La reciente resolución del Tribunal Constitucional que declara no ajustada a la Ley Fundamental la normativa autonómica que le dio origen deja en entredicho el futuro de la llamada Ciudad del Medio Ambiente, un faraónico proyecto urbanístico que se iba a erigir en unos terrenos protegidos de Soto de Garray (Soria), y en el que ya se han invertido 52 millones de euros de dinero público.

Tras una demora de siete años en adoptar el fallo, el máximo intérprete de la Constitución estima que la Junta de Castilla y León, al aprobar por ley la construcción del complejo, impidió tanto a los tribunales como a la ciudadanía la posibilidad de presentar recursos o alegaciones contra el mismo. Es decir, que planteó el proyecto como un hecho consumado sin consenso ni diálogo previo a su aprobación.

La ley 6/2007 de 28 de marzo aprobada por las Cortes de la comunidad autónoma estaba integrada por un sólo artículo de cinco líneas acompañado de 164 páginas de anexo en las que se precisaban exhaustivamente los detalles urbanísticos y técnicos de la urbanización. El Grupo Socialista presentó de inmediato el recurso de inconstitucionalidad sobre el que ahora se ha pronunciado favorablemente el Tribunal Constitucional.

La Junta de Castilla y León trató de evitar el control de justicia y ciudadanos

Con un procedimiento similar, la administración castellano-leonesa, gobernada por el Partido Popular, había aprobado en 2010 la construcción de una pista de esquí con nieve artificial en un terreno calcinado por un incendio forestal en Valladolid (algo prohibido por la Ley de Montes, y también recurrido ante el Constitucional), un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí en Palencia.

Un proyecto de urbanización en un bosque de pinos protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) había sido desestimado anteriormente por el Tribunal Superior de la comunidad autónoma. Tras este revés, la Junta de Castilla y León empezó a utilizar la estrategia legal ahora desautorizada, reservada a casos en los que se registrara una “extraordinaria trascendencia y complejidad del objeto regulado” que el Constitucional no aprecia en esta ocasión.

Obras paralizadas

El complejo de la Ciudad del Medio Ambiente, que debía erigirse sobre 562 hectáreas de un paraje protegido junto al río Duero, debía incorporar siete edificios emblemáticos (uno de los cuales ya se había empezado a levantar) y 788 chalets diseñados, según sus promotores, con los máximos criterios de sostenibilidad, dotados cada uno de un aparcamiento con una toma para enchufar vehículos eléctricos. Ninguno de ellos se ha construido.

La urbanización estaba prevista para albergar una población de 4.000 personas en un municipio que actualmente tiene medio millar de habitantes. Asimismo, debía contar con un polígono industrial y un centro hípico. Las obras se paralizaron en marzo pasado. Sólo una depuradora, una central de biomasa y la estructura a medio construir de un enorme edificio de uso todavía desconocido y bautizado como Cúpula de la Energía se alzan en un entorno de aspecto desolador atravesado por calles dotadas ya de fibra óptica.

El complejo debía albergar 788 chalets en un paraje protegido junto al Duero

El proyecto, presentado como un experimento para definir los “criterios ecológicos, territoriales, sociales, económicos y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo” preveía asimismo la creación de un millar de puestos de trabajo permanentes. Pero para la oposición y los ecologistas, era simplemente “una aberración urbanística”.

Según los grupos ecologistas, en el lugar elegido para la construcción habitan tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses; y anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales y milanos negros. La Sociedad Española de Ornitología lo considera el mejor lugar de la provincia para la observación de aves.

El polémico proyecto se ubicaba en una provincia que se ha convertido en un referente a nivel internacional en lo que se refiere a la aplicación de criterios de desarrollo sostenible. Soria fue el primer territorio del mundo en aprobar su Agenda 21 tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992, y es uno de los que más han avanzado en su aplicación. Un colectivo de 104 de sus 183 municipios se comprometió en el 2000 a crecer solamente de manera respetuosa con el medio ambiente

En marzo de 2001 se aprobó la Declaración de Soria, documento ratificado por importantes personalidades mundiales, que expresaba un compromiso con el futuro del planeta y apostaba por conseguir que la provincia liderara este proceso. La provincia planteó igualmente su candidatura a albergar el Centro Mundial de Desarrollo Sostenible de la ONU, que finalmente fue adjudicado a Río de Janeiro.