El Govern catalán aprobó esta semana una declaración institucional en la que alerta de la "emergencia climática y ambiental", y se comprometió a hacer políticas para mitigar los efectos del cambio climático.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, reivindicó que con esta declaración la Generalitat se "une a las instituciones políticas de todo el mundo" que también han aprobado declaraciones similares. De momento, en Europa lo han hecho los parlamentos británico e irlandés y el gobierno escocés, además de varias decenas de ciudades de los cinco continentes. 

El primer legislativo en hacerlo, el de Londres, alertaba recientemente en su moción del “devastador impacto” del cambio climático en la producción de alimentos y su influencia en catástrofes como inundaciones o incendios forestales, así como constataba la “alarmante tendencia” de destrucción de la biodiversidad y extinción de especies. El texto reclama que el Reino Unido se fije un objetivo de emisiones cero de gases de efecto invernadero para 2050

En su declaración, el ejecutivo catalán plantea unos compromisos que deben conllevar acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático. Entre ellos, destaca que el Govern debe priorizar en sus políticas públicas "las opciones con menor impacto climático y mayor contribución a la adaptación a las condiciones derivadas del cambio climático".

Asimismo, declarará como instalaciones de "interés territorial estratégico" las instalaciones fotovoltaicas que utilicen sistemas de captación de energía fotovoltaica avanzados y eficientes.

También se compromete a elaborar una estrategia territorial para implantar instalaciones de energía renovable, principalmente eólica y fotovoltaica, para desarrollar la "transición energética en Cataluña" y cumplir con los objetivos de la Ley del cambio climático que aprobó el Parlament.

Retraso en eólica y fotovoltaica

El Gobierno catalán se compromete a derogar o modificar el decreto autonómico de implantación de las energías renovables (aprobado en el 2009 por el gobierno tripartito PSC-ERC-IC), que nunca se llegó a aplicar. El objetivo será flexibilizar y simplificar los criterios para favorecer las renovables. Desde 2013 no se ha inaugurado ningún parque eólico (excepto el molino Viure de l’Aire del Cel, de iniciativa ciudadana) y la energía fotovoltaica experimenta un notable retraso respecto a otros territorios.

En otro de los compromisos, el Ejecutivo catalán apuesta por revisar la legislación catalana vigente para detectar las normas que favorezcan la emisión de gases con efecto invernadero y que supongan dificultades para combatir el cambio climático. Además, instará al Parlament a celebrar cada año un pleno monográfico sobre el cambio climático y su afectación en Cataluña.

Con esta declaración, el Govern afirma recoger el sentir de las movilizaciones sociales que reclaman medidas contra el cambio climático, como las que llevan a cabo los viernes estudiantes de todo el mundo que siguen el ejemplo de la adolescente sueca Greta Thunberg. “Nos sentimos acompañados por este movimiento social mientras que otras veces hemos tenido una oposición que nos ha impedido avanzar, como ha sucedido con la implantación de los parques eólicos”, afirmó Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.