La ministra Margarita Robles había ordenado paralizar en agosto la venta de estas bombas de gran potencia explosiva, acordada por las autoridades saudíes con el Gobierno del PP en 2015 con Pedro Morenés al frente del ministerio, ante la posibilidad de que los proyectiles pudieran ser usados en la guerra de Yemen, donde en los últimos años han sido frecuentes los bombardeos de zonas habitadas, incluso de hospitales, por parte de la coalición internacional que lidera el régimen de Riad. La decisión trascendió a primeros de este mes.
La ONU y el Parlamento Europeo han pedido que se restrinjan las ventas a Riad
“Cuando la ministra toma esa decisión, lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y en la relación económico-comercial con Arabia Saudí”, argumentó sin tapujos Sánchez el pasado domingo en entrevista con La Sexta. “La política es muy compleja. Uno tiene que saber priorizar, y yo prioricé mantener las relaciones con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz”, admitió, refiriéndose a otro contrato de venta de cinco buques de guerra por valor de 1.800 millones de euros.
Respecto a la posibilidad de que las bombas sean lanzadas sobre objetivos civiles en Yemen, Sánchez se lavó las manos al afirmar que "la responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras. Lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad nuestra". Más sorprendente fue la excusa esgrimida por el ministro de Exteriores Josep Borrell, reconociendo que las bombas acabarán estallando sobre suelo yemení, de que estas armas “tienen una precisión de un metro” por lo que no causarían “daños colaterales”.
Las bombas guiadas por láser, de extrema potencia y sofisticación y que obran en manos de muy pocos ejércitos en el mundo, son de fabricación estadounidense y propiedad de las fuerzas armadas españoles, por lo que es el Gobierno el mismo vendedor que ya había percibido 9,2 millones de euros por la mercancía pendiente de envío. El bombardeo en agosto de un autobús en el que murieron al menos 40 niños impulsó a Defensa a inclinarse por paralizar la venta. La reacción saudí no se hizo esperar.
Arabia Saudí, uno de los mayores compradores de armas del mundo (el año pasado adquirió solamente en España armas por valor de 270 millones de euros), tiene también pendiente de entrega un pedido a los astilleros españoles Navantia, con sede en Puerto Real (Cádiz), de cinco corbetas (barcos de guerra ligeros), una operación en la que trabajan alrededor de 6.000 personas, que se aprestaron a salir a la calle a exigir al Gobierno que salvaguardara la venta.
De inmediato, Riad había vinculado el futuro de la misma y de otras transacciones a la entrega de las bombas, cuya paralización había irritado a las autoridades saudíes, y el Gobierno de Pedro Sánchez tardó poco en dejar sin efecto las objeciones morales de la ministra Robles y dar vía libre a la entrega de las bombas de aviación.
El segundo mayor importador de armas del mundo
Con ello, España descarta sumarse a Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia y Canadá, países que han adoptado restricciones a la venta de armamento a Arabia Saudí, "principal causa directa de la muerte de civiles y destrucción de infraestructura civil en el conflicto" del Yemen, según ha denunciado la ONU, que ha abierto una investigación sobre estos crímenes. En algunas de estas acciones se ha acreditado el uso de bombas como las que venderá España.
La venta de las bombas hace caso omiso de las recomendaciones de la ONU, que ha pedido a todos sus miembros "abstenerse de proporcionar armas que puedan ser utilizadas en el conflicto en Yemen", y el Parlamento Europeo, que ha hecho ya tres infructuosos llamamientos para que la Unión Europea imponga un embargo de armas vinculante a la riquísima dictadura saudí.
Pero resulta que, además, esta venta de bombas de aviación a Riad vulnera incluso la legislación española, que veta expresamente la venta de armas a países en los que existan "indicios racionales" de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o uso de las armas contra civiles.
Arabia Saudí cumple con estos tres criterios fijados por la Ley 53/2007 sobre Control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que sería aprobada aquel año por el anterior Gobierno del PSOE, aunque ha sido incumplida de forma sistemática por los ejecutivos del PP que lo sucedieron con Mariano Rajoy al frente.
Pese a la creciente concienciación de la comunidad internacional, a Riad no le faltan proveedores. Arabia Saudí, un país cuya clase dirigente se ha enriquecido inmensamente gracias al petróleo desde hace casi un siglo, es el segundo mayor importador y tercer mayor gasto militar per cápita del mundo, tras Estados Unidos y Rusia (China gasta más en términos absolutos, pero no relativos a su población). El año pasado gastó en armas casi 60.000 millones de euros, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), principal referente mundial en el estudio de estos temas.
En el país que más oprime a las mujeres se decapita, se lapida y hasta se crucifica
Entre 2013 y 2017, ya inmersa de lleno en la guerra yemení, la monarquía de los Saud, segundo mayor aliado de Washington en Oriente Medio, incrementó sus compras de armamento de todo tipo en un 225% con respecto al quinquenio anterior. Sus principales proveedores son Estados Unidos (61% de sus importaciones), el Reino Unido (23%), Francia (3,6%), España (2,4%) y Alemania (1,8%).
Además de intervenir en el conflicto civil yemení, que enfrenta al Gobierno de Saná con una coalición de rebeldes hutíes, de religión chií, gran rival del sunismo predominante en el mundo musulmán, Arabia Saudí es uno de los campeones mundiales de la violación de derechos humanos en su propio territorio. La adinerada monarquía petrolera anclada moralmente en el medievo con la que tan buenas relaciones tiene la familia real española (el anterior rey Juan Carlos I ha sido incluso acusado por una ex amante de haber cobrado comisiones por operaciones comerciales bilaterales, es uno de los países con menos libertades del planeta, y con total seguridad el que menos derechos concede a las mujeres.
Pese a ello, recibe escasas críticas de nuestra clase política, que parece tener solamente los ojos puestos en Venezuela como la peor dictadura del mundo, a diferencia de lo sucedido con Canadá, cuyo embajador fue expulsado de Riad y que se enfrenta a represalias comerciales como las que han acobardado a España por su defensa de activistas pro derechos humanos saudíes como el bloguero Raïf Badawi, encarcelado en 2012 y condenado en 2014 a diez años de cárcel y 1.000 latigazos (sólo se le infligieron los 50 primeros, que casi le mataron) solamente por cuestionar al sistema en sus escritos. O como Ali Mohamed al-Nimr, condenado a muerte por participar en unas protestas con solo 17 años. Desde 2014 espera a saber si su condena a ser decapitado o crucificado se ejecuta, según denuncia Amnistía Internacional.
El reino árabe, que ha inspirado y financiado a grupos gihadistas y salafistas en el mundo entero, es el tercer país del planeta donde se registran más condenas a muerte, que puede ser decretada por delitos como la '”hechicería”, el adulterio, la apostasía (renegar de la religión musulmana), la blasfemia, la homosexualidad o las protestas públicas contra el régimen tras simulacros de juicios que no superarían ningún control internacional. Y eso no es lo peor: las modalidades en que se ejecuta ponen los pelos de punta. Hay decapitaciones y amputaciones públicas de manos y pies, lapidaciones y hasta crucifixiones en pleno siglo XXI. Delitos más “leves” como el consumo de alcohol se pagan con la flagelación pública, que como se ha dicho en ocasiones puede llegar a causar la muerte del condenado.
Una activista por los derechos de las mujeres, Israa al Ghomgham, detenida en 2015 por participar pacíficamente en una protesta, se enfrenta a una condena a decapitación junto con otras cinco personas por reclamar cosas como el derecho de las mujeres a conducir (reconocido finalmente este año, era el único país del mundo donde carecían de él). Si fuera condenada, se convertiría en la primera mujer de la historia decapitada simplemente por este supuesto delito, y una campaña internacional de organizaciones pro derechos humanos trata de evitarlo. A este país le venderá España bombas y barcos de guerra con el fin de garantizar unos miles de puestos de trabajo manchados de sangre.
Comentarios