La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber adoptado medidas suficientes para frenar el deterioro del Delta del Llobregat provocado por "grandes proyectos de infraestructuras", como la expansión del aeropuerto de Barcelona o el puerto marítimo.

Con la apertura del expediente este jueves, el Ejecutivo comunitario da dos meses a las autoridades españolas para "atajar las deficiencias" identificadas. De lo contrario, amenaza con lanzar un ultimátum o, en última instancia, elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

En particular, Bruselas urge a España a "dar los pasos necesarios para evita un mayor deterioro del espacio Natura 2000 Delta del Llobregat como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como la expansión del aeropuerto internacional de Barcelona y el puerto marítimo".

En un comunicado, la Comisión Europea ha destacado que los "frágiles ecosistemas lénticos del Delta del Llobregat hospedan una excelente biodiversidad y juegan un papel crucial en las rutas migratorias de muchas especies europeas de ave" a pesar de encontrarse "en una de las regiones más pobladas de la Península Ibérica".

Medidas sin los efectos deseados

 

Bruselas enfatiza que las conversaciones con las autoridades comunitarias para abordar el deterioro y "mitigar y compensar" el daño causado por los proyectos de infraestructuras se remontan a 2013, pero las medidas adoptadas no han tenido los efectos deseados.

"Los compromisos adquiridos por las autoridades, como la adopción y aplicación de un plan especial para la protección de las zonas naturales y el entorno del Delta del Llobregat y una extensión de la Zona de Especial Protección para proteger los territorios más adecuados para la conservación de las aves no han tenido un seguimiento adecuado", critica el Ejecutivo comunitario.

En consecuencia, Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento, que es la primera etapa de los procedimientos europeos de infracción. Si la respuesta de las autoridades nacionales no es convincente, la Comisión podría enviar un dictamen motivado, que es el último paso antes de llevar el incumplimiento a la Justicia europea.