Los nueve activistas de Greenpeace detenidos el viernes en Madrid han quedado en libertad con cargos después de desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Extremadura. La protesta se produjo después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe favorable, aunque sujeto a condiciones, para renovar hasta 2030 la autorización de explotación de la instalación cacereña.
Libertad tras más de 24 horas
Los miembros de la organización ecologista se desplazaron hasta el Arco de Moncloa, en Madrid, para llevar a cabo una acción reivindicativa centrada en el futuro de la central nuclear de Almaraz. Allí desplegaron una pancarta dirigida al presidente del Gobierno en la que reclamaban el mantenimiento del calendario de cierre nuclear establecido.
La acción provocó la detención de los nueve participantes, que permanecieron privados de libertad durante más de 24 horas, según ha informado Greenpeace en un comunicado. Tras ese periodo, los activistas fueron puestos a disposición judicial y posteriormente quedaron en libertad con cargos.
La organización ha vinculado la protesta con la posibilidad de que el Gobierno autorice la prolongación de la vida de la central nuclear extremeña. El Consejo de Seguridad Nuclear –CSN– emitió un informe favorable con condiciones para renovar hasta 2030 la autorización de explotación de la instalación.
La decisión definitiva corresponde ahora al Gobierno, que tiene que determinar si permite que la central continúe funcionando hasta 2030 o si mantiene el calendario previsto para su cierre. La pancarta desplegada por los activistas reclamaba precisamente que el Ejecutivo no modificara esa planificación.
Greenpeace considera que la actuación pretendía llamar la atención sobre una decisión energética que la organización entiende como determinante para el desarrollo de la transición energética. La protesta se dirigió de forma expresa a Pedro Sánchez, al que los participantes pidieron que respetara los compromisos de cierre nuclear.
Greenpeace denuncia desproporción
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha denunciado la respuesta policial y judicial desplegada tras la acción. A su juicio, la detención de los activistas, su permanencia durante más de 24 horas bajo custodia y la posterior imputación de cargos constituyen una actuación “desproporcionada”.
Saldaña ha calificado los hechos como una “represión injustificada contra el activismo climático”. La responsable de la organización ha cuestionado que una acción pacífica consistente en desplegar una pancarta derivara en la detención prolongada de nueve personas y en su puesta a disposición judicial.
Greenpeace ha defendido que la protesta pacífica no constituye un delito, sino que forma parte de los derechos fundamentales y de las herramientas democráticas disponibles para trasladar demandas sociales y políticas a las instituciones.
La entidad ha asegurado además que las medidas judiciales adoptadas contra los participantes no frenarán su actividad. Según ha señalado, la organización mantendrá su determinación para reclamar una transición energética urgente y justa que prescinda de lo que considera las cargas económicas y ambientales vinculadas a la energía nuclear.
La organización ecologista enmarca la acción del Arco de Moncloa en su rechazo a una posible ampliación de la autorización de explotación de Almaraz. En su opinión, prolongar el funcionamiento de la central hasta 2030 supondría alterar el calendario previsto y mantener durante más tiempo la dependencia de esta fuente energética.
Greenpeace ha insistido en que las acciones de desobediencia civil y protesta pacífica forman parte de su estrategia para denunciar decisiones que considera contrarias a la protección ambiental. En este caso, la reivindicación se ha centrado en exigir al Ejecutivo que no autorice la prolongación de la vida útil de Almaraz.
Precedentes de protestas absueltas
La organización ha recordado que los tribunales ya han absuelto a activistas en otros procedimientos relacionados con acciones semejantes. Como ejemplo, ha citado el caso del Cercle de Barcelona, en el que se reconoció la legitimidad de las protestas que reclamaban una recuperación verde y justa.
Greenpeace utiliza este precedente para sostener que las movilizaciones pacíficas orientadas a exigir respuestas frente a los problemas ambientales pueden estar amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales. La organización considera que esas resoluciones judiciales respaldan el carácter legítimo de determinadas acciones de protesta ambiental.
Pese a esos pronunciamientos, la entidad ha denunciado que continúa existiendo una “persecución sistémica” contra las personas que denuncian pacíficamente lo que Greenpeace define como inacción política ante la crisis ambiental.
La organización también atribuye estas actuaciones a las presiones ejercidas por el oligopolio energético, al que responsabiliza de influir en las decisiones relacionadas con el mantenimiento de las centrales nucleares y con la orientación de la política energética.
Para Greenpeace, la situación de los nueve activistas detenidos en Madrid constituye un nuevo ejemplo de esa dinámica. La entidad sostiene que la respuesta institucional aplicada a la protesta resulta excesiva en relación con una acción basada en el despliegue de una pancarta y en la formulación de una demanda política.
La controversia se produce mientras el Ejecutivo debe resolver el futuro inmediato de la central de Almaraz. El informe favorable condicionado del Consejo de Seguridad Nuclear permite avanzar en la tramitación de una eventual renovación, pero no determina por sí mismo la continuidad de la explotación.
La autorización hasta 2030 depende de la decisión que adopte el Gobierno. Greenpeace reclama que el Ejecutivo mantenga el calendario de cierre nuclear y rechace prolongar el funcionamiento de la planta cacereña más allá de las fechas previstas.
Mientras se resuelve esa cuestión, los nueve activistas han quedado en libertad con cargos tras pasar más de 24 horas detenidos. Greenpeace ha reiterado que continuará defendiendo la protesta pacífica y promoviendo acciones para reclamar un modelo energético que considere compatible con una transición urgente, justa y alejada de la energía nuclear.
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