Greenpeace ha pedido que se excluyan a los fondos de inversión y holdings empresariales de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC); que se lleve a cabo un reparto "justo" de las ayudas y se establezcan condiciones sociales y ambientales para acceder a ellas; y que haya una transparencia corporativa "real".
A su vez, ha reclamado que se regule el mercado de la tierra y que haya un acompañamiento "público y local" en este aspecto. De forma paralela, ha solicitado que se aplique un control de la integración vertical (es decir, cuando una sola corporación o alianza de empresas domina todos los eslabones de la cadena de valor) y que se frene a la creación de oligopolios.
Así se ha expresado en El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español (1), el informe que la ONG ha publicado este jueves. A través de este estudio, la organización ecologista ha querido denunciar que el agronegocio (la agricultura gestionada por fondos de inversión internacionales y grandes capitales) "está concentrando recursos críticos, provocando una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo en las zonas rurales".
Asimismo, ha abogado por modificar los Planes Hidrológicos para eliminar las concesiones "donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional"; avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio; y crear Bancos Públicos de Agua y revisión de concesiones históricas.
De acuerdo con la ONG, el agronegocio ha pasado de inyectar inversiones de 800 millones de euros en 2021 en la Península Ibérica a triplicarse en 2023 hasta llegar a los 2.200 millones de euros anuales, según ha denunciado Greenpeace. Hasta mayo de 2025, se habían cerrado inversiones por otros 400 millones y estaban en negociación 3.000 millones más.
Modelo superintensivo en regadío
Entre otras cosas, ha denunciado que el modelo superintensivo en regadío está generando una desigualdad intrínseca en el propio sector. En este sentido, ha criticado que los planes hidrológicos de cuenca hayan "beneficiado" a estas grandes explotaciones, dándoles "mayor volumen de agua".
Cuando hay sequía, el olivar tradicional, el mayoritario, produce muy poco (por falta de lluvia o restricciones de riego), lo que reduce la cosecha total y sube los precios.
En cambio, el olivar superintensivo mantiene buena producción y es el principal beneficiado de esa subida
"Cuando hay sequía, el olivar tradicional, el mayoritario, produce muy poco (por falta de lluvia o restricciones de riego), lo que reduce la cosecha total y sube los precios. En cambio, el olivar superintensivo mantiene buena producción y es el principal beneficiado de esa subida", ha indicado.
Además, ha apuntado a que los grandes grupos y fondos internacionales "son receptores habituales de millonarias ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y otras subvenciones públicas" a pesar de que algunos de estos capitales "han reconocido públicamente no necesitarlas".
Por esta parte, ha recordado que el "0,08%" de beneficiarios de la PAC recibieron en 2024 más de 500.000 euros cada uno, el 10% del presupuesto total de la medida. Mientras tanto, el "60%" cobró menos de 5.000 euros al año. "Las ayudas del primer pilar de la PAC tienen el objetivo de apoyar la renta de agricultores, no engrosar las cuentas de grandes empresas que ya son rentables per se", ha indicado.
Encarecimiento del precio de la tierra cultivable
La ONG ha destacado también que la entrada de fondos de inversión y grandes holdings empresariales está encareciendo el precio de la tierra. De esta manera, ha apuntado a que el precio de la tierra en zonas de olivar en regadío de Sevilla donde se ha incrementado la producción intensiva ha subido un 24,6% entre 2020 y 2024.
A su juicio, esto imposibilita que los pequeños agricultores puedan competir o ampliar sus explotaciones, o que se favorezca el relevo generacional. "Concretamente en Andalucía, en 2024, nueve de cada diez compraventas de fincas rústicas se realizaron sin hipoteca, lo que indica que el mercado está dominado por grandes capitales con liquidez inmediata", han ejemplificado los ecologistas.
Asimismo, ha observado que estos nuevos modelos intensivos reducen la necesidad de mano de obra y favorecen la entrada de capital que no necesita conocimiento agrario directo ya que se caracterizan por trabajos altamente mecanizados y externalizables.
"En el olivar, ha surgido una nueva figura de "intermediarios gigantes" (como Balam o Todolivo) que se encargan de todo: desde la mejora genética y la plantación, hasta la recogida, permitiendo que inversores ajenos al campo operen fincas como si fueran franquicias", ha resaltado.
Canadá, actor fundamental en el campo ibérico
En su investigación, Greenpeace ha indicado que Canadá se ha convertido en un actor fundamental en el campo ibérico a través de sus grandes fondos de pensiones y gestoras como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, o de Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), el fondo de los profesores de Ontario "que cuenta con un proyecto de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal".
Otras como Cibus Capital, firma londinense especializada en el agribusiness, Atitlán o Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, donde su principal accionista es la Mutualidad de la Abogacía, se enfoca en olivar, almendro y aguacate, según la ONG. A su vez, los ecologistas han destacado que en el campo ibérico operan también otras grandes fortunas como De Prado "cuya estrategia se basa en asegurar fincas con "safe water" (agua garantizada)".
Además, también han destacado la presencia del Iberian Smart Financial Agro (ISFA), "centrada exclusivamente en el almendro superintensivo", o Lizard Agro. "A través de sus sociedades AlmondPlus, han invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón", han señalado.
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