Greenpeace señala 194 puntos críticos en la costa y sitúa al Delta del Ebro como el más vulnerable

Greenpeace identifica este 23 de julio un total de 194 puntos donde el estado de la costa española es crítico, debido al urbanismo, las infraestructuras y los efectos del cambio climático, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026 ⁽¹⁾, presentado por la organización en Madrid. El documento sitúa al Delta del Ebro, en Tarragona, como el punto más vulnerable de la Península, por la retención de sedimentos, el hundimiento del terreno y el avance del mar sobre la línea costera.

El Delta del Ebro, en riesgo

El informe advierte de que el efecto barrera de puertos, presas y paseos marítimos agrava el deterioro de numerosos tramos del litoral. A estas alteraciones se añaden la subida del nivel del mar y los episodios meteorológicos extremos, que, según Greenpeace, son cada vez más destructivos y frecuentes.

En el caso del Delta del Ebro, la organización destaca que los embalses del río retienen más del 95% de los sedimentos que deberían llegar hasta su desembocadura. Esta falta de aportes impide que el terreno compense de forma natural la erosión y el aumento del nivel del mar.

A esta situación se suma la subsidencia o hundimiento progresivo del terreno, un proceso que facilita que el mar avance frente a la línea de costa de forma considerada alarmante por la ONG. Greenpeace recuerda que los modelos científicos estiman que cerca de la mitad del delta podría quedar sumergida o severamente erosionada durante el siglo XXI.

Además del Delta del Ebro, el listado de los diez enclaves más vulnerables incluye las playas de la Restinga de la Albufera, en Valencia, y la costa del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. También aparecen la Manga del Mar Menor, en la Región de Murcia, y la playa de Camposoto, en San Fernando, Cádiz.

El grupo de puntos críticos se completa con el litoral de Maspalomas, en Gran Canaria; el norte de Tenerife, Acentejo y Adeje; el litoral sur de Castellón, especialmente Almenara y La Llosa; la playa de Somo y el Puntal de Laredo, en Cantabria, y el malecón de Zarautz, en Guipúzcoa.

Greenpeace sostiene que la costa española se encuentra en un “punto crítico” ante el colapso climático y el abuso del ladrillo. El informe busca mostrar la desconexión existente entre determinadas actuaciones públicas y privadas y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Reparaciones por 246 millones

La organización calcula que más de un centenar de playas necesitan reparaciones artificiales este año, con un coste conjunto próximo a los 246 millones de euros. A su juicio, buena parte de este dinero se destina a actuaciones temporales que pueden desaparecer con la siguiente tormenta.

Greenpeace reclama por este motivo “frenar el cemento y pasar a la restauración natural”. La ONG considera que la reposición mecánica de arena y la reconstrucción continuada de paseos marítimos no resuelven las causas estructurales de la erosión ni preparan adecuadamente el litoral frente al cambio climático.

El informe indica que la cantidad gastada en reponer arena artificial y reparar paseos marítimos triplica la inversión anual del Estado destinada a proteger todo el litoral. Como comparación, la organización asegura que ese presupuesto equivale al coste aproximado de construir 30 nuevos colegios.

Para Greenpeace, estas políticas constituyen “un parche cada vez más caro y menos duradero”. La consecuencia más visible, sostiene, es la desaparición progresiva de las playas, una tendencia que continuará mientras no se adopte un modelo diferente de gestión costera.

La ONG también cita cálculos de la Unión Europea según los cuales 1.000 millones de euros invertidos en adaptación pueden reducir en 14.000 millones los daños anuales causados por inundaciones costeras. Esta relación refuerza, a su entender, la necesidad de priorizar la prevención y la recuperación de los ecosistemas.

El reparto del coste de las reparaciones es, además, “muy desigual” entre las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana concentra aproximadamente el 70% del gasto, con 170,7 millones de euros, mientras que Andalucía reúne casi el 20%, con 48,3 millones.

El 10% restante se distribuye entre otras ocho regiones costeras, de acuerdo con las cifras recogidas en el informe. Greenpeace sostiene que financiar nuevas regeneraciones mecánicas sin modificar el modelo de ocupación y gestión del litoral supone “tirar el dinero público al mar”.

La organización critica asimismo los intentos de modificar o debilitar la Ley de Costas. Según afirma, durante este año se producen iniciativas contra esta normativa por parte de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, además de actuaciones promovidas por diferentes partidos políticos.

Greenpeace cuestiona que esas propuestas se presenten como medidas de defensa del patrimonio, porque considera que ignoran las limitaciones físicas impuestas por el avance del mar. “Ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas”, advierte la organización.

Restaurar la costa de forma natural

Frente a las actuaciones que considera ineficaces, el informe reúne cerca de 50 ejemplos exitosos de adaptación y resiliencia costera. Estos casos se basan principalmente en recuperar dunas, retirar infraestructuras próximas al mar y devolver espacio a los ecosistemas naturales.

Uno de los proyectos destacados es el desarrollado en la playa de Berria, en Santoña, Cantabria, donde se desmantela un camping situado sobre la duna. Esta actuación permite que el sistema dunar recupere su movilidad y pueda frenar de forma natural las inundaciones registradas durante el invierno.

Greenpeace subraya que esta recuperación se produce sin necesidad de aportar arena artificial, al permitir que la propia dinámica costera regenere el espacio. La organización presenta esta iniciativa como una alternativa más duradera frente a la reconstrucción repetida de infraestructuras dañadas.

También aparecen como municipios pioneros Calafell y Vila-seca, en Tarragona, donde se retiran tramos de paseos marítimos y carreteras costeras. El objetivo es devolver metros a la playa y facilitar la autorregeneración del ecosistema arenoso.

Otro ejemplo es la playa de l’Auir, en Gandía, donde se lleva a cabo la renaturalización de 24 hectáreas que habían quedado al margen de la urbanización. Greenpeace considera que este proyecto demuestra que reservar espacio a la naturaleza puede resultar una estrategia más duradera y económica.

El informe presta especial atención a los efectos de las tormentas del último invierno. Según la ONG, la sucesión de ocho borrascas con nombre propio causa daños importantes desde la fachada atlántica hasta el litoral mediterráneo y pone a prueba el actual modelo de protección costera.

La organización afirma que los muros y paseos marítimos pueden amplificar la erosión en lugar de reducirla. Cuando las olas chocan contra el hormigón, explica, parte de la energía rebota y actúa nuevamente sobre la arena, aumentando su pérdida.

Como resultado, el informe recoge viviendas inundadas en Valencia, paseos marítimos hundidos en Gijón y San Sebastián, desprendimientos en acantilados de Tenerife y numerosas playas sin arena en distintos puntos del litoral español.

Greenpeace advierte de que el impacto del cambio climático sobre la costa no es solo geográfico o paisajístico. La tropicalización de las aguas y las olas de calor marinas también están alterando los ecosistemas marinos y las actividades económicas que dependen de ellos.

La ONG afirma que el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media global, una evolución que provoca la pérdida de praderas de posidonia y corales. Estos ecosistemas funcionan como refugio para diferentes especies y como protección natural de la costa.

Los cambios de temperatura también reducen el oxígeno disponible en el agua y aceleran el metabolismo de los peces. Según los datos mencionados por Greenpeace, unas 3.000 especies, entre ellas la merluza, el rape y el boquerón, ya están disminuyendo su tamaño corporal.

En el Atlántico, el informe señala que el marisqueo del norte afronta grandes dificultades después de episodios de elevada mortalidad de bivalvos, como almejas y berberechos. La ONG relaciona estos episodios con bajadas extremas de salinidad provocadas por lluvias torrenciales.

La expansión de especies invasoras favorecida por los cambios de temperatura constituye otra amenaza para unos ecosistemas marinos que, según Greenpeace, se encuentran ya en una situación de gran vulnerabilidad.

La degradación ecológica tiene también un impacto directo sobre el empleo y la actividad turística. La organización recuerda que el 62% del empleo turístico español se concentra en destinos de sol y playa, por lo que la pérdida de superficie arenosa puede tener consecuencias económicas inmediatas.

En provincias como Málaga o Cádiz, Greenpeace calcula que la desaparición de un solo metro de playa seca puede poner en riesgo entre 300 y 500 puestos de trabajo. La entidad advierte de que, para 2050, el avance del mar puede devorar hasta 25 metros de litoral en el peor escenario climático.

En ese supuesto, territorios como Andalucía y la Comunidad Valenciana podrían perder miles de empleos directos de forma irreversible. Por ello, la organización insiste en abandonar las reparaciones temporales y orientar la inversión pública hacia la restauración natural y la adaptación de largo plazo.