El cambio climático puede asestar un golpe demoledor a la industria del turismo en España, uno de los sectores estratégicos de la economía del país, que aporta alrededor del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y uno de cada siete puestos de trabajo. No solamente porque el aumento de las temperaturas puede convertir en pocas décadas hasta el 80% del territorio peninsular en un árido desierto, sino por la peor de las consecuencias de lo anterior: la escasez de agua podría hacer literalmente inhabitables los superpoblados centros turísticos de la mitad sur del país, algunos de los cuales, por si fuera poco, podrían desaparecer bajo las aguas debido a la elevación del nivel del mar provocada por el deshielo de los polos.

La magnitud del previsible impacto del calentamiento global en territorio español la admite el propio Gobierno, que no se ha mostrado ni de lejos muy activo a la hora de trabajar para la reducción de emisiones en nuestro país, siendo uno de los ejecutivos europeos que nunca cumplió con los compromisos del Protocolo de Kioto.

Un análisis del año pasado del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (el ámbito competencial del cual ya es revelador de la importancia que la administración Rajoy concede a los asuntos ambientales), publicado en el Portal de Transparencia gubernamental el mes pasado, advierte de que las cuatro quintas partes de España corren peligro de devenir antes de final de siglo una extensión del Sáhara por Europa –como ya son algunos parajes del sureste peninsular–. En total, unos tres millones de hectáreas de zonas actualmente protegidas de la erosión.

"La desertificación es ya un problema real para una parte importante del territorio español, ya que a los factores tradicionales se añaden los efectos relacionados con el cambio climático", sentencian los autores del informe. Y "analizando los cambios en el mapa de riesgo de desertificación como consecuencia de las predicciones en la aridez, se observa que el riesgo aumenta en todas las zonas, y buena parte del territorio (22%), que antes se consideraba fuera de la definición de desertificación por cuestiones climáticas, pasaría a formar parte de la zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas", precisa el documento.

Tras aceptar que las previsiones en este terreno pueden resultar difíciles de establecer, pues las estimaciones de los posibles efectos del calentamiento global "están sujetas a cierto grado de incertidumbre", los autores no dudan en proclamar que, incluso en los mejores supuestos, "aun cuando no se produjeran incrementos cuantitativamente importantes de las pérdidas de suelo, el incremento previsto de la aridez apunta a un aumento del riesgo de desertificación".

Las áreas más susceptibles de verse afectadas por esta pérdida de cobertura vegetal que avanzará progresivamente de sur a norte son la zona septentrional de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, el Valle del Ebro, amplias zonas del sur y el interior de Cataluña y la submeseta norte. En las ya semiáridas islas Canarias, situadas en algunos casos a unas decenas de kilómetros de la costa del Sáhara Occidental, el impacto climático será con seguridad todavía más severo.

Subida del nivel del mar

La zona que los expertos auguran que se desertizará engloba la mayor parte de los territorios que reciben el grueso de los 75,3 millones de turistas extranjeros que visitaron España el año pasado según estimaciones gubernamentales, una cifra récord que situó al país como el tercer destino receptor del mundo y que aportó al país unos ingresos de 77.625 millones de euros, según informó el mes pasado el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un 9% más que en 2015.

El informe prevé un incremento "muy acusado" de la superficie cuyo balance entre lluvias y evaporación la sitúe en la categoría de semiárida, sobre todo a lo largo del tercer cuarto del siglo. Con ello, la denominada España húmeda, que ocupaba el 39% de la superficie peninsular a finales del siglo pasado, podría verse confinada a un 20% del total antes de que acabe el actual.

Temperaturas insoportables y déficit de agua en las masificadas zonas turísticas —donde se han esquilmado los acuíferos durante las últimas décadas con innecesaria agricultura de regadío, cantidades ingentes de piscinas, campos de golf y parques acuáticos—, alejarían a los visitantes hacia otros destinos más benignos.

Y eso si esas zonas turísticas siguen ahí: las hasta ahora indiscutibles conclusiones de los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas vaticinan que en el año 2100 el nivel del mar podría subir entre 75 y 85 centímetros en las costas españolas. Además del incremento del volumen de los océanos causado por el deshielo del Ártico y la Antártida como consecuencia del incremento de las temperaturas globales, lo haría también posible el descenso de la elevación del terreno debido a los fenómenos de erosión facilitados por la deforestación generada por esas mismas temperaturas y la ausencia de lluvias. Y las masificadas áreas litorales atraen al 90% de los turistas extranjeros y a casi al 70% de los españoles.

"No podemos convertir [el cambio climático] en el gran problema mundial", afirmaba en 2007 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Me equivoqué. Es un problema grave, una prioridad aquí y ahora", admitía el año pasado. Pero su gabinete sigue sin adoptar medidas prácticas y concretas para mitigarlo. De hecho, su política en relación con las energías renovables no hará más que empeorar el problema.