La Unión Europea ha señalado que España ha logrado avances en el mercado eléctrico, pero todavía necesita desarrollar una transición ordenada hacia precios plenamente de mercado, lo que sitúa en el punto de mira al PVPC, la tarifa regulada que actualmente tienen contratada alrededor del 29% de los hogares españoles, por considerar Bruselas que debe quedar limitada a consumidores vulnerables.

 

El PVPC, bajo revisión

 

Bruselas considera que el PVPC sigue teniendo sentido como mecanismo de protección para los consumidores vulnerables, pero cuestiona que continúe siendo una opción generalizada para millones de hogares en un mercado eléctrico que aspira a ser plenamente competitivo.

El documento comunitario (1) sostiene que, en un mercado maduro, los precios deberían fijarse mayoritariamente mediante ofertas del mercado libre y no a través de tarifas reguladas vinculadas al sistema mayorista de electricidad.

La Unión Europea interpreta el PVPC como una tarifa con un componente de intervención estatal que no encaja plenamente con un mercado eléctrico competitivo. Por ello, anima a España y a otros países europeos a diseñar una hoja de ruta clara y limitada en el tiempo para avanzar hacia precios plenamente de mercado.

Según el mismo documento, en España alrededor del 29% de los hogares tiene contratada la tarifa regulada. Esos consumidores serían, con el tiempo, quienes deberían cambiar a una nueva tarifa del mercado libre, aunque Bruselas no fija un calendario concreto para esa transición.

Volatilidad del precio regulado

Uno de los principales argumentos de la Comisión Europea es la elevada exposición del PVPC a las fluctuaciones del mercado mayorista de electricidad, ya que esta tarifa traslada al consumidor buena parte de los movimientos del precio de la luz.

El PVPC permite a sus clientes acceder a precios de la electricidad por horas, fijados a partir del mercado mayorista. Esto puede convertirlo, a largo plazo, en una tarifa competitiva, pero también lo hace especialmente vulnerable a episodios de alta volatilidad.

España reformó recientemente el sistema para reducir parte de esa volatilidad. Desde 2024, el PVPC incorpora una combinación de precios diarios y referencias a mercados de futuros, precisamente con el objetivo de suavizar las oscilaciones extremas vividas durante la crisis energética.

Aun así, Bruselas considera que la tarifa continúa dependiendo en gran medida del comportamiento diario del pool eléctrico, por lo que los consumidores siguen expuestos a subidas importantes cuando se producen situaciones excepcionales en el mercado.

La UE defiende que los hogares deberían contar con precios más libres, pero también más estables. En ese sentido, plantea como alternativa el desarrollo de tarifas planas o modelos híbridos que reduzcan la exposición directa a los momentos de energía excepcionalmente cara.

 

Protección a hogares vulnerables

 

La Unión Europea subraya que el avance hacia precios de mercado no debe comprometer la protección de los ciudadanos afectados por pobreza energética. Bruselas considera que los consumidores vulnerables deben seguir estando protegidos y que, de hecho, deberían ser los únicos con acceso a una tarifa regulada.

En España existe actualmente el bono social, una herramienta dirigida a proteger a los hogares vulnerables. El documento comunitario sugiere, además, que en el futuro se prioricen medidas estructurales como la eficiencia energética y la rehabilitación frente a subsidios generalizados.

Para avanzar en esa dirección, la UE plantea que España debe seguir mejorando la competencia en el mercado minorista, así como la transparencia, el acceso a los datos de los contadores inteligentes y la comparabilidad de ofertas.

El objetivo es que los hogares españoles puedan disponer de información suficiente y clara para elegir libremente entre las distintas opciones del mercado libre, sin depender de forma generalizada de una tarifa regulada.

Bruselas también confirma que las intervenciones del Gobierno en el precio de la electricidad seguirán siendo posibles para paliar subidas anómalas de la luz, aunque advierte de que estas medidas deben ser excepcionales y temporales.

La cuestión de fondo se relaciona con el funcionamiento del sistema eléctrico español, basado en un mecanismo marginalista en el que el precio mayorista lo determina la energía más cara que entra en el pool eléctrico.

Habitualmente, esa tecnología suele ser el gas, mientras que las renovables y la energía nuclear no acostumbran a marcar el precio final. Por ello, cuando el gas se ve afectado por situaciones como conflictos armados u otros sucesos, la volatilidad del PVPC puede aumentar.

Aunque existe una recomendación clara para avanzar hacia la desaparición del PVPC como opción generalizada, por ahora no hay un calendario específico para su retirada. Esto implica que la tarifa regulada todavía mantendrá varios años de recorrido, aunque bajo una creciente presión comunitaria para ser reformulada.

Referencias

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