La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado completamente a la legislación nacional las nuevas normas europeas destinadas a combatir el denominado greenwashing o ecopostureo, reforzar la protección de los consumidores y mejorar la información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos. El expediente sancionador comienza con el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español, que dispone ahora de dos meses para responder y notificar a Bruselas la transposición completa de la directiva.
Nuevas obligaciones europeas
En concreto, los servicios comunitarios reprochan a España no haber comunicado la incorporación íntegra de la Directiva (UE) 2024/825, cuyo plazo límite venció el pasado 27 de marzo de 2026. La normativa forma parte de la estrategia europea para reforzar los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas relacionadas con alegaciones ambientales.
La directiva busca aumentar la transparencia de las declaraciones medioambientales utilizadas por las empresas y limitar prácticas consideradas engañosas, como el uso de etiquetas ecológicas sin certificación o afirmaciones genéricas sobre sostenibilidad sin pruebas verificables.
Además, las nuevas reglas pretenden facilitar que los consumidores puedan tomar decisiones de compra más informadas mediante el acceso a datos claros sobre la durabilidad de los productos, su capacidad de reparación y los derechos vinculados a la garantía legal.
La Comisión Europea considera que estas medidas son esenciales para avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible y para evitar que las empresas utilicen mensajes ambientales ambiguos o engañosos como herramienta comercial.
Más países afectados
Junto a España, Bruselas ha abierto también procedimientos de infracción por el mismo motivo contra otros 20 Estados miembros de la Unión Europea. Entre ellos figuran Bélgica, Francia, Portugal, Países Bajos, Austria, Polonia, Suecia o Finlandia, además de países como Grecia, Estonia, Croacia o Luxemburgo.
La apertura simultánea de expedientes refleja que varios gobiernos europeos no han completado todavía la adaptación de sus legislaciones nacionales a las nuevas exigencias comunitarias dentro del plazo establecido.
El procedimiento iniciado este jueves constituye la primera fase formal de un expediente sancionador comunitario. En esta etapa, la Comisión solicita información a los Estados afectados y les ofrece la posibilidad de corregir el incumplimiento antes de avanzar hacia medidas más severas.
Según el procedimiento habitual de la UE, los países expedientados deben responder a la carta de emplazamiento dentro del plazo fijado y explicar las medidas adoptadas para ajustarse a la normativa europea.
Riesgo de sanciones
Si Bruselas considera insuficiente la respuesta española o constata que persiste el incumplimiento, podrá avanzar a la siguiente fase mediante el envío de un dictamen motivado, considerado el último paso previo a acudir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En caso de que el tribunal confirme el incumplimiento y España no adopte posteriormente las medidas exigidas, la Comisión podría solicitar la imposición de sanciones económicas.
La directiva ahora cuestionada también incorpora medidas dirigidas a combatir la obsolescencia prematura de los productos, una práctica que la UE considera perjudicial tanto para los consumidores como para los objetivos ambientales europeos.
Entre otros aspectos, la normativa pretende impedir informaciones comerciales que oculten limitaciones sobre la vida útil de los productos o que dificulten conocer sus posibilidades de reparación. Bruselas considera que mejorar esta información puede contribuir a reducir residuos y fomentar patrones de consumo más sostenibles.
La Comisión Europea mantiene desde hace años una estrategia más amplia para reforzar la regulación de las alegaciones ambientales en el mercado europeo y evitar que empresas o fabricantes utilicen mensajes ecológicos sin respaldo científico o técnico suficiente.
Con esta iniciativa, las instituciones comunitarias buscan reforzar la confianza de los consumidores en las etiquetas ambientales y garantizar una competencia más equitativa entre empresas que sí cumplen criterios sostenibles verificables y aquellas que recurren al denominado ecopostureo como estrategia de marketing.
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