La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por WWF contra la orden de deslinde de Doñana, aprobada el 10 de octubre de 2025 por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en las marismas del espacio natural. La decisión se produce este miércoles 22 de abril y se suma al recurso previamente interpuesto por la Junta de Andalucía, también admitido por el mismo tribunal.

 

Oposición al deslinde

 

La organización conservacionista ha señalado que la oposición al deslinde no es aislada, sino que cuenta con el respaldo de diversos organismos del Estado y entidades científicas. Entre ellos figuran la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la propia Junta de Andalucía, la dirección del Espacio Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Hinojos, todos ellos contrarios a la delimitación propuesta por el Gobierno.

WWF sostiene que el planteamiento del deslinde implica una reinterpretación de la naturaleza de las marismas, al considerar que aproximadamente dos tercios del área actual serían terrenos mareales. Según la organización, este enfoque contradice el conocimiento acumulado durante décadas sobre el funcionamiento del ecosistema.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha afirmado que resulta “sorprendente” tener que defender que Doñana es una marisma de agua dulce, subrayando que los estudios científicos coinciden en que se trata de humedales de origen pluvio-fluvial. En este sentido, ha advertido de que la propuesta del Ministerio podría acarrear consecuencias ecológicas irreversibles.

 

Debate científico y técnico

 

Uno de los puntos centrales de la controversia se sitúa en la denominada Montaña del Río, una elevación paralela al río Guadalquivir. Desde la Dirección de Costas se sostiene que esta formación fue creada artificialmente en 1983, mientras que WWF y organismos como el CSIC defienden su origen no artificial, aunque reconocen intervenciones de restauración por erosión.

Este desacuerdo técnico se inserta en un debate más amplio sobre la gestión hidrológica del espacio natural. Según WWF, el deslinde ha sido adoptado “al margen y en contra” del criterio mayoritario del Consejo de Participación de Doñana, lo que obligaría a reinterpretar la gestión del Parque Nacional.

Entre los riesgos señalados, la organización advierte de la posible entrada de agua salada en zonas de agua dulce, lo que podría comprometer los esfuerzos de conservación desarrollados durante décadas. Esta alteración afectaría a algunos de los ecosistemas más valiosos y protegidos del enclave.

Además, más de 270 científicos y científicas se han pronunciado en contra del deslinde, alertando de que la medida contradice el consenso científico existente sobre el funcionamiento de Doñana. Según estos expertos, la decisión podría provocar la pérdida de humedales de agua dulce y una alteración profunda del ecosistema, con consecuencias calificadas como irreversibles.

 

Posición del Gobierno

 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, fuentes oficiales han precisado que la Audiencia Nacional no ha suspendido la orden de deslinde, pese a la admisión a trámite del recurso. El tribunal, según indican, todavía no se ha pronunciado sobre la medida cautelar de suspensión solicitada por WWF.

El Gobierno ha adelantado que se opondrá a dicha suspensión cautelar, al igual que ya ha hecho con los recursos presentados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Hinojos en el mismo proceso. De este modo, el Ejecutivo defiende la validez de la orden ministerial mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Por su parte, WWF ha pedido al Ministerio que “escuche a la ciencia” y desista de la propuesta actual. La organización considera que el deslinde podría derivar en un largo conflicto judicial y retrasar proyectos clave para la recuperación de la biodiversidad en Doñana.

En este contexto, Del Olmo ha reclamado la apertura de un nuevo procedimiento basado en el consenso científico, que tenga en cuenta el conocimiento acumulado sobre la ecología y el funcionamiento de la marisma. A su juicio, solo así se evitarán impactos negativos sobre un espacio natural considerado de alto valor ambiental y protegido por normativa nacional e internacional.

El proceso judicial queda ahora abierto con la admisión a trámite de los recursos, en un escenario marcado por la discrepancia entre administraciones, científicos y organizaciones ecologistas sobre el futuro del deslinde en uno de los enclaves naturales más relevantes de España.