Greenpeace ha desplegado este jueves en la Plaza de Colón de Madrid una imagen gigante de Donald Trump vomitando petróleo sobre una fuente teñida de negro, junto al mensaje en inglés No oil, no war –No al petróleo, no a la guerra–, en una acción con la que reclama al Gobierno español un papel de liderazgo en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que arranca este viernes en Santa Marta, Colombia, y en la que más de 50 países comienzan a diseñar una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón.

 

Acción en Colón

 

La intervención de la organización ecologista ocupa una gran superficie del suelo de la plaza madrileña. La pancarta desplegada mide 15,5 metros de ancho por 40 metros de alto y muestra al expresidente estadounidense en una escena simbólica en la que vomita petróleo sobre una fuente ennegrecida.

Con esta acción, Greenpeace sitúa en el centro del debate la relación entre combustibles fósiles, guerra e inseguridad, al tiempo que vincula su protesta con la cita internacional de Santa Marta, donde los países participantes comenzarán a perfilar una estrategia común para dejar atrás el uso del carbón, el gas y el petróleo.

La organización resume ese mensaje en el lema “No oil, no war”, colocado junto a la imagen en la Plaza de Colón. A juicio de la entidad, la escena busca denunciar cómo los fósiles no solo agravan la crisis climática, sino que también están ligados a conflictos y a impactos directos sobre la población.

En ese marco, el responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla Miras, defiende que la situación actual evidencia el coste social y geopolítico de la dependencia energética. “No queremos ni petróleo ni guerras”, ha argumentado.

Zorrilla Miras sostiene además que lo que está ocurriendo en el Estrecho de Ormuz demuestra que los combustibles fósiles traen “inseguridad”, además de cambio climático, enfermedades y destrucción. En esa misma línea, critica que “las decisiones de tiranos energéticos como Trump o Putin salpiquen nuestras vidas”.

Para Greenpeace, frente a ese escenario, desengancharse de los combustibles fósiles constituye “el mejor escudo posible”. La organización presenta así la transición energética no solo como una respuesta ambiental, sino también como una medida de protección social y política ante las crisis asociadas al petróleo y al gas.

 

Presión al Gobierno

 

La protesta en Madrid tiene un destinatario político claro. Greenpeace pide al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe “con liderazgo” en la Conferencia de Santa Marta para intentar cerrar un acuerdo global orientado al abandono de los combustibles fósiles.

La organización no limita su reclamación al plano internacional. También exige la aprobación de medidas inmediatas en España, entre ellas el fin de las subvenciones a los fósiles y la puesta en marcha de nuevos impuestos a una industria que, según denuncia, “se llena los bolsillos” mientras la ciudadanía asume las consecuencias económicas, sociales y humanas de la guerra y del cambio climático.

Greenpeace plantea así una doble hoja de ruta: por un lado, un compromiso diplomático más firme por parte de España en la cita de Colombia; por otro, decisiones internas que refuercen ese mensaje y trasladen a la política nacional un mayor coste para la industria fósil.

La entidad considera que el Ejecutivo español debe aprovechar la conferencia para situarse entre los países que empujan una respuesta más ambiciosa frente a la dependencia del petróleo, el gas y el carbón. En ese contexto, enmarca sus demandas fiscales como una herramienta para corregir el desequilibrio entre los beneficios empresariales y los daños que, a su juicio, soporta la sociedad.

 

La hoja de ruta

 

De cara a la conferencia que comienza este viernes, Greenpeace cree que los más de 50 países, entre ellos España, deben fijarse una “meta clara”: impulsar un acuerdo global para abandonar los combustibles fósiles.

Ese eventual acuerdo, añade la organización, debe garantizar una transición justa, respetar los derechos humanos y escuchar la voz de la clase trabajadora, de las comunidades y de todos los países afectados. Greenpeace incorpora así a su planteamiento la dimensión social del proceso de transformación energética.

La organización defiende avanzar hacia un sistema energético más democrático, con mayor protagonismo ciudadano, capaz de distribuir mejor el poder y la riqueza y de mejorar el acceso a la energía. En su planteamiento, la transición no debe limitarse a sustituir unas fuentes por otras, sino también modificar la gobernanza del sistema.

En relación con la extracción de los minerales necesarios para esa transición, Greenpeace advierte de que deben evitarse los errores del extractivismo. Por ello, apuesta por reducir la demanda, priorizar el reciclaje y proteger tanto a las personas como a la naturaleza.

A juicio de la organización, la cita de Santa Marta también debe servir para impulsar planes estatales destinados a abandonar los combustibles fósiles. Junto a ello, reclama reforzar una financiación climática predecible y accesible, de modo que los países cuenten con herramientas suficientes para sostener el cambio de modelo.

Greenpeace suma a esa agenda el respaldo al nuevo Convenio Fiscal de Naciones Unidas, incluyendo impuestos ambientales a las corporaciones fósiles y a las grandes riquezas. La entidad vincula así la transición energética a una reforma de carácter fiscal e internacional.

Asimismo, plantea apoyar la aprobación del Tratado Mundial sobre Plásticos en 2026 y contribuir a un acuerdo global en la COP31 que acelere la transición más allá de los combustibles fósiles. Para la organización, la conferencia de Santa Marta debe convertirse en un paso político relevante dentro de un calendario internacional más amplio.

Con su acción en la Plaza de Colón, Greenpeace traslada a las calles de Madrid ese mensaje de presión política y urgencia climática. La lona gigante de Trump vomitando petróleo, la fuente teñida de negro y el lema “No oil, no war” condensan una denuncia que la organización dirige tanto a la comunidad internacional como al Gobierno español: que la respuesta a la crisis climática y a la inseguridad asociada a los fósiles pasa por acelerar su abandono y asumir compromisos concretos desde ahora.