El rearme europeo crea menos empleo que invertir en educación o sanidad

Europa se rearma, y el dinero público que va a la industria militar es dinero que no va a escuelas, hospitales o energías limpias. Esa es la tesis del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, con sede en Barcelona, que ha publicado un informe según el cual el Plan Rearm Europe, que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros, crea menos empleo y menos riqueza que invertir en educación, sanidad o medioambiente.

El informe 75, titulado El armamentismo de Europa y la ineficiencia de la industria militar⁽¹⁾, está firmado por Pere Brunet, Tica Font, Nora Miralles y Pere Ortega, y se presenta como una crítica a la política de rearme de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sus autores sostienen que la industria militar destruye riqueza y empleo desde el punto de vista de la economía real y que las mejores inversiones públicas son las que aumentan el bienestar social, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la transición energética o el medioambiente.

Un plan de 800.000 millones

La UE y la OTAN justifican el rearme por la amenaza de Rusia. Al presentar el Plan Rearm Europe en marzo de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó, según recoge el informe: “Si Europa quiere evitar la guerra, Europa se tiene que preparar para la guerra”. El plan, rebautizado después como Readiness 2030, pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros, y la cumbre de la OTAN celebrada en julio de 2026 en Ankara ha respaldado elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB.

El Plan Rearm Europe no es una inversión directa de 800.000 millones de euros, sino la suma de tres instrumentos financieros para desencallar proyectos nacionales

El Plan Rearm Europe no es una inversión directa de 800.000 millones de euros, sino la suma de tres instrumentos financieros para desencallar proyectos nacionales y favorecer consorcios que trabajen de forma urgente y a gran escala, explica el informe. El primero permite a los Estados miembros movilizar un gasto público adicional en defensa de hasta el 1,5 % del PIB durante cuatro años, lo que crearía un margen de unos 650.000 millones de euros procedentes de las arcas de los Veintisiete.

El segundo instrumento es el programa Acción por la Seguridad de Europa (SAFE, por sus siglas en inglés), una línea de préstamos respaldada por la UE con capacidad para hasta 150.000 millones de euros destinados a la compra conjunta y urgente de material militar. Se financia con deuda emitida por la Comisión Europea, un esquema similar al de NextGenerationEU, el fondo creado tras la pandemia de covid-19. En su primera ronda, el 15 de enero de 2026, Bruselas aprobó 38.000 millones de euros para proyectos de ocho países, entre ellos España, que podrá acceder a hasta 1.000 millones.

La tercera vía pasa por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que hasta hace pocos años casi no financiaba proyectos de defensa. El banco anunció que su Iniciativa Estratégica para la Seguridad Europea, dotada con 8.000 millones de euros, se alinearía con la financiación del rearme, y la Comisión intenta además atraer ahorro e inversión privada hacia el sector.

Esto afecta a los llamados fondos verdes. Según el informe, el 92 % de los fondos que se acogen a la normativa europea de sostenibilidad tiene políticas de veto a la financiación de armas controvertidas, pero solo el 31 % aplica exclusiones reales relacionadas con la contratación militar. La francesa Safran, la alemana Rheinmetall y la británica BAE Systems ya aparecen abiertamente en la cartera de fondos verdes.

Con todo, el informe recoge que la financiación todavía no se ha traducido en más producción. La vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, expresó su frustración el 12 de mayo de 2026 porque, tras movilizar los 150.000 millones de SAFE, la industria europea de defensa no estaba aumentando su producción como se esperaba.

El rearme tiene antecedentes. El Fondo Europeo de Defensa (FED), en marcha desde 2021, reparte cerca de 1.000 millones de euros al año en subvenciones y reúne a unos 600 participantes por convocatoria. El informe lo describe como un sistema concentrado: empresas de solo cuatro países –Francia, Italia, España y Alemania– coordinaron el 63 % de los proyectos en 2022 y el 72 % en 2025, casi tres de cada cuatro. Entre 2021 y 2025, solo seis compañías (Thales, Airbus, Indra, Leonardo, Navantia y GMV) coordinaron cuatro o más proyectos.

La convocatoria de 2025 muestra un giro hacia los drones y la inteligencia artificial (IA): 15 de los 57 proyectos, un 26 %, se centran en sistemas no tripulados o en IA. Los autores alertan del temor a que las armas autónomas acaben aprobándose para su financiación sin un debate significativo sobre sus implicaciones legales y éticas, y de una preocupante falta de transparencia en la selección y evaluación de los proyectos.

El informe recuerda además un análisis de 2021 de la Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) y el Instituto Transnacional (TNI, por sus siglas en inglés)⁽²⁾ sobre la convocatoria de ese año: ocho beneficiarios estaban implicados en exportaciones de armas a países en conflicto armado o con regímenes autoritarios, y cinco de los ocho mayores –Leonardo, Safran, Thales, Airbus y Saab– habían sufrido acusaciones concretas de corrupción en los últimos años.

Menos empleo que sanidad o educación

El informe recoge estudios según los cuales el gasto militar crea menos puestos de trabajo que otros sectores. Un trabajo europeo de 2023 sobre Alemania, Italia y España, firmado por Chiara Bonaiuti, Paolo Maranzano, Mario Pianta y Marco Stamegna⁽³⁾, estima que cada millón de euros de inversión pública crea en España 6,58 empleos si se destina a defensa, frente a 11,89 en medioambiente, 15,3 en sanidad y 16,44 en educación.

Por cada millón de dólares invertido, el sector militar crea 6,9 empleos en Estados Unidos, frente a 14,3 en educación y 19,2 en sanidad

Por cada millón de dólares invertido, el sector militar crea 6,9 empleos en Estados Unidos, frente a 14,3 en educación y 19,2 en sanidad, según un estudio de 2017 de Heidi Peltier, del Instituto Watson de la Universidad de Brown⁽⁴⁾. En ese mismo cálculo, las energías renovables también superan al sector militar: la eólica genera 8,4 empleos, la solar 9,5 y la eficiencia energética 10,6.

En Alemania, que estuvo en recesión tres años seguidos (2022, 2023 y 2024) y creció solo un 0,2 % en 2025, el Gobierno ve en la industria militar una salida a la crisis industrial, y algunas empresas militares negocian con fabricantes de automóviles para quedarse con sus instalaciones y empleados. El Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW, por sus siglas en alemán) estima que el PIB de la UE podría crecer entre un 0,9 y un 1,5 % anual si los Estados miembros elevan su gasto militar al 3,5 % del PIB.

Otros economistas son más cautos. Krebs y Kaczmarczyk calculan que un euro de gasto público en defensa genera, como máximo, 50 céntimos de actividad económica adicional, y que invertir en infraestructuras, educación, jardines infantiles y escuelas duplicaría o triplicaría ese retorno.

“Desde una perspectiva económica, la militarización planificada de la economía alemana es una apuesta arriesgada con un bajo retorno económico general”, dijo Krebs⁽⁵⁾. El informe recoge también una imagen sencilla: el gasto en defensa funciona como un seguro, porque si no se necesita el dinero sencillamente desaparece, mientras que una carretera, un puente o una escuela siguen generando actividad. Un tanque, una vez fabricado, se estaciona o, en el peor de los casos, se destruye en combate.

El precio es otro problema. Un análisis de Juan Mejino-López y Guntram Wolff de 2024⁽⁶⁾ que cita el informe sitúa el coste de un carro de combate de tercera generación en 29 millones de euros para el alemán Leopard 2A8, 18 para el estadounidense Abrams M1A2, 4 para el ruso T-90 y 2 para el chino Type 99A. En los obuses autopropulsados de 155 milímetros, el alemán Panzerhaubitze 2000 cuesta 17 millones de euros y el estadounidense M109, 1,6.

La razón, según el informe, es que la defensa sigue en manos de cada Estado: 27 países con su propio ejército, su propia industria y sus propias compras. Eso genera duplicidades, poca interoperabilidad entre equipos y empresas pequeñas que producen a escala nacional y a costes más altos. El informe Draghi⁽⁷⁾ calculaba que el 80 % de las compras de material militar de la UE se hacen fuera de la Unión, sobre todo a EE UU.

Los defensores del gasto militar sostienen que la investigación armamentística acaba beneficiando a la economía civil, el llamado spin-off. El informe reconoce que el GPS y ARPANET, precursora de Internet, nacieron en el ámbito militar de EE UU, pero sostiene que hoy la mayor parte de la innovación se produce en el campo civil y que la industria militar la aprovecha y la adapta, como ocurre con la inteligencia artificial o la miniaturización de componentes.

Rearme en España y Cataluña

España también se ha sumado al rearme. En 2025, cuando el presupuesto de Defensa era de 14.454 millones de euros –el 0,88 % del PIB–, el Gobierno aprobó 41 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), valorados en 33.315 millones, para alcanzar el 2 % del PIB en gasto militar y cumplir con los compromisos de la OTAN.

Los programas se ejecutarán entre 2026 y 2042 y las empresas recibirán créditos a cero intereses del Ministerio de Industria por unos 22.800 millones de euros

Los programas se ejecutarán entre 2026 y 2042 y las empresas recibirán créditos a cero intereses del Ministerio de Industria por unos 22.800 millones de euros, según el informe. Dos empresas, Navantia y Airbus, actúan en la práctica como un oligopolio: la primera suministra todos los buques de guerra de la Armada y la segunda fabrica todos los aviones y helicópteros de combate del Ejército del Aire.

Indra, dedicada a la electrónica, tiene más competencia, pero cuenta con el respaldo del Gobierno. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado posee el 100 % de Navantia, el 28 % de Indra y en torno al 4 % de Airbus. La facturación de Indra en defensa alcanzó los 1.407 millones de euros en 2025, un 36 % más que en 2024.

En Cataluña, patronal e instituciones se han movilizado para que las empresas catalanas se beneficien de estos fondos. En un encuentro celebrado en Barcelona en mayo de 2026, el Observatorio de la Industria de la Cámara de Comercio de Barcelona identificó 750 empresas catalanas que podrían participar, y un estudio concluyó que podrían facturar 1.000 millones de euros y crear 10.000 empleos en cuatro años.

Otro acto, organizado en abril en Sant Cugat del Vallès por Acció, la agencia de promoción económica de la Generalitat, pronosticó que unas 400 empresas podían adaptarse a los requisitos del sector. Allí, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, afirmó: “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”.

El informe replica que las grandes industrias de guerra españolas están fuera de Cataluña –Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas o Escribano– y que solo Indra tiene una sede importante en Barcelona, con unas 3.500 personas entre plantilla fija y subcontratada. Por eso, sostiene, las pymes catalanas solo pueden aspirar a fabricar componentes y accesorios para las grandes compañías. Recuerda también que Cataluña votó en contra del ingreso en la OTAN en el referéndum de 1986.

Frente a esa vía, los autores defienden una seguridad común y compartida entre Estados basada en la diplomacia, la cooperación y el desarme, y reclaman destinar los recursos que hoy van al armamento a vivienda, salud, educación, pensiones y servicios sociales. Recuerdan además, como han señalado numerosas organizaciones de la sociedad civil, que los ejércitos contribuyen al calentamiento global y forman parte de las causas del cambio climático, y que los sistemas que se financian agravarán la crisis climática y ambiental.