El campo español se prepara para una intensa semana de movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero en señal de protesta por los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que las principales organizaciones agrarias consideran una amenaza directa para la viabilidad del sector agrícola y ganadero en España.
La convocatoria, impulsada conjuntamente por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha sido descrita como “una respuesta firme y coordinada” ante lo que el sector define como “políticas que agravan la crisis que atraviesa el medio rural”.
Los agricultores han trazado un calendario de protestas en distintas regiones españolas que culminará el 29 de enero, día en el que se espera que se concentren la mayoría de movilizaciones y tractoradas, junto a actos simbólicos y concentraciones en ciudades clave, incluida la capital.
Una respuesta al malestar agrario creciente
Durante las últimas semanas, agricultores y ganaderos han expresado su descontento con las medidas propuestas por la UE y su impacto en el campo español. Según sus portavoces, los recortes presupuestarios de la PAC, la eliminación progresiva de aranceles con países del Mercosur y la excesiva burocracia administrativa están ahogando la rentabilidad de las explotaciones familiares.
El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha señalado que “el objetivo es concentrar el mayor número de movilizaciones el 29 de enero como respuesta a la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo”. Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha defendido que la protesta “es el momento de decir que el campo español no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro”.
Además de en Madrid, las protestas ya se han comenzado a notar en localidades fronterizas como Irún, donde se han iniciado las primeras tractoradas, y se han fijado fechas para concentraciones en Extremadura, Levante, Valladolid y otras zonas rurales.
Las organizaciones agrarias sostienen que el acuerdo comercial UE-Mercosur, al que se ha vinculado la protesta, representa “una competencia desleal” y una amenaza para productos clave como carne, cítricos y otros cultivos tradicionales, debido a que permite la entrada de mercancías producidas bajo normas diferentes a las europeas.
Impactos socioeconómicos y demandas del sector
El malestar agrario no se limita a la cuestión comercial. Las protestas del 26 al 30 de enero también reflejan una amplia insatisfacción con la política agraria comunitaria y la percepción de que las estrategias europeas no garantizan un relevo generacional sostenible ni un horizonte de estabilidad económica para miles de pequeños y medianos productores rurales.
Los agricultores critican además que la reforma de la PAC se ha planteado sin escuchar suficientemente las necesidades del sector y que, en conjunto con el acuerdo con Mercosur, podría terminar agravando la precariedad económica en cientos de municipios rurales de España. Entre las quejas recurrentes está la percepción de que se están favoreciendo importaciones a bajo coste, lo que presiona los precios en origen y deja a los productores locales en una posición de desventaja competitiva.
La protesta convocada para el 29 de enero, con tractoradas en las principales ciudades y concentraciones frente a sedes institucionales como las Subdelegaciones del Gobierno en distintas provincias, se ha interpretado como una señal del sector de que “la paciencia se ha agotado” y de que existe un fuerte clamor por reformas profundas y medidas de apoyo reales.
El campo malagueño, por ejemplo, ha anunciado movilizaciones bajo el lema Por la supervivencia y el respeto del campoI, señalando que las medidas actuales no solo ponen en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones, sino también la seguridad alimentaria y la cohesión social de las zonas rurales.
A esta crítica se suma la denuncia de que la burocracia excesiva está lastrando la gestión diaria de las explotaciones y que la falta de mano de obra y de infraestructuras adecuadas complica aún más la actividad agraria, afectando directamente a la producción y al empleo rural.
Repercusiones políticas y diálogo abierto
Las protestas del sector agrario español se enmarcan en un contexto más amplio de debate político sobre la política agraria europea y los efectos de acuerdos comerciales internacionales. Aunque las movilizaciones no son nuevas, su intensidad y extensión han vuelto a poner en el centro del debate público la necesidad de respuestas institucionales que integren las demandas del campo con los objetivos económicos y estratégicos de la UE.
Desde los gobiernos regionales hasta el Ejecutivo central y las instituciones europeas, las voces se multiplican llamando al diálogo con las organizaciones agrarias para encontrar soluciones que concilien competitividad con sostenibilidad y justicia social.
En este sentido, las movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero —y en particular las protestas del 29— se proyectan no solo como un grito de alarma, sino como una oportunidad de reabrir el debate sobre el futuro de la agricultura en España y Europa, asegurando que las políticas públicas reflejen las necesidades reales de quienes trabajan la tierra y garantizando modelos agrícolas sostenibles, resilientes y equitativos para las próximas décadas.