Islandia ha rechazado en referéndum reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El 'No' se ha impuesto con el 52,8% de los votos (118.040) frente al 47,2% del 'Sí' (105.399) en la consulta celebrada el sábado 29 de agosto, cuyos resultados definitivos se publicaron el domingo.
La participación alcanza el 82,5%, la más alta desde las elecciones parlamentarias de 2009, un respaldo que ha llevado a la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, a confirmar que la adhesión “no avanzará” bajo su Gobierno. Las próximas elecciones están previstas para 2028.
La pesca decide el resultado
El resultado supone un vuelco sobre los pronósticos iniciales, que apuntaban a una ligera mayoría favorable a retomar el proceso. Una encuesta de Gallup del 27 de junio daba al 'Sí' un 52% frente al 48% entre quienes expresaban preferencia, y un sondeo de Maskína del 30 de julio situaba el apoyo en el 43,8%, con un 38,9% de rechazo y un 17,3% de indecisos.
La pregunta sometida a votación era una sola: si Islandia debe reanudar las conversaciones de adhesión con la Unión Europea. La consulta tiene carácter consultivo y no decidía el ingreso: un eventual tratado de adhesión habría exigido un segundo referéndum años después.
La política pesquera común ha sido el eje de la campaña. El sector marino aportó el 38,9% del valor de las exportaciones de bienes en 2025, según la oficina estadística islandesa Hagstofa Íslands, y entre un 8% y un 11% del PIB de forma directa, un peso que explica la resistencia a compartir la gestión de las cuotas con Bruselas.
El 'No' ha arrasado en los pueblos pesqueros del ámbito rural, donde el temor a ceder el control de las aguas ha pesado más que los argumentos económicos. Islandia sostuvo con Reino Unido las llamadas guerras del bacalao en el siglo XX precisamente para asegurar la explotación exclusiva de su caladero.
La victoria del rechazo implica que el electorado no ha confiado en las promesas de Frostadóttir y, sobre todo, del liberal ministro de Economía, Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar el sector pesquero ante cualquier concesión a la Unión.
Los partidarios del 'Sí' defendían que la pertenencia al bloque ayudaría a contener la inflación y los tipos de interés. El tipo de referencia del banco central islandés se sitúa en el 8%, frente al 2,25% del Banco Central Europeo, y la adopción del euro se planteaba como una vía de estabilidad para una moneda pequeña y volátil.
Del colapso bancario a Bruselas
La candidatura que ahora queda enterrada nació de una crisis financiera. Islandia solicitó el ingreso en julio de 2009, apenas unos meses después del hundimiento de sus tres grandes bancos –Landsbanki, Kaupthing y Glitnir– en octubre de 2008.
A diferencia de buena parte de Europa, el Gobierno islandés no rescató a sus entidades. El tamaño de los balances bancarios, muy superior al de la economía nacional, hacía materialmente imposible asumir sus deudas. Las entidades se dividieron en una parte sana y otra tóxica, se garantizaron los depósitos domésticos y se impusieron controles de capital.
La factura de esa decisión fue severa: el PIB se desplomó en torno a siete puntos en un año y la corona se devaluó cerca de un 80%. Los controles de cambio impuestos en plena emergencia no se levantaron hasta marzo de 2017, nueve años después.
El conflicto con los ahorradores extranjeros de Icesave, filial en línea de Landsbanki, derivó en dos referendos –marzo de 2010 y abril de 2011– en los que la población rechazó indemnizar a los depositantes británicos y neerlandeses. En enero de 2013, el Tribunal de la AELC dio la razón a Islandia.
El caso islandés se distingue además por su respuesta penal. En febrero de 2015, el Tribunal Supremo confirmó las mayores condenas por fraude financiero de la historia del país en el llamado caso Al-Thani: cinco años y medio de cárcel para Hreidar Már Sigurdsson, consejero delegado de Kaupthing; cuatro para el presidente del consejo, Sigurdur Einarsson; y cuatro años y medio para Magnús Gudmundsson, director de la filial luxemburguesa, y para el accionista Ólafur Ólafsson.
El balance global de aquella depuración alcanzó los 26 banqueros y financieros condenados y unos 74 años de prisión acumulados en octubre de 2015, según el recuento de la revista Iceland Magazine. La pena máxima por delitos financieros en el país es de seis años.
La responsabilidad política también pasó por los tribunales. Geir Haarde, primer ministro durante el colapso, fue el primer jefe de Gobierno del mundo procesado por la crisis financiera global. El Landsdómur –un tribunal especial para ministros que nunca antes se había reunido– lo condenó en abril de 2012 por un solo cargo, lo absolvió de los más graves y no le impuso pena alguna.
A medida que la economía se recuperaba, el entusiasmo europeísta se desinfló. Las conversaciones, abiertas en 2010, quedaron aparcadas tres años después, entre otros factores por la fricción sobre la política común de pesca, y en 2015 el Gobierno conservador comunicó a Bruselas que el país ya no se consideraba candidato.
Bruselas responde con perfil bajo
La reacción de las instituciones comunitarias ha sido deliberadamente contenida. La Comisión Europea se limitó a señalar que toma nota del resultado, que respeta la decisión de los islandeses y que Islandia sigue siendo un socio próximo, sin que su presidenta, Ursula von der Leyen, se pronunciara a título personal.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, intercambió mensajes con Frostadóttir y subrayó que la Unión respeta plenamente la decisión democrática. Ambos coincidieron en reforzar una relación que ya es estrecha: Islandia pertenece al Espacio Económico Europeo desde 1994, al espacio Schengen y a la EFTA.
El siguiente paso será decidir si el Ejecutivo islandés envía a Bruselas una solicitud formal que certifique el cierre del proceso. “Discutiremos con la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores sobre la mejor manera de cerrar este capítulo. No tenemos intención de tomar ninguna decisión definitiva al respecto”, ha indicado la primera ministra.
Frostadóttir ha defendido que el verdadero éxito es el propio referéndum. “Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80% del país votando”, ha declarado, y ha añadido que Islandia no puede celebrar una consulta sobre la Unión cada dos o tres años, aunque no ha descartado que el asunto vuelva a plantearse más adelante.
La primera ministra ha vinculado el resultado a la identidad del país. “No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años”, ha señalado, antes de apuntar que la lección es que la ciudadanía está satisfecha con el marco del EEE.
El revés llega en plena ofensiva europea en el Ártico. La comisaria de Ampliación, Marta Kos, había apuntado la semana pasada que Islandia podía ser miembro en 2028, y von der Leyen tiene previsto viajar a Groenlandia en septiembre. Las presiones de Donald Trump sobre la isla danesa y la incertidumbre sobre el compromiso de Washington con la OTAN habían empujado al Gobierno islandés a adelantar la consulta.
Para un país de unos 390.000 habitantes sin ejército propio y cuya defensa descansa en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, el mensaje de las urnas es que la inquietud geopolítica no basta para alterar el statu quo. La relación con la Unión no cambia: Islandia seguirá aplicando buena parte de la legislación comunitaria a través del mercado único sin asiento en las instituciones.
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