La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) ha solicitado este martes, 27 de octubre, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que obliga a la Xunta a restablecer la protección ambiental de los terrenos donde se proyectaba construir la fábrica de celulosa de Altri. La entidad ha dado este paso después de que hayan transcurrido seis meses desde que la resolución adquirió firmeza, en abril de 2026, sin que el Gobierno gallego la haya ejecutado voluntariamente.
Una sentencia favorable a ADEGA
La Xunta aprobó en 2024 la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde (EIV) y eliminó la protección prevista inicialmente para el territorio donde se pretendía instalar la fábrica de Altri
El conflicto se remonta a 2024, cuando la Xunta aprobó la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde (EIV) y eliminó la protección prevista inicialmente para el territorio donde se pretendía instalar la fábrica de Altri.
Según ADEGA, esta modificación se realizó sin aportar ninguna justificación y tenía como finalidad facilitar la construcción de la instalación industrial en una zona que alberga hábitats prioritarios y especies amenazadas.
La organización sostiene que el proyecto no habría podido desarrollarse en los términos previstos si los terrenos hubieran mantenido su consideración inicial como zona de amortiguamiento, una figura contemplada en la propuesta de la estrategia sometida a información pública.
Ante esta decisión, ADEGA presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden que aprobaba la estrategia modificada.
En febrero de 2026, el TSXG estimó el recurso mediante la sentencia 00060/2026 y condenó a la Xunta a recuperar la consideración de zona de amortiguamiento para el área afectada por el proyecto industrial
En febrero de 2026, el TSXG estimó el recurso mediante la sentencia 00060/2026 y condenó a la Xunta a recuperar la consideración de zona de amortiguamiento para el área afectada por el proyecto industrial.
El tribunal consideró que la actuación del Gobierno gallego era contraria al principio de no regresión ambiental, que impide reducir injustificadamente los niveles de protección del medioambiente.
Además, calificó de contradictoria y sumamente extraña la decisión administrativa de modificar la protección del territorio sin explicar ni justificar el cambio de criterio.
La resolución obligaba, por tanto, a restablecer las condiciones de protección que figuraban en la versión de la Estrategia de Infraestructura Verde sometida inicialmente a información pública.
Consecuencias para la fábrica de Altri
Para ADEGA, el cumplimiento de la sentencia tiene consecuencias directas sobre la viabilidad ambiental del proyecto de celulosa, puesto que los terrenos recuperarían una protección que no se había tenido en cuenta durante su evaluación.
La organización considera que la resolución judicial cuestiona la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la Administración autonómica había concedido a la instalación.
Según su interpretación, esta declaración se emitió sin contemplar las restricciones ambientales correspondientes a la consideración de zona de amortiguamiento que debía mantenerse en el territorio.
En consecuencia, ADEGA sostiene que la ejecución forzosa del fallo implicaría que la declaración ambiental incurriera en un vicio de nulidad, lo que dejaría a Altri sin el aval ambiental necesario para construir la fábrica en ese emplazamiento si se intentara retomar el proyecto.
La entidad distingue así entre la sentencia que obliga a recuperar la protección del territorio y los efectos que, a su juicio, tendría su cumplimiento sobre la autorización ambiental de la instalación.
La sentencia adquirió firmeza en abril de 2026, pero, según denuncia ADEGA, la Xunta no ha adoptado las medidas necesarias para ejecutarla voluntariamente.
Por este motivo, una vez transcurridos seis meses, la asociación ha decidido solicitar su ejecución forzosa, con el objetivo de que se restablezca la protección ambiental reconocida judicialmente.
La organización insiste en que el fallo anula la modificación introducida por la Administración autonómica y obliga a recuperar las condiciones inicialmente previstas para el territorio.
Críticas a la reforma legislativa
ADEGA también denuncia que la Xunta pretende introducir cambios en la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia
ADEGA también ha denunciado que la Xunta pretende introducir cambios en la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia mediante la normativa que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2027.
La asociación considera que esta iniciativa busca eludir los efectos de la sentencia del TSXG sobre la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde.
En concreto, señala que la reforma modifica varios artículos de la Ley 1/2021 para alterar la forma en que los espacios incluidos en la estrategia adquieren protección dentro de los instrumentos de ordenación territorial.
Según explica, con la regulación anterior, los espacios identificados en la Estrategia de Infraestructura Verde debían incorporarse directamente a los instrumentos de ordenación del territorio, con sus correspondientes características y condiciones.
Sin embargo, la modificación propuesta introduce un requisito adicional: que los espacios sean objeto de una selección y declaración formal por parte de la Xunta para quedar integrados en la infraestructura verde de Galicia.
La Administración autonómica tendría capacidad para decidir qué terrenos quedan finalmente protegidos
ADEGA advierte de que este cambio supondría sustituir la protección derivada de su inclusión en la estrategia por un sistema en el que la Administración autonómica tendría capacidad para decidir qué terrenos quedan finalmente protegidos.
A juicio de la organización, esta modificación permitiría reducir el alcance práctico de la sentencia que obliga a restablecer la protección del territorio previsto para la fábrica de Altri.
La asociación relaciona esta iniciativa con otros cambios legislativos impulsados por el Gobierno gallego que, según su interpretación, buscan facilitar la nueva tramitación de proyectos afectados por decisiones judiciales, entre ellos determinadas instalaciones eólicas paralizadas cautelarmente.
Acusa a la Xunta de intentar utilizar su capacidad legislativa para neutralizar resoluciones judiciales desfavorables a determinadas actuaciones administrativas
En este sentido, acusa a la Xunta de intentar utilizar su capacidad legislativa para neutralizar resoluciones judiciales desfavorables a determinadas actuaciones administrativas.
ADEGA considera que esta práctica plantea un problema relacionado con la separación de poderes y el control judicial de las decisiones del Ejecutivo autonómico.
La entidad también vincula la reforma con la posibilidad de que se reactive el proyecto industrial de Altri en el futuro. En particular, advierte de que una eventual llegada del PP y Vox al Gobierno central, acompañada de modificaciones en la planificación eléctrica, podría favorecer un nuevo intento de impulsar la fábrica.
Se trata de una posibilidad planteada por la propia organización ecologista, que expresa su preocupación ante una eventual reactivación administrativa del proyecto.
Por último, ADEGA ha trasladado sus críticas a la actuación de la Xunta y ha manifestado su intención de mantener la oposición al proyecto de Altri si vuelve a tramitarse.
La entidad insiste en que la sentencia del TSXG debe cumplirse y que los terrenos afectados deben recuperar la protección ambiental que tenían reconocida en la propuesta inicial de la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde.
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