La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves, 12 de noviembre, el decreto ley con un amplio abanico de medidas de vivienda, pero ha derogado el Real Decreto-ley 28/2026, impulsado por Sumar, que contemplaba la renovación automática de los alquileres.
El decreto rechazado obligaba además al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato. Oxfam Intermón, CCOO y UGT han criticado el rechazo y han pedido que la vivienda sea prioritaria en la próxima legislatura.
El decreto que sí sale adelante
El texto convalidado reúne un amplio paquete de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda. Tanto los sindicatos como Oxfam Intermón han valorado su aprobación, aunque con reservas.
Entre las medidas figuran, según han detallado CCOO y UGT, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones y la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
El decreto incorpora también mayores derechos para las personas arrendatarias, límites a determinadas compras especulativas y medidas fiscales sobre viviendas vacías y alojamientos turísticos. Los sindicatos han valorado igualmente la protección permanente del parque público y los nuevos instrumentos para ampliar la vivienda asequible.
La aprobación de este decreto es una buena noticia y un paso importante para reconocer que la vivienda tiene una función social y debe protegerse frente a la especulación
ALEJANDRO GARCÍA-GIL, responsable de vivienda de Oxfam Intermón
Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón, ha valorado que haya salido adelante un decreto que refuerza la función social de la vivienda. La organización ha defendido que "la aprobación de este decreto es una buena noticia y un paso importante para reconocer que la vivienda tiene una función social y debe protegerse frente a la especulación".
Según los cálculos de Oxfam Intermón, cerca de 1,9 millones de contratos de alquiler, que afectan a unos cinco millones de personas, podrían beneficiarse de la prórroga extraordinaria, y más de 120.000 personas podrán seguir amparadas por mecanismos legales frente a los desahucios.
La organización sostiene que las medidas protegen al inquilinato sin perjudicar a los pequeños propietarios, para quienes se habilitaban mecanismos de compensación ante impagos e incentivos fiscales.
Algunas disposiciones tienen vigencia limitada. Las restricciones a determinadas compras especulativas se extenderán hasta finales de 2030, al igual que parte de la protección frente a los desahucios, mientras que la prórroga extraordinaria de los alquileres, que llega hasta finales de 2028, también es temporal.
CCOO y UGT han considerado que estos avances son "importantes, pero insuficientes". Han advertido de que parte de su eficacia depende de la declaración autonómica de zonas tensionadas y de que los incentivos fiscales requieren mayor progresividad, y han reclamado reforzar los registros, la inspección y las sanciones.
Oxfam alerta del sobreesfuerzo
Oxfam Intermón ha alertado de que el rechazo a la renovación automática podría empujar a cerca de 1 millón de inquilinos más a una situación de sobreesfuerzo económico en 2029, es decir, a destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
Según sus estimaciones, si al finalizar la prórroga extraordinaria, a finales de 2028, los contratos tuvieran que renovarse a precios de mercado, el número de inquilinos en esa situación podría pasar de 2,3 millones en 2025 a más de 3,3 millones en 2029. El porcentaje de población inquilina con alquiler a precio de mercado que soportaría sobreesfuerzo aumentaría así del 27,7% al 39,3%.
La organización ha advertido también de que más de cinco millones de personas arrendatarias podrían quedarse sin una solución estable cuando finalice la prórroga extraordinaria.
Cataluña, con cerca de 1,2 millones de personas potencialmente afectadas; la Comunidad de Madrid, con algo más de un millón, y la Comunidad Valenciana, con cerca de 600.000, serían los territorios con mayor población inquilina expuesta a una renovación en condiciones de mercado.
No podemos normalizar que el vencimiento de un contrato coloque a tantas familias ante la disyuntiva de asumir una subida que no pueden pagar o abandonar su vivienda
ALEJANDRO GARCÍA-GIL, responsable de vivienda de Oxfam Intermón
García-Gil ha advertido de que "no podemos normalizar que el vencimiento de un contrato coloque a tantas familias ante la disyuntiva de asumir una subida que no pueden pagar o abandonar su vivienda". Ha añadido que "detrás de estas cifras hay personas que pueden verse obligadas a dejar su barrio, alejarse de sus redes de apoyo o renunciar a otros gastos esenciales para mantener un techo".
Una persona que firmó su contrato en 2022 y tuviera que renovarlo hoy a precio de mercado afrontaría un incremento del alquiler del 31%. Si tuviera que hacerlo en enero de 2029, la subida podría alcanzar el 48%, según las proyecciones de Oxfam Intermón.
Esas proyecciones parten de unos precios de oferta que pasaron de 11,0 euros por metro cuadrado en septiembre de 2022 a 15,1 en septiembre de 2026, un 37,3% más, y de una subida anual del 5,6% hasta 2029, conforme al último dato interanual disponible.
En el conjunto de España viven en alquiler a precio de mercado 3,27 millones de hogares, el 16,7% del total, lo que equivale a unos 8,4 millones de personas, el 17,4% de la población, según los datos territoriales de la organización.
La propia organización precisa que se trata de una medida de exposición, no de una predicción. Parte del supuesto de que todos los contratos duran cinco años y de que los ingresos de los hogares crecen un 3% anual, y no incluye mudanzas ni renegociaciones por debajo del precio de mercado, por lo que el cálculo supone una cota máxima.
Los cálculos emplean la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), con ingresos de 2024, y miden el sobreesfuerzo con el criterio del Banco de España, que lo fija en un alquiler superior al 30% de la renta neta.
Oxfam Intermón ya había documentado el peso de la vivienda en otros informes. Cuando trabajar no es suficiente concluye que el coste de la vivienda ha empujado a 770.000 personas trabajadoras más a la pobreza y eleva el total a cerca de 3 millones, mientras que La vivienda, cimiento de desigualdades recoge que el 61% de las personas inquilinas no consigue ahorrar después de pagar el alquiler.
Un tercer informe, Habitar la incertidumbre. Vivienda, juventud y malestar estructural, elaborado con el Consejo de la Juventud de España y Fad Juventud, concluye que la incidencia de mala salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% de sus ingresos a la vivienda frente a quienes dedican menos del 30%.
Reacciones al rechazo del decreto
CCOO y UGT han criticado el rechazo de la Diputación Permanente al decreto de las prórrogas automáticas y han pedido al próximo Gobierno, que surja de las elecciones generales del 29 de noviembre, que sitúe la vivienda entre las primeras prioridades de la nueva legislatura, con independencia de su composición.
Los sindicatos han lamentado que sigan existiendo fuerzas políticas dispuestas a "bloquear medidas necesarias para dar estabilidad y seguridad a la mayoría de los hogares". También han lamentado que la movilización del 11 de noviembre no haya servido para modificar la posición del PNV, especialmente después de la respuesta social registrada en España y, "singularmente en Euskadi".
Ambos sindicatos han considerado que la huelga general y las manifestaciones posteriores mostraron que el acceso a una vivienda digna es una preocupación central de la clase trabajadora y de la mayoría social. Por ello, han señalado que impedir la convalidación apenas 24 horas después supone "dar la espalda a ese mensaje de la sociedad".
Han advertido de que la no convalidación resulta "particularmente preocupante", al entender que habría supuesto un cambio estructural en favor de una "mayor estabilidad del alquiler", "prolongando las relaciones contractuales" y dificultando que el simple vencimiento del contrato pudiera utilizarse para "expulsar" a las personas inquilinas y volver a colocar las viviendas en el mercado a precios "muy superiores".
Asimismo, han criticado las posiciones del PP, Vox y Junts y han denunciado la "insensibilidad política" que, en su opinión, supone rechazar reiteradamente instrumentos destinados a limitar la especulación, proteger a las personas inquilinas y reforzar la función social de la vivienda. Según han afirmado, esas posiciones favorecen un modelo basado en el rentismo y el peso creciente de grandes inversores y fondos buitre.
Después de la respuesta social del 11 de noviembre, persistir en el bloqueo o en la defensa de un mercado sometido a la lógica de la rentabilidad privada sería una grave irresponsabilidad política
CCOO Y UGT, en un comunicado conjunto
De cara a la próxima legislatura, CCOO y UGT han reclamado una regulación que garantice la estabilidad de los contratos de alquiler, el despliegue completo de las medidas aprobadas y la ampliación sostenida del parque público de protección permanente, con una inversión pública de al menos el 1% del PIB. También han pedido frenar la especulación y el uso abusivo de los alquileres temporales y turísticos y reforzar la capacidad pública de inspección y control. "Después de la respuesta social del 11 de noviembre, persistir en el bloqueo o en la defensa de un mercado sometido a la lógica de la rentabilidad privada sería una grave irresponsabilidad política", han advertido, antes de concluir que "la vivienda no puede esperar, necesita acciones concretas".
Oxfam Intermón, por su parte, ha reclamado a las formaciones políticas y a todas las administraciones públicas que den continuidad a las medidas urgentes con reformas de fondo y de largo plazo que reduzcan el peso del alquiler sobre los ingresos de los hogares. Ha propuesto un sistema de renovaciones automáticas de los contratos que garantice alquileres estables a inquilinos y pequeños propietarios, así como movilizar viviendas existentes y ampliar el parque público y social.
García-Gil ha señalado que "la votación de hoy demuestra que la vivienda no puede seguir abordándose con una sucesión de medidas de emergencia" y que lo aprobado "da un respiro, pero no garantiza estabilidad a largo plazo". En su opinión, "una crisis estructural no se resuelve encadenando soluciones excepcionales".
El responsable de vivienda de Oxfam Intermón ha pedido a los partidos, en referencia a la huelga general y a las manifestaciones del 11 de noviembre, que conviertan esa movilización en garantías duraderas: "Los partidos deben escuchar el clamor social que se ha materializado ayer con la huelga general y con el desarrollo de las manifestaciones masivas en buena parte de nuestra geografía y convertirlo en garantías duraderas".
Estas propuestas forman parte de Que se note, la campaña con la que Oxfam Intermón reclama, ante las elecciones generales del 29 de noviembre, que la vivienda, los salarios, los cuidados y el reparto de la riqueza estén en el centro de las decisiones de la próxima legislatura.
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