La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha reclamado este 22 de junio incentivos fiscales y un mayor apoyo a la gestión forestal sostenible para reforzar la prevención de incendios forestales en España, donde los montes acumulan cada año cerca de 22 millones de toneladas de biomasa sin aprovechar, lo que incrementa el riesgo de fuegos de gran intensidad.

 

Montes sin gestionar

 

La organización ha defendido que los selvicultores constituyen la “primera línea de defensa” frente al fuego y ha pedido un cambio de enfoque en las políticas públicas de prevención. Según ha señalado en un comunicado, los incendios forestales no pueden abordarse únicamente desde la emergencia, sino desde la gestión continuada del territorio.

COSE ha recordado que España cuenta con más de 28 millones de hectáreas forestales, una superficie equivalente al 56% del territorio nacional. De ellas, alrededor del 72% son de titularidad privada, por lo que más de 20 millones de hectáreas dependen de la gestión directa de propietarios forestales.

La entidad considera que estos datos obligan a situar a los propietarios y gestores forestales en el centro de las políticas de prevención. A su juicio, la gestión activa de los montes es clave para reducir la acumulación de combustible, mejorar la resiliencia del territorio y limitar el avance de incendios cada vez más difíciles de controlar.

“Los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio”

Los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio”, ha afirmado la gerente de COSE, Patricia Gómez Agrela, quien ha defendido que la inversión más eficaz contra el fuego es la que se realiza antes de la emergencia.

Gómez Agrela ha sostenido que “la mejor inversión contra los incendios no es la que se realiza durante la emergencia, sino la que permite mantener montes activos, gestionados y económicamente viables”. En este sentido, la organización reclama medidas estables que permitan sostener la actividad forestal en el tiempo.

 

Biomasa acumulada

 

La confederación ha explicado que los bosques españoles generan anualmente unos 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal, aunque solo se aprovecha alrededor del 40% de ese crecimiento. Como consecuencia, millones de toneladas permanecen acumuladas en los montes.

Según COSE, esta falta de aprovechamiento se traduce en cerca de 22 millones de toneladas de biomasa que quedan cada año en el territorio, favorecen la continuidad del combustible y aumentan la vulnerabilidad frente a incendios de gran intensidad.

La entidad ha reconocido que España dispone de uno de los dispositivos de extinción más avanzados de Europa, pero ha advertido de que la capacidad de respuesta durante la emergencia no basta para afrontar el escenario actual. A su juicio, el problema se agrava por la combinación de varios factores estructurales.

Entre ellos, COSE ha citado las olas de calor, la acumulación de combustible, el abandono de usos tradicionales y la despoblación rural, elementos que están favoreciendo incendios de comportamiento extremo que pueden superar la capacidad de extinción.

En este contexto, la organización ha defendido que la prevención pasa por actuar directamente sobre el combustible forestal. Para ello, ha propuesto medidas como clareos, desbroces, tratamientos selvícolas, extracción de biomasa, recuperación de pastos, mantenimiento de infraestructuras forestales y creación de paisajes en mosaico.

No existe una política eficaz de prevención sin gestión forestal. Y no existe gestión forestal sin propietarios forestales activos”, ha subrayado COSE, que insiste en que los montes privados tienen un papel determinante en cualquier estrategia frente a los incendios.

 

Fiscalidad para prevenir

 

La organización ha destacado el papel de los propietarios forestales privados, que gestionan cerca de tres cuartas partes de los bosques españoles, según sus datos. Sin embargo, ha advertido de que la baja rentabilidad de la actividad forestal y la carga administrativa dificultan la movilización de recursos.

COSE sostiene que esos recursos podrían contribuir a prevenir incendios, generar actividad económica en zonas rurales y reforzar la autonomía energética mediante un mayor aprovechamiento de la biomasa forestal. Por ello, reclama una política fiscal que incentive la conservación y la prevención.

Según las estimaciones citadas por la confederación, movilizar un millón de toneladas adicionales de biomasa forestal al año permitiría generar alrededor de 1.600 millones de euros de inversión y crear entre 2.500 y 3.500 empleos directos e indirectos en zonas rurales.

La organización también ha señalado que ese aprovechamiento permitiría evitar la emisión de unas 580.000 toneladas de dióxido de carbono mediante la sustitución de combustibles fósiles. COSE vincula así la prevención de incendios con la generación de empleo, la gestión territorial y la reducción de emisiones.

Por todo ello, la confederación ha reclamado que la gestión forestal sostenible sea declarada actividad de interés general. Entre sus propuestas figuran el reconocimiento de la figura del selvicultor activo, la creación de un registro de explotaciones forestales y deducciones fiscales para inversiones en conservación y prevención de incendios.

 

Prevención de incendios

 

Necesitamos una fiscalidad forestal que premie a quien gestiona, conserva y previene”, ha señalado Gómez Agrela. La gerente de COSE ha advertido de que, en la situación actual, “resulta más fácil abandonar un monte que gestionarlo”, algo que considera contrario a las necesidades de España frente a los incendios forestales.

Entre esos beneficios, la organización ha citado la prevención de incendios, la biodiversidad, la captura de carbono, la regulación del agua y la conservación del paisaje

Asimismo, COSE ha defendido que estas medidas no persiguen un trato privilegiado para el sector, sino corregir una situación en la que los propietarios forestales asumen costes privados para generar beneficios públicos que hoy no son retribuidos de forma suficiente.

Entre esos beneficios, la organización ha citado la prevención de incendios, la biodiversidad, la captura de carbono, la regulación del agua y la conservación del paisaje. A su juicio, reconocer ese papel resulta imprescindible para mantener montes activos, reducir riesgos y reforzar la gestión sostenible del territorio.

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