Greenpeace ha celebrado este martes la absolución de los 11 activistas acusados de un delito de desórdenes públicos por bloquear la entrada de un buque gasero al Puerto de Sagunto el 26 de octubre de 2021, una acción de protesta contra los combustibles fósiles.
La organización considera que el fallo frena la “criminalización del activismo” y refuerza el derecho a la protesta pacífica. La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal ha recibido la decisión con “inmenso alivio y alegría”.
El fallo descarta violencia e intimidación
La magistrada de la Plaza 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València señala en la resolución que en los hechos no se aprecian “actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública”, en los términos exigidos para considerar que existe delito. Con ello, la sentencia descarta que la acción reúna los elementos del delito de desórdenes públicos por el que fueron acusados los 11 activistas.
El procedimiento afectaba a la protesta de Greenpeace contra los combustibles fósiles en el Puerto de Sagunto, una acción que la organización ha defendido durante el procedimiento como ejercicio de la protesta pacífica.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha recibido la decisión con “inmenso alivio y alegría”, aunque ha insistido en que el proceso “nunca” debería haber llegado hasta este punto.
Saldaña ha destacado que los activistas han soportado cinco años de incertidumbre por participar en una protesta pacífica contra los combustibles fósiles y ha considerado la absolución “una victoria colectiva” para la defensa del derecho a manifestarse.
Cinco años de proceso judicial
Greenpeace ha subrayado que los activistas han recibido “con emoción” una sentencia que pone fin, a falta de posibles recursos, a más de cinco años de proceso e incertidumbre judicial.
La Fiscalía había solicitado inicialmente cinco años de prisión para cada uno de los acusados y posteriormente redujo su petición a dos años y seis meses.
Greenpeace mantuvo durante el procedimiento que los hechos no constituían delito y que la causa afectaba al ejercicio de la protesta pacífica, un planteamiento que ahora respalda el fallo de la magistrada.
La organización también hizo frente a sanciones económicas por valor de 160.000 euros, que ha calificado de “abusivas”.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, también ha celebrado la absolución y ha señalado que seguirá atenta a las estrategias que puedan perjudicar el derecho a la protesta.
La intervención de la relatora se suma a la de la organización, que sostiene que el fallo frena la “criminalización del activismo” y refuerza el derecho de las personas a expresar de forma pacífica su protesta, un criterio que la propia Greenpeace espera que se mantenga si la sentencia llega a ser firme.
Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de la organización se ancló junto a la planta de regasificación de Enagás para impedir la entrada de un buque procedente de Estados Unidos con 138.000 metros cúbicos de gas licuado.
Los activistas pintaron en un lado del buque el lema “NO + GAS”, mientras un escalador se encaramó al ancla para ejercer una resistencia pasiva, según informó entonces la organización en un comunicado. La acción tuvo lugar a menos de una semana del inicio de la cumbre del clima de Glasgow, en un momento en que Greenpeace denunciaba la dependencia de España del gas fósil.
Piden que el Fiscal no recurra
La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez, ha defendido que la resolución confirma la posición mantenida por la organización durante estos años: “Protestar pacíficamente no es delito”.
A su juicio, el fallo debe establecer un “criterio inequívoco” sobre el derecho fundamental a la protesta, que “no puede ceder ante las meras molestias o incomodidades que pueda generar su ejercicio legítimo”.
Díez también ha sostenido que juzgados y policía deben garantizar este derecho y no obstaculizarlo, de modo que su ejercicio pacífico no encuentre trabas por parte de las instituciones. A juicio de la responsable jurídica, la resolución debe servir como referencia para que las molestias o incomodidades que pueda generar una protesta legítima no se conviertan en motivo de sanción penal.
Greenpeace confía ahora en que el Ministerio Fiscal no presente recurso y permita que la sentencia adquiera firmeza, lo que pondría fin definitivamente a un proceso que ha durado más de cinco años.
“La protesta pacífica es una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos y nuestro futuro”, ha señalado Saldaña, que ha asegurado que la organización seguirá “alzando la voz y actuando cada vez que haga falta”.
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