Miles de conflictos ambientales tienen lugar por todo el Planeta, que se ve ahogado cada vez más por el aumento de la demanda de energía y recursos naturales. La contaminación del agua, la degradación de la tierra y la liberación de sustancias tóxicas peligrosas afectan sobre todo a las comunidades pobres y marginadas, que no tienen el poder político para acceder a la justicia y a la salud. Son, por tanto, los más desfavorecidos los que sufren de primera mano los impactos ambientales ocasionados por las antiguas y nuevas formas de extracción de recursos naturales lejos de la mirada de los consumidores finales.

Con el objetivo de hacer llegar esta cruda realidad a todos los terrícolas, un equipo internacional de expertos coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) han elaborado el Atlas de Justicia Ambiental.

Los expertos han documentado, de momento, más de 30 casos en España

“El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”, explica en una nota de prensa el catedrático de la UAB Joan Martínez Alier, director del proyecto EJOLT, en el que se enmarca esta iniciativa.

Al mismo tiempo que da visibilidad, la plataforma interactiva es un banco de conocimiento, ya que analiza más de 1.000 problemas de justicia ambiental. Con un solo clic el usuario puede obtener información sobre el caso: su descripción, los actores involucrados, la movilización, los resultados y las fuentes. Asimismo, los conflictos se pueden filtrar por tipo, por país, por compañía y por producto. Así, por ejemplo, da una visión global de los conflictos ocasionados por residuos tóxicos o la energía nuclear.

El mapa recoge de momento 35 casos documentados de conflictos ambientales en España. Entre los que destacan los enfrentamientos por los megaproyectos de infraestructuras como el aeropuerto de Ciudad Real, la línea eléctrica de alta tensión de Girona, la protección del lobo ibérico y la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

La importancia de la movilización

Una de las conclusiones importantes del proyecto es que la resistencia popular y los movimientos sociales de justicia ambiental son claves en la conservación del medio ambiente. “Sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento”, afirma Leah Temper, investigadora del ICTA-UAB y coordinadora del Atlas.

El proyecto está abierto a la participación de nuevas organizaciones e investigadores

El 17% de los casos que se encuentran en el mapa son éxitos de justicia ambiental. En cada descripción se detallan las organizaciones que luchan contra las grandes empresas que, según los expertos, “siguen disfrutando de impunidad generalizada mientras abusan contra los derechos humanos y ambientales”. El 80% de los hechos documentados implica una pérdida de medios de vida, devastación ambiental, represión política y persecución de activistas.

En España, por lo general, la población local afectada por los planes de las multinacionales que incluyen la destrucción del medioambiente reacciona a la defensiva. Si falla el movimiento local, otros grupos nacionales toman parte y denuncian a la empresa o a las acciones del gobierno. Como pasó, por ejemplo, en el caso del vertido de millones de toneladas de lodos, aguas y compuestos tóxicos al río Ebro de la química Ercros, situada en Flix (Tarragona). Por otra parte, los expertos denuncian que el Estado si decide actuar, lo hace con “retrasos y obstaculizando las medidas ambientales”.

El Atlas forma parte del proyecto europeo EJOLT financiado por la Unión Europea con 3,8 millones de euros, que engloba a 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países, además de colaboradores independientes. El plan lleva tres años en marcha y culminará en 2015. Para entonces, el objetivo es llegar a nuevas organizaciones de la sociedad civil e investigadores para ampliar la base de conocimientos y poder documentar el mayor número posible de conflictos ambientales.