La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) será la primera en cerrar en España desde el inicio de la producción de energía atómica en el país en 1970, que generó sus primeros kilovatios precisamente en esta instalación. La decisión del Gobierno, anunciada la semana pasada, es más un gesto simbólico que una decisión estratégica de política energética: la obsoleta central, que hubiera necesitado de millonarias reformas para volver a la actividad, dejó de fabricar electricidad en diciembre de 2012 –sin agotar el permiso que tenía hasta 2013– por decisión de la propia empresa y anteriormente apenas producía el 6% del total de la energía nuclear española.

Garoña dispone de un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric muy similar al de la central japonesa de Fukushima, que sufrió en 2011 el segundo accidente más grave de la historia de este tipo de instalaciones en el mundo. Y, pese a todo, podría haber sido autorizada a seguir operando durante una década, o incluso más, según aprobó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una decisión adoptada con cuatro votos de sus cinco miembros, si acometía unas costosas inversiones en materia de seguridad y mantenimiento –que las estimaciones de los técnicos de la empresa elevaban hasta los 200 millones de euros–.

La instalación estaba parada desde 2012 y sólo cubría el 0,5% de la demanda

En un contexto internacional desfavorable a la energía nuclear tras el desastre de Fukushima, cuando países como Alemania, Bélgica, Suecia o Suiza han emprendido el proceso para dejar de utilizarla, el anuncio del cierre de Garoña trata de atenuar las críticas internas –hay una mayoría parlamentaria y la mayor parte de la opinión pública en contra– en un momento en que el Gobierno quiere prolongar la vida útil del resto de centrales –hay otras cinco, con siete reactores en el país, y el de Vandellós I, en la costa sur de Tarragona, se clausuró tras un grave incendio en 1989– más allá de los cuarenta años para los que fueron diseñadas. En un primer paso en esta dirección, está concediendo a las empresas toda clase de facilidades administrativas para que puedan solicitar la prórroga hasta los 60 años de actividad o más.

Con Garoña se cierra solamente la central más pequeña, antigua –y peligrosa–, la que menos producía y que, además, en palabras del mismo Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, “no es viable económicamente”. Además, matando aún otro pájaro con el mismo tiro, se complace al PNV –cuyo apoyo le resultó vital al PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado–, que pedía no tener una nuclear obsoleta operando a las puertas del País Vasco.

Facilidades burocráticas

Atendiendo a una petición de las eléctricas, el Gobierno –a través del Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo de perfil más político que técnico– aprobó en mayo in extremis una modificación urgente de la normativa que regula la solicitud de prórrogas para las centrales nucleares, justo cuando estaba a punto de expirar el plazo para que la de Almaraz (Cáceres), gestionada por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, pudiera presentar la petición de alargar su vida más allá de 2020. El mismo se cumplía el 8 de junio, pero ahora la empresa tendrá casi dos años más para hacerlo. El 21 de julio se le acababa también el tiempo a la empresa de Vandellós (Tarragona).

Otra decisión adoptada el mismo día por el CSN fue la de que los titulares de las nucleares puedan remitirle la documentación técnica y de seguridad sobre la posible renovación de las centrales independientemente de la solicitud de renovación. Así, los técnicos del CSN podrían llevar a cabo complejas y costosas verificaciones que al final podrían resultar innecesarias si las empresas deciden cerrarlas. Ambas decisiones se tomaron por el habitual resultado de cuatro votos a uno, los de los cuatro consejeros designados a propuesta del PP, con sólo la representante del PSOE Cristina Narbona oponiéndose a lo aprobado.

Las eléctricas exigen una fuerte rebaja de impuestos para pedir las prórrogas

La centrales nucleares generaron en 2016 el 21,38% del total de la energía consumida en España, según datos de Red Eléctrica de España, algo más de un punto porcentual por encima de de lo que supusieron sobre el total en 2015, lo que las convirtió en la principal fuente de energía. "España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente, debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, consecuencia de muchos titulares que buscan las emociones de las personas", afirmaba en abril el nuevo presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, semanas después de tomar posesión del cargo.

Sin embargo, los planes del Gobierno de Mariano Rajoy de alargar la vida de las nucleares no solamente encuentran obstáculos en la oposición parlamentaria, los grupos ecologistas y el sentir mayoritario de la opinión pública: las mismas empresas, conscientes de su rol estratégico para la economía, le aprietan las tuercas al Ejecutivo y reclaman sustanciosas reducciones de impuestos para acceder a prorrogar la explotación. El actual sistema impositivo, afirma el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, “se come entre un 40% y un 50% de los ingresos” de las plantas, lo que “nos parece una barbaridad y creemos que hay que modificarlo”.

Según las empresas, principalmente Endesa e Iberdola, que dominan el sector nuclear en España, si no se reduce la carga fiscal sobre las centrales no les resultará rentable acometer las imprescindibles obras de mejora en las mismas para que funcionen más allá de las cuatro décadas, lo que llevaría inexorablemente al apagón nuclear a partir de la próxima década. Algo que según los defensores de la energía nuclear podría encarecer hasta un 25% las facturas de los consumidores.

“Prolongar la vida de las centrales carece completamente de sentido. Ampliarla 20 o 30 años más implica aumentar de una manera tremenda, más del 50%, los residuos que ya tenemos y con los que estamos teniendo dificultades de gestión”, advierte el ex presidente de Red Eléctrica de España, Jorge Fabra. Y, en este sentido, otro problema radioactivo que se halla sobre la mesa del gabinete del PP es el litigio sobre el almacén temporal centralizado (ATC), que debe acoger provisionalmente, en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) todos los residuos da alta actividad de las centrales, una polémica infraestructura que se convertirá todavía en más necesaria cuando a medio plazo tengan que gestionarse los residuos procedentes del desmantelamiento de Garoña (y tal vez de alguna otra).

El Gobierno del Partido Popular mantiene pues su apuesta por desincentivar las energías renovables y su apoyo decidido a los oligopolios eléctricos y el sector nuclear, aunque si trata de legislar un nuevo marco fiscal para el sector puede encontrarse en un apuro en el Congreso de los Diputados, donde carece de mayoría (con PSOE y Podemos en contra de alargar la vida de las centrales y Ciudadanos sin definir una postura clara al respecto). Rajoy se encuentra atrapado en un laberinto atómico.