La propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución ha superado este jueves 30 de abril su primer examen en el Congreso de los Diputados, después de que la Cámara haya rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, que pedían devolver la reforma al Ejecutivo. La votación se ha saldado con 177 votos en contra de esas enmiendas –PSOE y socios– y 171 a favor –PP, Vox y UPN–, en un debate marcado por la defensa del Ejecutivo, la oposición frontal de la derecha y las críticas de varios aliados parlamentarios al planteamiento del Gobierno.

 

Primera votación superada

 

La iniciativa del Ejecutivo consiste en añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43 de la Constitución, dedicado al derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la reforma apelando al diálogo parlamentario y ha pedido un debate “riguroso y honesto”. Según ha planteado, el objetivo de la modificación constitucional es evitar desigualdades territoriales y posibles retrocesos en el acceso efectivo al aborto.

Redondo ha denunciado que algunas mujeres se ven obligadas a desplazarse fuera de su comunidad autónoma o incluso al extranjero –ha citado el caso de Bruselas– para poder interrumpir un embarazo. “Ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho”, ha subrayado durante su intervención.

La ministra también ha instado a la oposición a permitir la tramitación de la reforma y a retirar sus enmiendas a la totalidad. En concreto, se ha dirigido al Partido Popular para pedirle que abandone su “incomodidad” ante este debate y vuelva, según sus palabras, a la defensa de los derechos de las mujeres.

 

Choque con PP y Vox

 

El PP ha rechazado la reforma por considerarla “desacertada” y un “error político y jurídico”. La diputada Silvia Franco ha sostenido que la Constitución “no es patrimonio de ningún partido” ni debe estar al servicio de una estrategia partidista, y ha acusado al Gobierno de utilizar este debate como un instrumento de supervivencia política.

Franco ha calificado el procedimiento elegido por el Ejecutivo como un “atajo” y ha pedido al Gobierno que retire la propuesta. También ha defendido que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en España y ha acusado al Ejecutivo de “meter miedo” a las mujeres con esta cuestión.

Desde Vox, Joaquín Robles ha tachado la reforma de “propagandística” y ha acusado al Gobierno de impulsar un debate “artificioso” con fines electorales. Además, ha cuestionado el procedimiento escogido para la reforma constitucional y ha advertido de posibles conflictos con derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida.

Robles ha sostenido que el Ejecutivo utiliza esta iniciativa para “ocultar” su ineficacia y su “corrupción”, y ha defendido que, si el Gobierno quisiera proteger a las mujeres, debería reforzar otras políticas en materia de seguridad, fronteras, natalidad y violencia contra las mujeres.

En el turno en contra de las enmiendas, la socialista Cristina Narbona ha respondido al PP que quien “mete miedo a las mujeres” es una presidenta del Partido Popular que les dice que tienen que abortar fuera de Madrid, en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Narbona ha pedido trabajar conjuntamente para resolver lo relativo a la libertad y la igualdad de las mujeres.

 

Críticas entre los socios

 

Aunque las enmiendas de devolución han sido rechazadas, el debate ha evidenciado dudas y críticas entre varios socios parlamentarios del Gobierno. Desde Sumar, Verónica Martínez ha defendido que el derecho al aborto en España “no está garantizado” porque existen barreras administrativas y territoriales, y ha reclamado “valentía” para votar lo que considera justo.

Por parte de Junts, Pilar Calvo ha advertido al Ejecutivo de que la propuesta “no tiene ningún recorrido” y ha calificado la iniciativa de “nuevo espectáculo electoralista”. Desde ERC, Pilar Vallugera ha expresado su “apoyo absoluto” al derecho de las mujeres a su propio cuerpo y al aborto, aunque ha reprochado al Gobierno que, si pretende sacar adelante el debate, lo ha “encarado mal”.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el aborto “ya goza de una protección reforzada” y ha advertido de que la fórmula planteada puede suponer rebajar su nivel político y protección jurídica, haciéndolo más vulnerable a posibles recortes de la derecha y la extrema derecha.

Desde el PNV, Maribel Vaquero ha mostrado “dudas” sobre la reforma y ha apreciado oportunismo político en la iniciativa del Gobierno, aunque ha señalado que prevalece el compromiso de su formación con las mujeres. El BNG, por medio de Néstor Rego, ha expresado “cierto escepticismo” sobre el efecto práctico del blindaje constitucional del aborto.

UPN, que ha votado junto a PP y Vox a favor de las enmiendas de devolución, ha considerado que se trata de un “debate falso” y que el instrumento utilizado no es el adecuado para alcanzar el fin perseguido. En cambio, Compromís, a través de Àgueda Micó, ha advertido de que cuando los derechos no están blindados se cuestionan, se debilitan y se arrancan si no existe una respuesta social y política.

Con el rechazo de las enmiendas a la totalidad, la reforma del Gobierno continúa su tramitación parlamentaria, aunque el debate ha dejado claro que el Ejecutivo deberá afrontar no solo la oposición de PP y Vox, sino también las reservas de algunos de sus aliados sobre la oportunidad, el alcance y la vía elegida para incorporar el derecho al aborto a la Constitución.