La Comisión Europea ha respaldado este martes en Bruselas un acuerdo con las autoridades nacionales de protección de los consumidores para unificar la aplicación de las nuevas normas comunitarias contra el ecopostureo o greenwashing, con el objetivo de que su entrada en vigor se produzca de manera homogénea en toda la Unión Europea y tenga en cuenta las dificultades de adaptación de las empresas.
Criterios comunes
El entendimiento, alcanzado en el marco de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), fija criterios comunes sobre cómo deberán actuar los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la directiva. La norma refuerza los requisitos para las declaraciones medioambientales y las etiquetas de sostenibilidad con el fin de evitar mensajes engañosos en las decisiones de compra.
El acuerdo pretende reforzar la confianza de los consumidores en las afirmaciones ambientales que acompañan a productos y servicios
Bruselas busca que la aplicación de la directiva sea coherente en todos los Estados miembro y que las empresas no afronten criterios distintos según el país en el que operen. Al mismo tiempo, el acuerdo pretende reforzar la confianza de los consumidores en las afirmaciones ambientales que acompañan a productos y servicios.
Adaptación empresarial
Las autoridades nacionales se comprometen a valorar las dificultades reales que puedan surgir durante el periodo de transición, como el volumen de productos ya fabricados, su vida útil o las limitaciones técnicas para adaptarlos a la nueva normativa. El objetivo es evitar costes innecesarios para las empresas cuando existan obstáculos debidamente justificados.
Además, el documento establece que, en estos casos, se priorizarán las actuaciones preventivas, como la emisión de orientaciones o aclaraciones a las empresas afectadas, antes de recurrir a medidas sancionadoras. Este enfoque busca facilitar una transición ordenada sin renunciar al control sobre posibles prácticas engañosas.
Entrada en vigor
La directiva debía ser incorporada por los Estados miembro a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes del 27 de marzo de 2026 y será aplicable a partir del 27 de septiembre. Desde esa fecha, las nuevas exigencias contra el greenwashing deberán desplegarse de forma coordinada en toda la Unión Europea.
La Comisión Europea respalda así una aplicación común de la norma, basada en criterios homogéneos, prioridad preventiva durante la adaptación empresarial y vigilancia sobre los mensajes medioambientales que puedan inducir a error a los consumidores.
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