Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido al Gobierno que frene la apertura de la instalación de la mina de concentrado de uranio en Retortillo (Salamanca) por el peligro social y ambiental que supone y la "incongruencia" de seguir con este proyecto en España.

Por ello, insisten a la Secretaría de Estado de Energía en que tiene "la ocasión de frenar de una vez este peligroso proyecto" que "nunca" debió pasar las primeras fases de su tramitación y que hipotecaría el futuro de esta zona de incalculable valor ecológico, ya que advierten de que dejará a la larga un legado contaminado que deberá pagar y afrontar toda la sociedad.

Por ello, instan a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a no renovar la autorización por los "graves riesgos e impactos ambientales, sociales y sobre la salud" que además convertiría a España en el único país con una mina de uranio a cielo abierto en Europa, algo que califican de "inconcebible".

El único país con una mina de uranio a cielo abierto en Europa

 

Las cinco ONG consideran además que sería "incoherente con el actual compromiso" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de eliminar progresivamente la participación de la energía nuclear en el mix energético, de realizar una transición energética y conseguir un sistema energético descarbonizado, eficiente, cien por cien renovable y sin generación eléctrica de origen nuclear.

Durante años, junto a colectivos sociales como Stop Uranio han expresado su oposición y han alertado en numerosas ocasiones de que el proyecto "ha estado envuelto en gravísimas irregularidades, gran polémica y una fuerte oposición social desde un primer momento".

En ese contexto, recuerdan que el proyecto obtuvo en 2013 la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Junta de Castilla y León pero aseguran que dicha evaluación no analizaba la mayor parte de los graves daños asociados, como tampoco los generados por la producción y almacenamiento de residuos radiactivos sobre el entorno y las personas.

Sin contar con todos los permisos necesarios

 

Aún sin contar con todos los permisos necesarios, la empresa minera realizó grandes movimientos de tierras y taló más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias. El macroproyecto conlleva además de la mina de uranio una planta de procesado de mineral de uranio -instalación radiactiva- y de una planta de almacenamiento de residuos nucleares.

Las ONG denuncian que las amenazas de la instalación perdurarán "a largo plazo cuando las minas queden abandonadas una vez acabe su explotación" y dejará en la zona una degradación ambiental "irreversible" de un paisaje que quedará "degradado para siempre", además de la contaminación y el riesgo radiactivo que permanecerán en la zona, dejando un "legado peligroso para las generaciones futuras".

Asimismo, las cinco ONG denuncian también los graves impactos ambientales de este proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre los hábitats y especies de interés comunitario presentes.

En concreto, aportan evidencias sobre la posible extinción de la especie de pez endémica sarda salmantina y alertan a Portugal de las graves amenazas que puede sufrir por la proximidad al río Duero.

De este modo, insisten en que los impactos transfronterizos han sido obviados en el proceso de evaluación del impacto ambiental realizado por la Junta de Castilla y León, por lo que el Gobierno luso ha solicitado al Ejecutivo español más información para iniciar un proceso de consultas.