Ecologistas en Acción ha advertido de una supuesta “ocultación” de documentación relacionada con los vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que requiera nuevos informes técnicos a la Junta de Andalucía. La organización considera que el expediente administrativo de la autorización ambiental de la explotación minera está incompleto y sostiene que faltan documentos “imprescindibles” para formular su demanda. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que “no existe actuación de mala fe por parte de la Administración”.
Documentación reclamada
Según consta en la petición remitida por Ecologistas en Acción al TSJA, la organización reclama el acceso a diversa documentación vinculada a un contrato de asistencia técnica encargado por la Junta de Andalucía a la empresa Sitra S.L.U.. En concreto, solicita el documento en el que se recojan los términos del contrato realizado por la Dirección General de Recursos Hídricos.
Asimismo, la entidad ecologista pide el informe completo de evaluación elaborado por la citada empresa sobre los efectos del vertido en los objetivos ambientales de la masa de agua afectada. Según señala la organización, el expediente solo incluiría un resumen del estudio y no el documento íntegro.
Ecologistas en Acción considera que ese informe debería incorporar una simulación de los efectos del vertido en el cauce, así como la distribución de metales contaminantes y posibles incumplimientos ambientales asociados a la actividad minera.
La organización sostiene que dichos documentos son “determinantes” para analizar la legalidad de la autorización ambiental otorgada a la mina de Aznalcóllar y asegura que el expediente administrativo remitido al tribunal no está completo.
En ese sentido, ha explicado que la falta de esos antecedentes impediría formular adecuadamente la demanda judicial. Por ello, mediante el escrito presentado ante el alto tribunal andaluz, ha solicitado “nuevamente” que el expediente sea completado con toda la documentación requerida.
Respuesta de la Junta
Frente a estas acusaciones, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha negado que exista cualquier intento de ocultación deliberada de informes técnicos.
En un comunicado, el departamento autonómico ha explicado que el TSJA emitió el pasado 27 de abril una diligencia de ordenación en la que requería la documentación reclamada por Ecologistas en Acción. A raíz de ello, la Junta respondió solicitando al propio tribunal que aclarase de manera “precisa” qué información adicional debía remitirse.
Según la Consejería, el requerimiento judicial no determinaba de forma suficientemente concreta el alcance exacto de la documentación solicitada, motivo por el que pidió una aclaración antes de proceder a nuevos envíos documentales.
La Administración andaluza ha defendido además que ha remitido “en todo momento” el expediente administrativo “en los términos legalmente exigibles”, por lo que rechaza las acusaciones realizadas por la organización ecologista.
“La Administración actuará, como ha venido haciendo hasta ahora, en estricto cumplimiento de las resoluciones del TSJA”, ha señalado la Consejería, que también ha asegurado que facilitará toda la documentación que sea requerida de forma “expresa y concreta” por el órgano judicial.
Procedimiento judicial abierto
El conflicto se enmarca en los procedimientos judiciales vinculados a la actividad minera de Aznalcóllar, una explotación históricamente marcada por el desastre ambiental ocurrido en 1998 tras la rotura de una balsa minera.
En este caso, la controversia gira en torno a la Autorización Ambiental Unificada y a los posibles efectos de vertidos tóxicos sobre el entorno hídrico y el Guadalquivir.
Ecologistas en Acción mantiene que determinados informes técnicos son esenciales para evaluar si la autorización cumple con la normativa ambiental vigente y para determinar el posible impacto sobre las masas de agua afectadas
Ecologistas en Acción mantiene que determinados informes técnicos son esenciales para evaluar si la autorización cumple con la normativa ambiental vigente y para determinar el posible impacto sobre las masas de agua afectadas.
La Junta, por su parte, insiste en que está colaborando con el procedimiento judicial y ha reiterado su “respeto absoluto” a las actuaciones del TSJA y su compromiso con la protección ambiental.
La Consejería ha subrayado igualmente que continuará actuando conforme a las resoluciones judiciales que se dicten durante la tramitación del caso y ha negado cualquier actuación irregular por parte de la Administración autonómica.
El procedimiento sigue abierto a la espera de que el TSJA determine si procede requerir nueva documentación relacionada con los informes técnicos reclamados por la organización ecologista.
Añadir EcoAvant.com como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Activar ahora