En un momento donde se debate si el aborto debe tener una protección legal o incluso incluirse en la Constitución, el Ministerio de Sanidad ha publicado su último informe sobre las estadísticas del aborto, según el cual 106.172 mujeres abortaron en 2024, 3.075 intervenciones más que las realizadas durante el año anterior. Este dato supone una tasa de interrupciones de 12,36 por cada mil mujeres, cifra que también repunta ligeramente con respecto a 2023.
Según el lugar donde se realizó la interrupción voluntaria del embarazo, casi cuatro de cada cinco casos se registraron en hospitales privados.
Evolución del número de abortos en España
Interrupción voluntaria del embarazo en España / Infografía: EA En este complicado contexto se ha publicado el informe del Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo en 2024. En dicho texto se constata cómo el número de interrupciones volvió a crecer con respecto al año anterior y alcanzó los 106.172 casos, en una tendencia creciente desde la pandemia, cuando experimentó un descenso por la alerta sanitaria. Este incremento anual de 3.075 casos se debe tanto al crecimiento de la población como al ascenso de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo.
Esta tasa representa el número de abortos producidos por cada 1.000 mujeres y en 2024 se situó en 12,36, la mayor cifra de los últimos años. El crecimiento con respecto al 12,22 registrado en 2023 fue mínimo, pero se percibe una mayor diferencia si lo comparamos con el 11,68 de 2022 o el 10,70 registrado en 2021.
Tipologías según nacionalidad, edad y semanas de gestación
El perfil de la mujer que decide abortar es, en su mayoría, de nacionalidad española (64,54%). A continuación se sitúan las mujeres con nacionalidad americana (23,08%), del resto de Europa (5,83%), África (4,57%) u otras nacionalidades (1,97%).
En cuanto a la edad, en 11.699 casos la paciente era menor de 20 años. Entre 20 y 24 años hubo 24.705 casos; entre 25 y 29 años, 23.198; entre 30 y 34 años, 21.062; entre 35 y 39 años, 16.985, y mayores de 40 años, 8.523.
Respecto a las semanas de gestación, el 76,59% de los abortos se realizó con 8 o menos semanas; el 19,15% entre 9 y 14 semanas; el 4,11% entre 15 y 22 semanas, y solo el 0,15% con más de 23 semanas.
La elección según tipo de centro
Un 78,75% de los abortos se realiza en centros privados, frente al 21,25% en centros públicos.
Por Comunidades Autónomas: Extremadura, Ceuta y Melilla realizaron todos los abortos en centros privados; en Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia la cifra supera el 99%; y en Asturias, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana se sitúa por encima del 90%.
En cambio, en Cantabria (88,49%), Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Baleares y Cataluña, predominan los abortos en centros públicos.
Las diferencias de datos por Comunidades Autónomas
Tasa de abortos por Comunidades Autónomas (CC AA) en España / Mapa: EA Las Comunidades con mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo fueron Cataluña (21.761), Andalucía (19.787), Madrid (18.149) y Comunidad Valenciana (más de 10.000 casos).
Por tasa (abortos por cada 1.000 mujeres): Cataluña (14,89), Baleares (13,87) y Madrid (13,56) encabezan la lista. También superan la media nacional de 12,36 Asturias, Andalucía y Murcia.
Las tasas más bajas se registran en Ceuta y Melilla (4,65), Aragón (8,15), Extremadura (8,48), Navarra (8,70), Galicia (8,78) y Castilla y León (8,92).
Contexto internacional sobre el aborto: avances y retrocesos
En las últimas semanas el Gobierno de España ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución para "consagrar la libertad de las mujeres" e impedir que reciban información falsa o sin evidencias científicas. La reforma requiere una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado.
En 2025 se celebra el 40 aniversario de la despenalización del aborto (1985), con la ley de los tres supuestos. Posteriormente, en 2010 se aprobó una nueva ley del aborto sin supuestos, y en 2023 se amplió el acceso.
España sería el segundo país del mundo en incluir el aborto en su Constitución, después de Francia, que lo incorporó en 2024 en el artículo 34.
En contraste, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaminó en 2022 que el aborto no constituye un derecho constitucional, habilitando a cada estado para restringirlo o prohibirlo. Esta decisión representa una deriva profundamente autoritaria y retrógrada, que revierte décadas de conquistas feministas y coloca a las mujeres bajo un control institucional sobre sus propios cuerpos.
Lejos de ser un debate jurídico, se trata de una ofensiva política y moral contra la autonomía femenina, una regresión histórica que niega el derecho fundamental a decidir sobre la propia maternidad. Las mujeres han sido infantilizadas y despojadas de su condición de sujetos plenos de derechos, reducidas nuevamente a objetos de tutela estatal y religiosa.
Este retroceso anticientífico y patriarcal no solo amenaza la libertad, sino también la salud y la vida de millones de mujeres, al forzarlas hacia la clandestinidad y los riesgos sanitarios evitables. En nombre de una moral impuesta, se institucionaliza la violencia estructural y se legitima la desigualdad como principio de Estado.
La OMS recomienda la despenalización del aborto y un acceso seguro con personal cualificado e información adecuada. También advierte que restringir el aborto no reduce su número, sino que incrementa los procedimientos inseguros, subrayando la importancia de la educación sexual y la información completa.
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