La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación preprocesales por posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos en el sur de la comunidad autónoma que estarían relacionadas con la fragmentación ilegal de los proyectos, según la denuncia de Podemos a raíz de la cual el ministerio público ha dado este paso.

La apertura de diligencias significa que la Fiscalía aprecia indicios suficientes como para investigar los hechos denunciados, tal y como ha resaltado el partido morado, que ha informado de la incoación de las mismas.

 

Posible división artificial de un macroproyecto

 

En un comunicado, Podemos ha explicado que la denuncia interpuesta señala la posible existencia de un macroproyecto eólico "fragmentado artificialmente" en varios expedientes administrativos independientes (Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo), pese a que, según la documentación oficial, "comparten infraestructuras clave como subestaciones, líneas de evacuación y planificación técnica".

De acuerdo con el escrito presentado, "la potencia conjunta de estas instalaciones supera los 60 MW", rebasando el umbral de 50 MW que, según la Ley del Sector Eléctrico, atribuye la competencia de autorización al Estado.

Según la denuncia, esta circunstancia debería haber implicado una tramitación unificada del proyecto y su evaluación por parte de la Administración General del Estado, en lugar de la gestión separada por parte del ámbito autonómico.

Sospechas de elusión de controles ambientales y estatales

Sin embargo, los proyectos habrían sido tramitados de forma "separada" por la Administración autonómica, lo que podría haber permitido "eludir tanto la evaluación ambiental conjunta como el control estatal".

Podemos señala que estas "irregularidades" fueron puestas en conocimiento de la administración en las alegaciones presentadas en la fase de participación, sin que dichas advertencias hayan tenido "ningún efecto" en la tramitación de los proyectos.

En este sentido, la formación considera que la fragmentación de proyectos energéticos puede suponer una vulneración de la normativa ambiental, al evitar una evaluación acumulativa de impactos que tenga en cuenta el conjunto de las infraestructuras implicadas.

Asimismo, advierte de que este tipo de prácticas podría tener consecuencias relevantes sobre el territorio, al analizarse de forma aislada instalaciones que, en la práctica, funcionan como un único sistema energético.

 

Advertencia de nuevas acciones legales

 

Podemos ha subrayado que no se trata de "un caso aislado", ya que asegura haber observado esta práctica "en varios parques más" en distintas zonas de Cantabria, aunque estos se encuentran en "fases previas" de tramitación.

Por ello, la formación no descarta la presentación de nuevas acciones legales "si la Administración repite este 'modus operandi' en otros parques de la comunidad".

En su comunicado, el partido ha insistido en que ya trasladó estas preocupaciones durante el proceso administrativo, mediante alegaciones formales en las que advertía de posibles irregularidades, sin que, según denuncian, se produjera ninguna modificación sustancial en los expedientes.

 

Debate sobre el modelo de transición energética

 

"La transición energética no puede hacerse a costa de debilitar los controles ambientales ni de vaciar las garantías legales", han advertido desde Podemos, que se define como defensor de "un modelo energético sostenible, pero también transparente y ajustado a derecho, sin atajos administrativos ni fragmentaciones artificiales de proyectos".

La formación política enmarca esta denuncia en un debate más amplio sobre el desarrollo de energías renovables y la necesidad de compatibilizar su expansión con el respeto a la legalidad y al medio ambiente.

En este contexto, subraya que la implantación de parques eólicos debe realizarse bajo criterios de planificación adecuada, evaluación ambiental rigurosa y control administrativo efectivo, especialmente en territorios donde la acumulación de proyectos puede generar impactos significativos.

La investigación abierta por la Fiscalía se sitúa, por tanto, en el ámbito preliminar y tiene como objetivo esclarecer si existen indicios de infracción administrativa o penal en la tramitación de estos proyectos.

A partir de las diligencias, el ministerio público podrá recabar documentación, analizar los expedientes administrativos y, en su caso, determinar si procede continuar con actuaciones judiciales.