Casi un millón de niños y adolescentes en España han vivido en hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al cierre de diciembre de 2025, según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La estadística ha reflejado que el IMV ha llegado a 799.553 hogares, en los que conviven en total 2.441.647 personas, de las cuales 993.843 son menores de edad, lo que representa el 40,7% del total de beneficiarios.
El análisis de la cifra evidencia que más de dos tercios de las unidades familiares con IMV han tenido al menos un menor en su núcleo convivencial, una proporción que denota la importancia de esta prestación como herramienta contra la pobreza que afecta especialmente a la infancia.
En este contexto, 134.672 hogares beneficiarios han sido monoparentales, un dato que pone de relieve las dificultades estructurales a las que se enfrentan las familias encabezadas por un solo progenitor o progenitora.
El papel central del IMV y el complemento para la infancia
La prestación básica del IMV ha supuesto en diciembre una cuantía media de 483,1 euros por hogar mensuales, y en conjunto la nómina del IMV ha ascendido a 412 millones de euros solo en el último mes del año pasado.
Además del IMV, un instrumento clave ha sido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que ha reforzado la cobertura en 563.272 hogares con menores. Este complemento proporciona una ayuda adicional por cada hijo o hija a cargo, con importes que varían según la edad del menor: 115 euros al mes para niños de 0 a 3 años, 80,5 euros entre los 3 y 6 años, y 57,5 euros entre los 6 y 18 años.
Este complemento puede percibirse de forma independiente al IMV, porque cuenta con umbrales de renta más amplios que permiten a más familias con ingresos inferiores a ciertos límites optar a este apoyo económico.
Según el Ministerio, la combinación del IMV con el CAPI ha conseguido ampliar significativamente la red de protección social frente a la pobreza infantil, al incluir a unidades familiares que, en otros sistemas de protección, habrían quedado fuera por exceder ligeramente los umbrales de renta.
El aumento de hogares beneficiarios del IMV también se ha traducido en un crecimiento interanual de prestaciones activas: al término de 2025, ha habido 125.824 prestaciones más que un año antes, lo que supone un incremento del 18,7% en hogares protegidos, similar al incremento del 19,2% en el número de beneficiarios desde diciembre de 2024.
Perfiles de beneficiarios y respuestas institucionales
La distribución por género de los beneficiarios ha revelado que el 68% de los titulares del IMV y el 53,5% de los beneficiarios han sido mujeres, un indicativo del papel predominante que desempeñan las mujeres tanto en la solicitud como en la percepción de esta prestación.
La edad media de beneficiarios también ha sido un foco de análisis: los titulares han registrado una media de 28,4 años, mientras que si se excluyen los titulares, la edad de los beneficiarios ha descendido a 20,1 años, lo que pone de manifiesto la presencia significativa de jóvenes dentro de estas unidades de convivencia.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado que se han introducido mejoras específicas orientadas a facilitar el acceso de los jóvenes cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo reduciendo de tres a dos años el período de vida independiente necesario para acceder al IMV a menores de 30 años.
Asimismo, las autoridades han subrayado que, en 2026 se va a revalorizar la cuantía del IMV en un 11,4%, muy por encima del índice de precios al consumo (IPC), como parte del Real Decreto-ley de revalorización de prestaciones del sistema de la Seguridad Social y otras prestaciones públicas, con el objetivo de reforzar la suficiencia económica de estas ayudas.
La ministra ha manifestado que la lucha contra la pobreza severa, y en particular la infantil, constituye una prioridad para el Gobierno, y que el IMV juega un papel fundamental para garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad puedan transitar hacia situaciones de mayor estabilidad económica.
La expansión del IMV desde su puesta en marcha en 2020 ha reflejado la consolidación de esta prestación como una herramienta de protección social en España, con más de 3,4 millones de personas alcanzadas desde entonces. Su impacto más notable ha sido, precisamente, en la infancia y adolescencia, donde la incorporación de casi un millón de menores en hogares beneficiarios supone tanto un desafío como una oportunidad para las políticas de inclusión social.
A medida que se implementan mejoras y se amplían los mecanismos de apoyo económico, el debate público y político en torno al IMV continúa, con un enfoque claro en combatir la desigualdad y reducir la pobreza infantil en España.
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