al año.
“En invierno se registra una tasa de mortalidad adicional, que en España se cifra en unos 20.000 fallecimientos al año, lo que la convierte en una de las más elevadas de Europa. Nosotros intentamos establecer qué parte de esa mortalidad podía ser consecuencia de la pobreza energética, y llegamos a la conclusión de que estar entre el 10 y el 40% del total”, afirma José Luís López, uno de los autores de la investigación.
Pasar frío todos los días no sólo puede agravar los síntomas de dolencias respiratorias y cardiovasculares preexistentes, sino afectar incluso a la salud mental, causando trastornos emocionales, como depresiones, especialmente entre niños y adolescentes, indica la ACA.
Decreto bloqueado
Siguiendo el ejemplo de Francia, que prohíbe a las compañías interrumpir por impago el suministro durante el invierno, el Gobierno catalán aprobó el pasado diciembre un decreto que impedía a las eléctricas y gasistas cortar el servicio entre noviembre y marzo a las familias que acrediten su imposibilidad de hacer frente a los recibos.
El Gobierno español recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando que el autonómico catalán invadía sus competencias y que la normativa pondría en entredicho la unidad del mercado español. El TC admitió a trámite el recurso y, como consecuencia de ello, el decreto quedó suspendido cautelarmente.
Pese a ello, la Generalitat prosiguió con su iniciativa y esta semana anunció un acuerdo con las principales compañías suministradoras de energía para que no corten el servicio este invierno a las familias que no puedan pagar las facturas, cuya situación económica deberán acreditar los servicios sociales.
Los deudores que puedan hacer frente a los pagos, aunque no inmediatamente, los realizarán en diferido a lo largo de los siguientes meses. Por lo que respecta al resto, el Ejecutivo que preside Artur Mas pretende crear un fondo de solidaridad de entre 20 y 30 millones de euros para abonar sus facturas. El dinero lo aportarían el Gobierno catalán, los ayuntamientos, las propias empresas de energía y entidades sociales. Según el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, entre 50.000 y 70.000 hogares catalanes dependen de esta ayuda para no pasar frío este invierno.
Pese a reivindicar sus competencias en la materia, el Gobierno de Mariano Rajoy sólo ha creado para combatir el problema el bono social establecido por el Real Decreto-ley 6/2009, que ofrece un descuento del 25% de la factura a quienes se inscriban en un registro, pero solamente de manera temporal y discriminando por renta familiar. Debido a los requisitos fijados, el número de beneficiarios de este bono se redujo en 2012 un 7,4% respecto al año anterior, de 2.712.896 hogares a 2.511.158.
El problema podría estar costando la vida a entre 2.300 y 9.300 personas al año
Aunque parece que, en estas latitudes, el otoño no muestra ganas de llegar, más pronto o más tarde nos atacará el frío. Y el primer intento de política pública en España para hacer frente a la pobreza energética se encuentra bloqueado. El 30 de octubre, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad pedir al ejecutivo autonómico que promueva un nuevo decreto que tenga como periodo de aplicación todo el año, simplifique los trámites para solicitar ser beneficiario y establezca ayudas para las familias afectadas.
En un estudio sobre el problema en Cataluña realizado por el Síndic de Greuges (cargo equivalente al de Defensor del Pueblo), citando datos de la Encuesta de condiciones de vida de 2011, se señala que en este territorio podría haber 193.000 hogares afectados por la pobreza energética, un 6,9% del total, cuando la media de los 27 estados miembros de la UE es del 9,8%.
El consejero de Empresa y Empleo catalán, Felip Puig, cifró a finales de octubre entre 50.000 y 70.000 el número de familias afectadas por el decreto, que aseguró que seguirá adelante pese a la suspensión por parte del Constitucional, y calculó el coste de garantizar su suministro para calefacción entre 20 y 25 millones de euros anuales.
Al presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, la pobreza energética es una de las pocas cosas que le podrán dejar frío. "Es posible que la pobreza energética no sea la más acuciante" y “no se puede tomar el sistema eléctrico como el mal del sistema”, declaró a finales de octubre. En 2012 un total de 1,2 millones de hogares españoles tuvieron que afrontar cortes eléctricos por impago del recibo de la luz. Mientras, Endesa anunciaba recientemente que repartirá entre sus accionistas un dividendo de 14.605 millones de euros, todo un récord en la historia de la Bolsa española.
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