Cada año, el 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes con el fin de reconocer la contribución de las personas migrantes a las sociedades de todo el mundo, señalar las dificultades y los desafíos a los que se enfrentan y reivindicar la protección de sus derechos. Este año no ha ofrecido precisamente las mejores noticias para la movilidad humana en el mundo.

Las detenciones aleatorias, expulsiones en caliente y encarcelamiento a terceros países, así como los desplazamientos forzados o la imposibilidad de regularizar su estancia, son situaciones que se repiten en muchos países, inclusive en la vieja Europa. No solo Estados Unidos se nos viene como el ejemplo más claro de las actuaciones arbitrarias contra las personas migrantes, hace tan solo unos días el Consejo Europeo planteó recrudecer unas medidas que darán más poder a los países para expulsar más rápidamente a las personas en situación irregular y criminalizarlas, fortaleciendo el modelo de la externalización de fronteras.

 

Concentraciones proderechos de las personas migrantes

 

“El régimen de fronteras externas e internas que la Europa Fortaleza y el Estado español imponen a millones de personas cada año impide que la migración suceda en condiciones de dignidad y seguridad para las personas”, sostienen colectivos y organizaciones proderechos de las personas migrantes en Madrid, quienes convocan este miércoles 18D a una concentración en la plaza de la Provincia, a las 19H. Una decena de entidades sociales como la Red Solidaria de Acogida, Red Interlavapiés, Coordinadora de Barrios, Territorio Doméstico, Valiente Bangla, Mundo en Movimiento y Sindicato de Manteros de Madrid, entre otras, firman un comunicado que incluye el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros o detener la construcción de cárceles en terceros países.

En Valencia la manifestación saldrá de la Plaza de toros a las 18:30 con el lema “Derechos, vivienda, padrón y regularización para todas”. Los colectivos valencianos se pronuncian también contra los discursos de odio, los CIE y el racismo inmobiliario y denuncian “las políticas racistas que fomentan la islamofobia y la división”. Con el mismo lema pero media hora antes saldrá la manifestación convocada en Barcelona, desde la plaza St. Jaume.

 

Padrón por derecho

 

Estas marchas coinciden todas en sus demandas, principalmente, la del empadronamiento. Este 2025 se han dado las principales movilizaciones en diversos municipios bajo la campaña “Padrón por derecho”. Los colectivos han expuesto la casi imposibilidad de conseguir una cita para empadronarse, además de que los requisitos se han vuelto más exigentes. Hoy empadronarse, la llave que abre el acceso a los derechos sociales en el estado español —a la sanidad, a la educación o a la regularización—, obliga a las personas a presentar un contrato de alquiler o las escrituras de la vivienda, requisito prácticamente imposible por el racismo inmobiliario que practican muchos rentistas, incluso cuando se tiene la capacidad económica de pagar una renta.

Muchos ayuntamientos también se han negado a empadronar a personas vulnerables, inclusive a aquellas que pernoctan en albergues municipales o centros temporales de acogida, o directamente no admiten solicitudes de personas alojadas en viviendas compartidas o realquiladas. Según el marco jurídico español, toda persona que habite en un municipio debe y tiene derecho a inscribirse, sin distinción de nacionalidad, situación administrativa o condición habitacional, por tanto el empadronamiento es una obligación de las administraciones.

“Dentro de nuestras fronteras, el padrón sigue sin afianzarse como un derecho para todas las personas que vivimos en el Estado español. Negar el empadronamiento es negar la existencia administrativa de miles de personas”, exponen los colectivos madrileños. Denuncian que el acceso al padrón se niega sistemáticamente a miles de personas, casi siempre migrantes. Es de reconocer que algunas entidades lograron recientemente una pequeña gran victoria contra el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha dado un nuevo impulso para unirse y organizarse con el fin de exigir que se garantice el acceso al padrón para todas las personas.

“Esta violencia institucional se ve reforzada por la violencia social que generan los discursos de odio y que manipulan a la opinión pública en contra de las personas migrantes, y por la violencia policial, que se manifiesta en recurrentes redadas racistas y abusos de poder”

 

Delitos de odio que se repiten

 

Por otro lado, las reivindicaciones de este 18 de diciembre señalan los discursos de odio relacionados con criminalizar a las personas migrantes —migrar no es delito—, como una cuestión ineludible a abordar. 2025 ha sido testigo de varios ataques a personas racializadas y migrantes como el de Torre Pacheco y de casos de violencia policial –en Valencia, Catalunya o Madrid— terminando algunas de estas agresiones en muerte, como sucedió en Torrejón de Ardoz o más recientemente en Torremolinos. “Esta violencia institucional se ve reforzada por la violencia social que generan los discursos de odio y que manipulan a la opinión pública en contra de las personas migrantes, y por la violencia policial, que se manifiesta en recurrentes redadas racistas y abusos de poder”, argumentan las organizaciones convocantes a la manifestación de Madrid, este miércoles.

 

Vivienda escasa, racismo inmobiliario o infravivienda

 

La vivienda es otra de las reivindicaciones de los colectivos en este 18 de diciembre. Este miércoles mismo 200 personas, la mayoría migrantes, han sido expulsadas de un antiguo colegio de Badalona, que por varios años había sido su vivienda. Otras 200 personas habían abandonado ya el inmueble ante las reiteradas amenazas del alcalde del PP, Xavier García Albiol. La gente no solo se quedó sin casa sino que en la operación policial detuvieron a 15 personas por encontrarse en situación irregular. Es decir, en el momento en que se vive una situación de por sí vulnerable, se aprovecha para aplicar los aspectos más punitivos de la Ley de Extranjería.

Si bien el acceso a la vivienda se ha agravado para la población en general, en el caso de las personas migrantes es todavía más complicado. A la ya mencionada cuestión del padrón, se une el racismo inmobiliario, una discriminación prohibida por la Constitución, por la ley de vivienda y por la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación (Ley 15/2022 ). Se trata de una problemática que incluso llegó al Congreso en forma de ILP, pero que aún no ha tenido recorrido.

Sin embargo existe otra situación habitacional, aún más penosa, que afecta a buena parte de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos migrantes: Los planes de erradicación del chabolismo en los campos españoles. En Huelva, solo por poner un ejemplo, no están solucionando la vulneración de derechos humanos continua de los y las jornaleras que trabajan la tierra, desde hace más de veinte años. En lo que va de 2025 se han producido al menos 15 incendios en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. El más reciente, en septiembre pasado, el fuego arrasó 70 chabolas en la provincia de Huelva donde al menos 5.000 trabajadores migrantes viven sin acceso a electricidad y agua. Ningún gobierno autonómico, pero tampoco el estatal, ofrece a la fecha, una solución a la infravivienda de estos trabajadores y trabajadoras.

 

ILP olvidada en un cajón

 

El año en que se prometía llevar a debate la Iniciativa de Ley de Regularización Ya en el Congreso de los Diputados está a punto de terminar con el documento cogiendo polvo en alguna estantería. Ni los amagos del PSOE ni los esfuerzos de la organizaciones y colectivos proderechos de las personas migrantes ha logrado ponerla en la agenda de la cámara baja. Así, se mantiene bloqueada, para medio millón de personas que residen en el país en situación irregular, trabajando y aportando a la sociedad, la aprobación de una demanda política, la de la regularización, que viene siendo un clamor de los colectivos migrantes y sus aliadas, desde 2020.

En España ha habido más de 542.000 solicitudes de residencia inicial, de las que solo se ha resuelto un 35%, y 155.000 expedientes de residencia temporal por circunstancias excepcionales, con apenas un 12% de resoluciones

También, en mayo de 2025 fue el año en el que finalmente entró en vigor el Reglamento de la Ley de Extranjería con consecuencias fatales, especialmente para las personas solicitantes de asilo y refugio. Desde entonces, en España ha habido más de 542.000 solicitudes de residencia inicial, de las que solo se ha resuelto un 35%, y 155.000 expedientes de residencia temporal por circunstancias excepcionales, con apenas un 12% de resoluciones. Son cifras del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social publicadas por FSC-CCOO para denunciar el colapso administrativo de las oficinas de extranjería en todo el país a pesar de que la nueva norma pretendía, en teoría, aligerar estos procesos.