La Comisión Europea (CE) ha situado la desalación en el centro del debate sobre el futuro del agua en Europa, aunque con matices claros: es una tecnología necesaria pero costosa y altamente demandante de energía. Con motivo del Día Mundial del Agua, Bruselas ha defendido la evolución hacia las denominadas “desaladoras 2.0”, instalaciones más eficientes, menos contaminantes y mejor integradas en la planificación hídrica.

 

Un modelo necesario, pero con límites energéticos

 

Desde la Comisión se reconoce que la desalación puede ser clave para garantizar el suministro en regiones con estrés hídrico, como el sur de Europa. Sin embargo, advierten de que no puede considerarse una solución única ni permanente, sino una herramienta complementaria dentro de una estrategia más amplia.

El principal problema identificado es su elevado consumo energético. Si las plantas desaladoras funcionan con energías fósiles, se convierten en una fuente relevante de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contradice los objetivos climáticos europeos. En este sentido, España aparece como un ejemplo de transición, al impulsar desaladoras alimentadas por energías renovables.

No obstante, esta alternativa tampoco está exenta de desafíos. La necesidad de grandes superficies para instalar paneles solares o infraestructuras energéticas renovables plantea interrogantes sobre el uso del suelo y el impacto territorial. Bruselas subraya que estas variables deben incorporarse al análisis global de costes y beneficios.

Además, la CE introduce un concepto operativo relevante: las desaladoras como “soluciones on/off”. Es decir, infraestructuras que no deben funcionar de manera continua, sino activarse en función de la demanda. Su elevado coste hace recomendable un uso parcial, incluso limitado a periodos de escasez, manteniendo una actividad mínima para garantizar su operatividad.

 

Revisión normativa y gestión integrada del agua

 

En paralelo al debate tecnológico, la Comisión ha abierto la puerta a una revisión de la Directiva Marco del Agua, uno de los pilares regulatorios de la política hídrica europea. El objetivo es realizar una actualización “quirúrgica” que facilite la autonomía estratégica de la Unión, especialmente en sectores como la minería, considerados clave para el acceso a materias primas críticas.

Esta semana se ha lanzado una convocatoria pública de datos que permanecerá abierta durante cuatro semanas. El proceso busca recabar evidencias, especialmente del sector minero, sobre posibles obstáculos regulatorios derivados de la directiva actual, en particular en la obtención de permisos.

La revisión no supone, en principio, un cambio estructural de la normativa, pero sí abre el debate sobre cómo equilibrar la protección ambiental con las necesidades económicas y estratégicas de la UE. En este contexto, Bruselas plantea un enfoque más flexible para determinados proyectos considerados prioritarios.

Más allá de la normativa, la Comisión insiste en la necesidad de una gestión integrada del agua dulce y salada, así como en reforzar la cooperación entre países. Como ejemplo, destaca el Convenio de Albufeira entre España y Portugal, que regula el uso compartido de cinco cuencas hidrográficas y constituye un modelo de colaboración transfronteriza.

 

Un desafío social y ambiental creciente

 

El diagnóstico de la Comisión es claro: Europa se enfrenta a un problema estructural de acceso al agua. Actualmente, unos 22 millones de personas en la Unión Europea no disponen de acceso a agua potable en condiciones adecuadas. Las causas son diversas, desde la contaminación hasta la falta de infraestructuras o la situación de comunidades vulnerables, como algunos grupos nómadas.

Ante este escenario, Bruselas subraya que la solución no pasa únicamente por la tecnología o la regulación, sino también por la implicación social. “Es fundamental sacar el debate del agua fuera del círculo de expertos”, apuntan fuentes comunitarias, que consideran imprescindible que la ciudadanía participe en las decisiones.

El reto, advierten, implicará adoptar medidas complejas y, en algunos casos, impopulares. Por ello, la concienciación y la transparencia serán claves para garantizar el apoyo social a las políticas hídricas.

En línea con esta visión, la Comisión Europea ha fijado como objetivo mejorar la eficiencia en el uso del agua en un 10% de aquí a 2030. No obstante, deja margen a los Estados miembros para establecer metas específicas en función de sus circunstancias nacionales.

En definitiva, el mensaje de Bruselas es que la desalación seguirá siendo parte del futuro hídrico europeo, pero solo si evoluciona hacia modelos más sostenibles. Las “desaladoras 2.0” simbolizan ese cambio: instalaciones más eficientes, alimentadas por energías limpias y gestionadas de forma inteligente dentro de un sistema hídrico cada vez más complejo.