Ha hecho falta esperar 10 años, pero por fin está empezando a resolverse uno de los peores problemas ambientales de España: una inmensa mancha negra —literalmente— que se extendía a las afueras de la localidad toledana de Seseña, formada por millones de neumáticos usados depositados de manera ilegal desde los años 90 por una empresa que disponía de licencia municipal para un supuesto reciclaje que nunca llevó a cabo.

Desde hace varias semanas —confirmó el Ayuntamiento de Seseña—, un equipo de una veintena de personas está recogiendo, con la ayuda de maquinaria pesada, los neumáticos, que serán triturados para usarlos como combustible en altos hornos o fábricas de cemento, o como materia prima para fabricar calzado de goma, aislamientos de edificios o pavimentos para el tráfico o deportivos.

Las ruedas serán trituradas para usarlas como combustible en hornos o cementeras

La operación corre a cargo de la empresa valenciana Desechos y Gestión de Ruedas Iberia, especializada en el tratamiento de neumáticos usados. Se estima que necesitará dos años para retirar la ingente cantidad de ruedas —nadie conoce la cantidad exacta, que se calcula en al menos cinco millones— de este municipio de 20.000 habitantes situado a 36 kilómetros al sur de Madrid y gobernado con mayoría absoluta por el PP.

El inicio de los trabajos se ha retrasado todavía más por la inexistencia de suministro de electricidad y agua en las parcelas donde se acumulan los desechos. Trabajando en tres turnos, la empresa espera poder eliminar 1.000 toneladas mensuales de neumáticos.

La mancha negra se extiende junto a la carretera Nacional IV a unos cientos de metros de El Quiñón, uno de los cinco núcleos del municipio, y es perfectamente visible por medio de Google Maps (coordenadas 40.135053 y -3.679096). El Quiñón cuenta con unos 5.000 habitantes y ya había saltado a los titulares hace años por ser la ubicación del megalómano y corrupto proyecto de construcción de 13.000 pisos, la mayor urbanización de España impulsada por un solo promotor, que el anterior alcalde autorizó, tras recibir presuntamente varios sobornos, al empresario Francisco Hernando Contreras, conocido por el alias El Pocero, y que debía albergar a 40.000 personas, triplicando de golpe la población del municipio.

Cierre de Barajas

Además de tratarse de una inmensa acumulación ilegal de un residuo contaminante y de difícil eliminación, la presencia de los neumáticos suponía un grave peligro para los habitantes de la zona ante la posibilidad de que se desencadenara un incendio, que generaría emisiones altamente tóxicas y sería muy difícil de apagar debido a la naturaleza de los materiales con que se fabrican las ruedas.

El vertedero se encuentra rodeado de zonas de pastos, secos buena parte del año, y la fallida urbanización de El Pocero, de la que llegaron a construirse 5.000 viviendas, algo más de la mitad ya habitadas, se encuentra a apenas 400 metros, en el límite con el municipio vecino de Valdemoro, ya en la Comunidad de Madrid, por el que se extiende una quinta parte de la mancha negra. Los expertos alertaron de que el humo de un incendio en la zona podría haber obligado a cerrar al tráfico el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Por ello, en el área donde se acumulan las más de 70.000 toneladas —según estimación municipal— de neumáticos desechados, que se extienden por una superficie de casi 100.000 metros cuadrados —la de 100 campos de fútbol— se están realizando distintas actuaciones de seguridad, como “la ampliación del cortafuegos” que rodea el perímetro —de 30 metros, realizado el pasado verano por la empresa pública Tragsa—, “la retirada de la vegetación y la colocación de una valla metálica”, informó la concejala de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Rosa Laray.

El vertedero ilegal suponía un peligro en caso de incendio y era un foco de plagas

Por si todo ello fuera poco, el agua estancada en las ruedas tras las lluvias convirtió la zona en un foco de proliferación de mosquitos, ratas y otras plagas que sufrieron durante años los vecinos.

Y, en un nuevo ejemplo de la exasperante lentitud de las administraciones públicas y la justicia, todo eso prosiguió aunque el cementerio fue declarado ilegal ya en 2003, y que el propietario de la empresa arrendataria de la parcela, Disfilt S.A., fue condenado en 2009 a tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente. Disfilt acumuló sanciones por valor de 600.000 euros, pero se siguieron acumulando neumáticos en la zona al menos hasta 2011.

“Podemos afirmar que, después de una década, no se tira aquí ni un solo neumático desde hace dos años y medio”, proclamaba hace unos meses el actual alcalde de Seseña, Carlos Velázquez. Pero harán falta unos cuantos años más para que los alrededores de la localidad queden libres de esta inmensa acumulación de residuos.

Otra cuestión es si la operación se lleva a cabo de la mejor manera para el entorno. Entidades ecologistas han criticado que buena parte del caucho y otros materiales que componen las cámaras vaya a acabar quemado. Ecologistas en Acción de Valdemoro ha censurado la incineración porque "significa verter gases tóxicos a la atmósfera" y aboga por “reutilizar la totalidad del material triturado como pavimento para carreteras, instalaciones deportivas y zonas infantiles o para suelas de calzado”. Al menos, la contaminación visual ya está en vías de solución.