El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 29 de septiembre, dos reales decretos ley de vivienda tras el acuerdo alcanzado a última hora por PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, que ha retrasado una hora el inicio de la reunión en La Moncloa.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los textos buscan defender “los intereses y los derechos de la ciudadanía” e incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030 y la renovación automática de los alquileres, esta última en un decreto independiente.
Qué incluyen los dos decretos
El primer decreto de vivienda amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. El borrador que manejaba el Gobierno el lunes por la tarde situaba esa fecha en 2028.
Este texto recoge también una prórroga de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, en las condiciones previstas por la norma.
Además, prohíbe hasta 2028 determinadas operaciones de compra de viviendas por fondos de inversión para paralizar las compras especulativas. El veto se define por la forma de adquirir la vivienda y no por la naturaleza jurídica del comprador: afecta a las compras por debajo del precio de mercado o en paquetes cuya única finalidad sea el lucro inmediato.
El decreto regula igualmente el alquiler de temporada y de habitaciones, que deberá contar con una causa que justifique su carácter temporal, para evitar que se utilice para eludir las condiciones de los contratos de vivienda habitual.
En el plano fiscal, incluye bonificaciones para propietarios e inquilinos vinculadas al alquiler, destinadas a quienes ingresen menos de 33.000 euros, y medidas para las Socimis que orienten su inversión a la vivienda asequible.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado además un IVA del 10% para los pisos turísticos, hoy exentos de este tributo. Es un porcentaje inferior al 21% que el Gobierno anunció para estas viviendas hace unos meses.
En vivienda pública, el decreto refuerza el modelo de Casa 47, activa mecanismos para ampliar el parque público y rebaja al tipo superreducido del 4% el IVA de las viviendas de promoción pública y protegidas.
El Gobierno activará también un mecanismo de financiación denominado ‘Tu Casa’ para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.
El segundo decreto se dirige específicamente a la estabilidad de los contratos de vivienda habitual e incorpora la renovación automática de los contratos, con salvaguardas ante determinadas circunstancias. Era la medida que llevaba desde el viernes exigiendo la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y, por extensión, Sumar.
Ambas normas, que el Gobierno ha calificado de “ambiciosas”, entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente este miércoles, y deberán ser convalidadas por el Congreso en un plazo de 30 días.
Negociación y apoyos en el Congreso
Los últimos escollos de la negociación pasaban por la exigencia de Sumar de incluir la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinas, que promueve la acampada de la Puerta del Sol.
El lunes, Sumar envió al PSOE una propuesta que recogía esas dos medidas y reforzar la protección frente a los desahucios, y había llegado a amenazar con un plantón en el Consejo de Ministros si no se aceptaban.
Finalmente, todos los integrantes del Ejecutivo han entrado a la reunión, que ha comenzado pasadas las 10.30 horas. No ha habido plantón de ministros de Sumar, como sí ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.
El socio minoritario consideraba entonces que las medidas eran poco ambiciosas y consiguió ampliarlas a base de presión. Sin embargo, aquel decreto decayó un mes después al no lograr los apoyos para ser convalidado en el Congreso.
La posibilidad de dividir las medidas en dos decretos, que se aprueban y convalidan por separado, se había planteado durante la negociación para facilitar la aprobación de las más urgentes, ya que en algunos aspectos resulta más complicado lograr el respaldo de otros grupos.
El Congreso prevé celebrar este viernes un pleno urgente en el que se convaliden o deroguen los dos decretos, según fuentes parlamentarias. El principal escollo para el Gobierno será reunir los apoyos suficientes en la Cámara.
PP y Vox han mostrado su rechazo al paquete. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la eficacia del decreto y ha defendido un aumento de la oferta, después de acusar el lunes al Gobierno de “fracasar” con la política de vivienda tras “ocho años perdidos”.
Junts mantiene una posición condicionada a la incorporación de algunas de sus propuestas, como las bonificaciones fiscales a los caseros y una mayor protección de los pequeños propietarios frente a la suspensión de los desahucios. La formación ha acusado a Sumar de “vetar la protección del pequeño propietario”, aunque mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo.
La renovación automática no cuenta con el apoyo de formaciones como PNV y Junts. El Gobierno necesita asegurar también el voto de Podemos, que había exigido eliminar la reforma de la Ley del Suelo, finalmente fuera del paquete.
Los ‘morados’ consideraban el primer borrador un “parche” del “todo insuficiente” y han aclarado que su voto en el Congreso irá ligado a la posición que adopte el Sindicato de Inquilinas.
La moratoria antidesahucios nació en 2020, en plena pandemia, y se fue prorrogando en sucesivos decretos dentro del llamado ‘escudo social’. Sin embargo, el Congreso rechazó su prórroga a principios de este año con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Estas formaciones argumentaron entonces que la moratoria podía favorecer situaciones de ocupación y morosidad y desincentivar la oferta de viviendas en alquiler.
Este mismo martes, el portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que se abre el periodo para negociar con los grupos la convalidación y se ha mostrado convencido de que habrá más iniciativas, que tienen que ser “útiles” para resolver el problema de la vivienda.
La acampada del ‘decreto Maricarmen’
El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su piso en el barrio del Retiro de Madrid ha despertado movilizaciones sociales que han culminado en una acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol, instalada desde la noche del sábado.
La comisión judicial ejecutó el desahucio el miércoles 23 de septiembre. Maricarmen residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, cuyo contrato de arrendamiento de renta antigua firmó su padre en 1956.
Fue su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa que, según denunció el Sindicato de Inquilinas, trató de incrementar su alquiler un 275%.
Urbagestión acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló después a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso de su defensa.
Este lunes, los representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, tras más de cuatro horas de reunión mediada por la EMVS Madrid, para que pueda regresar a la vivienda. Según la consejera delegada de la empresa municipal, Ana de Miguel, el pacto contempla un nuevo contrato de ocho años con una renta que no supere el 30% de sus ingresos netos.
El acuerdo está pendiente de que lo acepte la propia Maricarmen. Su abogada, Beatriz Duro, ha calificado de “histórico” que una persona pueda volver a su vivienda después de ejecutarse el lanzamiento y ha reclamado que estas soluciones lleguen antes de los desalojos.
“Las administraciones públicas tienen que ponerse a trabajar en las alternativas habitacionales antes de que se produzcan los desalojos forzosos”, ha defendido Duro. El primer decreto aprobado este martes amplía hasta 2030 la protección de las personas vulnerables que carecen de alternativa habitacional.
La marcha del sábado desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, tras la que comenzó la acampada, contó con 25.000 asistentes, según datos de la Delegación del Gobierno, bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’.
El llamado ‘decreto Maricarmen’ es un documento de peticiones presentado a los grupos parlamentarios que exige cuatro medidas fundamentales: contratos indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del “fraude” en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional.
Tras la aprobación, las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, han calificado de “vergüenza” que se separen las medidas en dos decretos y han exigido un único texto, “sin una sola coma cambiada”.
Racu ha acusado al Ejecutivo de practicar el “divide y vencerás” para que solo queden “migajas”. No obstante, han valorado “muy positivamente” la suspensión de los desahucios hasta 2030 y la prórroga de los alquileres, y confían en que los decretos se convaliden.
El Sindicato ha asegurado que la acampada continúa y ha convocado movilizaciones en todas las ciudades del país este fin de semana: “Esto solo acaba de empezar”.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, en el que le da 48 horas para disolver la acampada, y ha avisado de que, si no lo hace, emprenderá acciones judiciales.
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