El documento aprobado en Bruselas, que entra ahora en una fase de negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas tan importante o más que la que acaba de finalizar a nivel comunitario, ha generado reacciones contrapuestas.
El triunfalismo del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que considera que ”se ha conseguido la práctica totalidad de las reivindicaciones de España”, contrasta con las posiciones de recelo y cautela de los principales sindicatos y asociaciones de agricultores y ganaderos y con el rechazo frontal de las organizaciones ecologistas.
Pagos por hectárea
Con la nueva PAC, que se lleva el 40% del presupuesto de la UE, “se pierde la oportunidad de defender a los pequeños agricultores como principales destinatarios de las ayudas, olvidando que son los que realmente generan empleo y mantienen el medio rural vivo”, aseguran desde Ecologistas en Acción (EA).
Según este colectivo, la reforma mantiene los pagos por hectárea, que benefician más a quienes poseen la tierra que a quienes la trabajan. Además, no establece topes para las subvenciones, lo que potencia la transferencia de fondos a las explotaciones más insostenibles y los grandes propietarios europeos de la tierra.
La UE otorga a España 35.705 millones en ayudas directas y 8.291 para desarrollo rural
“El acuerdo apuesta por y agrava una política que ha provocado que en los últimos 10 años desapareciera cerca del 30% del empleo agrario europeo”, señalan. “No apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija población en el medio rural, ni garantiza rentas dignas para agricultores, ni precios justos para los consumidores. Además, agrava la crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, deforestación, etc.) que provoca la agricultura industrial y prolonga las políticas internacionales que están causando hambre y desnutrición en muchos países del mundo”, opina EA.
Para Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), “a pesar que las grandes cifras no parecen negativas, aún queda tanto por decidir a nivel nacional que es pronto para saber cómo se repartirán las ayudas”.
Durante los próximos siete años, España dispondrá en total de 35.705 millones de ayudas directas, 8.291 millones para desarrollo rural y 3.000 millones para medidas de mercado.
Convergencia interna
“El principal problema español es el de la convergencia interna, que puede echar por tierra los esfuerzos de los sectores de mayor productividad y a los agricultores profesionales”, añade Ramos.
Aunque la normativa recientemente aprobada evita la temida tasa plana o ayuda homogénea para todos los agricultores de un mismo estado, recorta en un 30% las subvenciones a las explotaciones más productivas en aplicación de este criterio.
Hay 910.000 perceptores en el país, pero sólo cotizan 350.000 profesionales
Eso significa que, para 2019, ningún agricultor debería percibir menos de un 60% del pago medio de su región o país y que las pérdidas por agricultor están limitadas al 30%. La medida no se aplica a los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 euros anuales.
Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el 70% de los 407.000 preceptores que reciben en España menos de 1.250 euros son personas ajenas al sector agrario. Para su secretario, Miguel Blanco, la reforma “sigue siendo negativa para los intereses del campo”. “Es inaceptable”, añade, “que en España se beneficien de las ayudas de la PAC 910.000 perceptores, mientras los profesionales del campo que cotizan a la Seguridad Social Agraria sólo son 350.000”.
Aunque la nueva PAC destina hasta un 30% de los pagos directos a la agricultura ecológica ─el llamado pago verde o greening─, cultivos como el olivar, el viñedo, los cítricos, los frutos secos, los frutales o el arroz, con gran implantación en el territorio español, no tendrán que cumplir con requisitos ecológicos adicionales.
Pintada de verde
Para SEO/Birdlife y WWF España, el reglamento aprobado rebaja las expectativas ambientales y supone un claro retroceso en este aspecto. “Lo que se ha acordado es un sistema pintado de verde”, denuncian, “que mantiene en gran medida la injustificable situación actual” y que "ha fracasado a la hora de vincular los pagos directos a un paquete de prácticas simples y efectivas para conseguir mejoras ambientales en las zonas agrarias europeas".
Para estas entidades, no se advierte “voluntad política” para poner remedio a los graves problemas de "erosión, sobreexplotación, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad" que ponen en peligro la capacidad de producir alimentos. Asimismo, recuerdan que la reforma buscaba mejorar el apoyo a los sistemas agrarios de valor ambiental y social, que actualmente reciben ayudas marginales.
Desde Ecologistas en Acción denuncian también que la eliminación de medidas de control de los mercados y la propuesta de financiación de seguros privados favorecerá la volatilidad de los precios y la especulación financiera con alimentos.
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