La Fiscalía General del Estado (FGE) incoó en 2025 un total de 1.232 procedimientos judiciales por maltrato animal, frente a los 1.515 del año anterior, según la Memoria de la Fiscalía presentada durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo. Pese al descenso de procedimientos, las investigaciones aumentaron un 19,2 % y las condenas lo hicieron un 8 %, lo que refleja una evolución desigual de la actividad judicial vinculada a estos delitos.
Aumentan investigaciones y condenas
La Fiscalía incoó 366 diligencias de investigación por malos tratos contra animales domésticos, frente a las 307 registradas en 2024. Esta evolución contrasta con la reducción del número total de procedimientos judiciales abiertos por esta materia.
También crecieron las resoluciones condenatorias. Durante el ejercicio se dictaron 283 sentencias condenatorias, mientras que un año antes se habían contabilizado 262.
Por el contrario, descendió el número de escritos de acusación. La Fiscalía presentó 313 escritos por maltrato animal, un 11,3 % menos que los 353 del ejercicio precedente.
Las sentencias absolutorias también se redujeron ligeramente, hasta 58 resoluciones, frente a las 62 registradas en 2024.
Los datos forman parte del balance anual de la Fiscalía en materias relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo, el patrimonio histórico, la flora y la fauna, los incendios forestales y el maltrato animal, ámbitos en los que se concentran miles de diligencias y procedimientos judiciales.
Más actividad en urbanismo
En total, durante 2025 se incoaron 3.089 diligencias de investigación en el conjunto de estas materias. El área con mayor volumen fue urbanismo y ordenación del territorio, con 1.340 actuaciones, seguida del medio ambiente, con 462.
A estas cifras se sumaron 440 diligencias por incendios forestales, 378 relacionadas con delitos contra la flora y la fauna, 103 por patrimonio histórico y las correspondientes a malos tratos contra animales domésticos.
Del conjunto de diligencias contabilizadas, 1.493 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.271 terminaron archivadas.
La Memoria puntualiza que este balance incluye diligencias abiertas en 2024 y finalizadas en 2025, mientras que no incorpora aquellas iniciadas durante 2025 que continuaban en tramitación al finalizar el ejercicio.
En el ámbito judicial se incoaron 4.707 procedimientos. La mayor cifra correspondió a los malos tratos a animales domésticos, seguida de los 1.072 procedimientos por urbanismo y ordenación del territorio.
Los incendios forestales acumularon 942 procedimientos, mientras que los delitos contra la flora y la fauna sumaron 666. A ellos se añadieron 436 relacionados con patrimonio histórico y 359 por delitos contra el medio ambiente.
La Fiscalía presentó además 1.478 escritos de acusación en el conjunto de las materias analizadas. Urbanismo y ordenación del territorio concentró 624, mientras que flora y fauna acumuló 282 acusaciones.
Los incendios forestales dieron lugar a 117 escritos, los delitos contra el medio ambiente a 106 y el patrimonio histórico a 36, además de los correspondientes a los casos de maltrato animal.
Más de mil sentencias condenatorias
Durante 2025 se dictaron 1.087 sentencias condenatorias en el conjunto de estas materias. El mayor número correspondió a urbanismo y ordenación del territorio, con 359 resoluciones.
Los delitos contra la flora y la fauna dieron lugar a 280 condenas, mientras que por incendios forestales se dictaron 86. A estas se sumaron 45 por delitos contra el medio ambiente y 34 por patrimonio histórico, junto con las relativas a maltrato animal.
La Memoria recoge asimismo 221 sentencias absolutorias. Urbanismo y ordenación del territorio sumó 75, flora y fauna 40 e incendios forestales 20.
En los delitos contra el medio ambiente se dictaron 21 absoluciones, mientras que los relacionados con el patrimonio histórico acumularon siete.
La Fiscalía también volvió a reclamar una mayor vigilancia sobre la ejecución de las demoliciones vinculadas a construcciones ilegales, al considerar “imprescindible” reforzar el control de estas actuaciones.
Según la institución, restaurar el orden jurídico alterado por una construcción ilegal es “crucial”, por lo que los delegados de medio ambiente de las fiscalías deben asumir el seguimiento de las ejecutorias y reforzar las secciones cuando sea necesario.
Durante 2025 se llevaron a cabo 82 demoliciones, entre voluntarias y forzosas. La Fiscalía advierte, sin embargo, de que el dato podría ser superior, ya que no todas las memorias territoriales recogen esta información y persisten dificultades para controlar todas las ejecuciones.
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