El Reino de Arabia Saudí ha publicado un decreto anunciado que pone fin a las ejecuciones de aquellas personas acusadas de delitos cuando eran menores de edad, sustituyéndolas por penas privativas de libertad de no más de diez años a cumplir en centros de detención de menores.

La Comisión Saudí de Derechos Humanos (HRCS, por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo un comunicado en el que se congratula por la decisión tomada por las autoridades del reino, ya que el decreto, ha dicho, "ayuda a modernizar el código penal" de Arabia Saudí.

Esta decisión se ha tomado días después de que el Tribunal Supremo de Arabia Saudí haya decretado eliminar el castigo por flagelación del sistema judicial, sustituyéndolo por penas de prisión, multas, o una combinación de ambas. La HRCS ha finalizado su comunicado anunciando que hay previstos más cambios en relación al código penal saudí.

La pena de muerte puede ser impuesta por una amplia gama de delitos que incluyen el asesinato, la violación, el robo a mano armada, el uso reiterado de drogas (incluído el alcohol), la apostasía, el adulterio, la brujería o hechicería, y puede ser ejecutada, en ocasiones públicamente, mediante decapitación con una espada, lapidación, fusilamiento o crucifixión.

También se aplican penas de amputación corporal de manos o pies, también públicas y ejecutadas con una espada por delitos de robo y otros. 

Condenadas por haber sidio violadas

En aplicación de la sharia o ley islámica, reino donde se hallan los lugares más sagrados la religión musulmana incluye el castigo físico entre sus penas legales. Algunos crímenes menores como el “desvío sexual” o la embriaguez son castigados con azotes o latigazos propinados en público. En los 2000, se informó sobre mujeres sentenciadas a ser azotadas por adulterio que, realmente, habían sido víctimas de violación, pero no pudieron probar quiénes habían sido los agresores.

El número de golpes no está claramente determinado por la ley y varía de acuerdo al criterio de los jueces, oscilando entre decenas de latigazos a varios miles, generalmente aplicados en un periodo de semanas o meses para que no causen la muerte del condenado. Algunas sentencias han llegado a los 2.500 golpes. 

Además, en octubre de 2018, el periodista Jamal Kashoggi, residente en Estados Unidos y crítico del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto del reino, fue asesinado y descuartizado en el consulado saudí en Estambul (Turquía), según acabaron admitiendo las autoridades de Riad tras haber intentado ocultarlo. Su cuerpo no ha aparecido. Y la tortura es una práctica habitual en las comisarías, según han denunciado diversos organismos internacionales.