La Comisión Europea ha iniciado este martes la revisión de las directivas europeas de aves y hábitats con el argumento de reforzar la competitividad y reducir cargas administrativas, una decisión que ha provocado preocupación entre organizaciones ecologistas, que consideran que Bruselas puede utilizar el proceso para flexibilizar normas ambientales clave de la Unión Europea. La evaluación afecta a las directivas que sustentan la red Natura 2000, principal instrumento europeo de protección de espacios naturales y biodiversidad.
Bruselas prioriza competitividad
La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública para evaluar si ambas directivas cumplen sus objetivos de conservación de manera eficaz y si existen procedimientos susceptibles de simplificación administrativa.
El proceso forma parte de la nueva agenda de competitividad europea, impulsada por Bruselas para reducir costes regulatorios y agilizar autorizaciones que afectan a administraciones y sectores económicos.
El Ejecutivo comunitario ha explicado que el análisis incluirá el impacto económico de la normativa y su aplicación práctica en los Estados miembros, además de posibles dificultades relacionadas con permisos ambientales, gestión de espacios protegidos y procedimientos administrativos.
Aunque la Comisión insiste en que la revisión no busca rebajar el nivel de protección ambiental, organizaciones conservacionistas consideran que Bruselas está asumiendo parte del discurso de grandes sectores empresariales que presentan la legislación ecológica como un obstáculo para la actividad económica.
Las directivas de aves y hábitats constituyen dos de las principales normas ambientales de la Unión Europea y sostienen jurídicamente la red Natura 2000, considerada la mayor red coordinada de espacios protegidos del mundo.
Ecologistas alertan del riesgo
Ecologistas en Acción advirtió de que el denominado “Stress Test” impulsado por la Comisión puede convertirse en una vía para justificar la desregulación ambiental en nombre de la competitividad.
La organización sostiene que la revisión se enmarca en una ofensiva europea que presenta la protección de la naturaleza como una carga burocrática que dificulta inversiones estratégicas y grandes proyectos industriales.
Según la entidad, esta narrativa beneficia especialmente a actividades relacionadas con la minería, centros de datos, infraestructuras energéticas y sectores industriales altamente contaminantes.
Ecologistas en Acción considera que modificar anexos, flexibilizar autorizaciones o reducir niveles de protección supondría el mayor retroceso ambiental desde la creación de la Unión Europea.
La organización también alerta de que el debate llega en un contexto de creciente crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad en el continente europeo.
Además, recuerda que los ecosistemas saludables aportan agua limpia, fertilidad de los suelos, polinización y protección frente a fenómenos extremos como inundaciones, sequías e incendios forestales.
La entidad subraya igualmente el valor económico de la naturaleza y señala que dos tercios del valor añadido bruto de la UE dependen de forma media o alta de los ecosistemas.
Más del 70% de las empresas de la eurozona dependen además de al menos un servicio ecosistémico, según los datos citados por la organización ecologista.
Natura 2000 bajo presión
La Comisión Europea asegura que el objetivo de la revisión es detectar posibles mejoras administrativas sin alterar los principios básicos de conservación establecidos por la legislación comunitaria.
Sin embargo, las organizaciones ambientales temen que la simplificación regulatoria termine facilitando proyectos de elevado impacto ecológico dentro o cerca de áreas protegidas.
Como parte del proceso, Bruselas publicó ya en marzo nuevas orientaciones sobre la aplicación de Natura 2000 y su relación con el cambio climático, después de haber presentado también en octubre directrices sobre actividades pesqueras en espacios protegidos.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 4 de agosto, y sus resultados servirán de base para la evaluación conjunta que la Comisión desarrollará con gobiernos nacionales y otros actores implicados.
Ecologistas en Acción reclama a las instituciones europeas y a los Estados miembros que refuercen la aplicación y financiación de las directivas en lugar de debilitarlas mediante reformas orientadas a reducir controles regulatorios.
La organización también ha pedido al Gobierno español que defienda claramente las Directivas de Aves y Hábitats durante el proceso impulsado por Bruselas.
En paralelo, el colectivo ha llamado a apoyar la campaña “Hands Off Nature”, que ya supera las 431.000 firmas en defensa de la normativa europea de protección ambiental.
El debate evidencia la creciente tensión dentro de la UE entre los objetivos climáticos y ambientales y las presiones de sectores económicos que exigen acelerar inversiones y flexibilizar exigencias regulatorias para impulsar la competitividad europea.
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