Greenpeace Internacional ha demandado este miércoles desde Países Bajos --donde tiene su sede-- a la petrolera estadounidense Energy Transfer después de que un jurado de Dakota del Norte (EE UU) condenara a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional a pagar más de 660 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios al gigante de los oleoductos por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.

 

Demandas intimidatorias infundadas

 

La ONG explica que el proceso, que continúa su curso, proviene de una de las "Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública" (Strategic Lawsuits Against Public Participation) (SLAPP) que le impuso la compañía "tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto". Estas son demandas intimidatorias infundadas presentadas por poderosas empresas o personas adineradas que buscan suprimir el debate público.

"Dado que Greenpeace International es una organización con sede en los Países Bajos y que los daños causados por la demanda SLAPP de Energy Transfer en Estados Unidos se están produciendo en los Países Bajos, se aplican tanto la legislación neerlandesa como la de la UE", ha explicado la organización.

 

El "ataque" de Energy Transfer al derecho a protestar es un ataque a la libertad de expresión de todos. Aquí está en juego algo absolutamente vital: la capacidad de las personas para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes por la devastación que están causando

MADS FLARUP CHRISTENSEN, director ejecutico de Greenpeace Internacional

El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Mads Flarup Christensen, ha señalado que el "ataque" de Energy Transfer a su derecho a protestar es "un ataque a la libertad de expresión de todos". "Aquí está en juego algo absolutamente vital: la capacidad de las personas para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes por la devastación que están causando", ha advertido.

 

"ENERGY TRANSFER, BIENVENIDOS A LA UE, DONDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE EXISTIENDO"

 

Activistas de Greenpeace International y otros ecologistas se han manifestado frente al juzgado de Ámsterdam durante la primera vista procesal del caso, con una gran pancarta en la que se leía en inglés: "ENERGY TRANSFER, BIENVENIDOS A LA UE, DONDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE EXISTIENDO".

De manera paralela, 40 organizaciones de 15 países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea "anti-SLAPP" al derecho nacional, para lo que tienen de plazo hasta el 7 de mayo de 2026. De acuerdo con Greenpeace Internacional, las organizaciones participantes son la propia Greenpeace International, CASE, Samen Sterk! vzw, Erfpacht vzw, Legally Green, Greenpeace Belgium, Greenpeace Luxembourg, Greenpeace España, Greenpeace Romania, Bankwatch Romania, Greenpeace Sweden y Grad Recht.

Asimismo, también toman parte el European Environmental Bureau, ClientEarth, The trade union of Journalists in Croatia, Za Zemiata, Bulgarian Biodiversity Foundation, Rettet den Regenwald (Rainforest Rescue), European Federation of Journalists (EFJ), Asociatia EcoLegal, Free Press Unlimited (FPU), Index on Censorship, Global Climate Legal Defense, AEJ-Bulgaria, Belgium Anti-SLAPP Working Group, Polish Anti-SLAPP Working Group, FIBGAR - Baltasar Garzon International Foundation y Foundation Atelier for Community Transformation ACT BiH.

A su vez, también participan CeRe - The Resource Center for Public Participation, Oil Change International, Civic Initiatives, ARTICLE 19 Europe, Xnet - Institute for Democratic Digitalisation, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Global Witness FragDenStaat, Reporter ohne Grenzen, Center for Spatial Justice, FADA Collective, dju - German Union of Journalists y Fridays for Future Germany.