El Gobierno autoriza el desmantelamiento de instalaciones de hidrocarburos en el entorno de Doñana, ubicadas entre las provincias de Huelva y Sevilla, debido al agotamiento técnico de diversos yacimientos, según una resolución fechada el 9 de abril y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión afecta a once instalaciones gasísticas y siete tramos de gasoductos y responde a una solicitud de la empresa Trinity Energy Storage, SL, presentada el 25 de junio de 2025.

 

Desmantelamiento por agotamiento

 

La resolución, emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, detalla que el proyecto contempla la clausura definitiva de once instalaciones gasísticas y la inactivación de siete tramos de gasoducto, que suman aproximadamente 34 kilómetros lineales. Estas infraestructuras se distribuyen a lo largo de una línea de más de 43 kilómetros en dirección suroeste-noreste, entre los municipios de Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).

El proceso se inicia tras la solicitud formal de la empresa promotora, que argumenta el agotamiento técnico de los yacimientos como motivo principal para proceder al cierre de las instalaciones. A partir de ahí, el Gobierno activa el trámite de consultas a administraciones públicas afectadas y personas interesadas, con el objetivo de evaluar la necesidad de someter el proyecto a información pública.

Según el documento oficial, el proyecto tiene como finalidad no solo el desmantelamiento de las infraestructuras, sino también la restauración de los emplazamientos afectados, con el fin de devolver los terrenos a un estado que permita usos naturales, agrícolas o ganaderos.

 

Proceso técnico de sellado

 

El procedimiento técnico incluye el sellado de los pozos mediante barreras de seguridad. En primer lugar, se contempla cortar y recuperar la tubería de producción en los primeros 50 a 150 metros de profundidad, mientras que el resto permanece en el interior del pozo.

Posteriormente, se instala una barrera primaria de cemento sobre las perforaciones de la zona productora, seguida de una barrera secundaria situada en una posición superior para cubrir posibles fallos de la primera. Finalmente, se incorpora una tercera barrera superficial, reforzando el aislamiento del pozo.

Además, todas las instalaciones de superficie asociadas a la producción y tratamiento del gas son desmanteladas y retiradas completamente. Estas actuaciones incluyen estructuras, equipos y elementos auxiliares vinculados a la actividad gasística.

Una vez concluidas estas tareas, se ejecutan trabajos de restauración ambiental, que abarcan la descompactación del suelo y la revegetación con especies autóctonas, adaptadas a las condiciones edáficas de la zona. El objetivo es restituir el terreno a su estado inicial y facilitar su integración en el entorno.

 

Evaluación ambiental favorable

 

De acuerdo con la resolución, el Ministerio determina que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria, al considerar que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Esta conclusión se basa en la evaluación de impacto ambiental practicada, así como en los antecedentes y fundamentos jurídicos analizados durante el proceso. No obstante, el cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas incluidas en el documento ambiental resulta obligatorio para garantizar la protección del entorno.

La decisión se enmarca en la normativa vigente en materia de evaluación ambiental y responde a los criterios técnicos aplicados por la administración competente.

 

Contexto de controversia gasística

 

Este proceso de desmantelamiento se produce en un contexto marcado por la controversia en torno a proyectos gasísticos en el entorno de Doñana. En marzo de 2025, se somete a información pública la solicitud de autorización para el proyecto denominado Sondeo Marismas-3NE, vinculado al almacenamiento subterráneo de gas natural.

La iniciativa, promovida por Trinity Almacenamientos Andalucía, S.A., plantea la perforación de un nuevo sondeo en el término municipal de Almonte, como sustituto del pozo Marismas-3, actualmente inoperativo. El objetivo es permitir nuevamente la inyección y extracción de gas natural, incluyendo el denominado gas colchón, en la estructura geológica correspondiente.

Sin embargo, este proyecto genera oposición por parte de organizaciones ecologistas, sociales y políticas, así como del Ayuntamiento de Almonte, la Junta de Andalucía y la propia dirección del parque de Doñana. Las críticas se centran en los posibles riesgos ambientales y en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

El asunto llega incluso al Consejo de Participación de Doñana, donde se debate la conveniencia de que el Gobierno central comunique a la Comisión Europea el procedimiento de autorización del sondeo. Esta petición busca reforzar la transparencia y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental europea, especialmente teniendo en cuenta que la evaluación ambiental del proyecto original data de 2010.

En este contexto, la autorización del desmantelamiento de instalaciones por agotamiento técnico supone un paso en la reducción de la actividad extractiva en la zona.